Santa Fe: piden el desafuero de un senador por vínculos con el juego ilegal

Santa Fe vive un tembladeral político sin antecedentes en la vida democrática de la provincia. El asesinato de un hombre inocente en una balacera contra el Casino de Rosario efectuada a principios de año por orden de miembros de la banda Los Monos derivó en una investigación que fue a fondo sobre los eslabones más protegidos de organizaciones criminales y terminó destapando un escándalo que toca a estratos de la política y la Justicia. El expediente tiene más de 20 imputados y 15 detenidos, y podría terminar en breve con un actor de mucho peso en la rosca vernácula desaforado y tras las rejas por un negocio que mueve más de 2 mil millones de pesos mensuales.

Si bien las complicidades políticas y judiciales son desde hace años un secreto a voces sin respaldo probatorio en la realidad santafesina, nunca hasta ahora se había avanzado más allá de la participación de las fuerzas de seguridad, aún cuando han caído quienes formaron parte de las cúpulas. El salto llegó a involucrar a funcionarios judiciales de alto rango como el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, ambos por cobrar jugosas coimas en dólares a empresarios del juego clandestino como Leonardo Peiti, también terminó salpicando a otros estratos que nunca rindieron cuentas por el origen de los dineros que financian las campañas.

Desde que fue detenido, en agosto, Serjal mantuvo silencio. Pero Ponce Asahad, sintiendo que le soltaban la mano, encendió el ventilador y no dejó títere con cabeza. Si bien no acusó delitos contra ellos, en su relato mencionó a dirigentes políticos (como la vicegobernadora Alejandra Rodenas), otros miembros de la Justicia (el juez federal Carlos Vera Barros), y un alto jefe policial del socialismo (Daniel Corbellini). Pero apuntó especialmente contra el jefe del bloque de senadores del PJ Armando Traferri, a quien señaló como el destinatario final de dineros provenientes de los sobornos que Peiti pagaba para poder regentear sin intromisiones sus casinos ilegales en ciudades como Rosario y Rafaela.

Enemigos íntimos

Es inevitable subrayar que, a pesar de compartir el armado de la candidatura y el mismo color político, la relación de Traferri con el gobierno de Omar Perotti es como mínimo tirante. El sanlorencino se paró desde el principio como un opositor interno, dispuesto a cobrarle peaje al Ejecutivo por cada ley que pasara por el Senado, donde el justicialismo es mayoría, y a jugar con el Frente Progresista de Miguel Lifschitz si era necesario. Así lo hizo para obturar proyectos o para sacar normas inconvenientes, como el presupuesto 2020 que encorsetaba las cuentas públicas o dos leyes destinadas a limitar al ministro de Seguridad Marcelo Saín, que Perotti tuvo que vetar hace algunos días.

El senador señalado ahora por presuntos vínculos espurios siempre se sintió más cómodo con las gestiones socialistas, que le otorgaron a los miembros de la Cámara alta santafesina fondos discrecionales millonarios con raquíticos controles. Se trata de una caja de más de 200 mil millones de pesos que los convirtió en los departamentos del interior santafesino -no así en Rosario y La Capital, donde son actores menores- en figuras más importantes que los intendentes por su capacidad de negociar fondos y obras con la Gobernación central a cambio de la aprobación de endeudamientos, como reconoció el mismo senador hace poco.

Hubo un intento en 2017 de investigar estos desmanejos, pero la Legislatura se inventó una intimidatoria atribución para controlar a los fiscales y todo quedó en la nada. Otras, como la que quiso echar luz sobre irregularidades con el reparto y cobro de horas extras policiales, que apuntaban al ex ministro de Seguridad de Lifschitz, Maximiliano Pullaro, y los "Corral Papers" que señalaban al ex intendente de Santa Fe José Corral (hoy en Juntos por el Cambio) por financiar punteros territoriales con dineros destinados a asociaciones civiles, terminaron con los fiscales desplazados. Esta vez los investigadores parecen tener respaldo para llegar hasta el fondo. Y el resultado fue sorpresivo.

Con la investigación que lleva adelante ahora la Agencia de Criminalidad Organizada, esos pactos entre sectores del socialismo, radicalismo y peronismo para no permitir que avance ninguna pesquisa que osara objetar al poder político parecen comenzar a resquebrajarse. La estrategia de Traferri es aprovechar el contexto para jugar la carta de perseguido político. Esta semana, armó una conferencia de prensa en la que se peleó con los periodistas, y dijo que el ministro de Seguridad usa la Justicia para armar "carpetazos" y hacer tareas de inteligencia, pero no apuntó contra Perotti. "Así el peronismo no tiene destino", dijo anticipando una ruptura de cara a las elecciones 2021.

Voluminoso expediente

Pero quienes llevan adelante la investigación dicen que el material probatorio contra Traferri es robusto y de gran peso, y excede la  declaración de Ponce Asahad. "Sabemos la trascendencia que tiene una imputación de este tipo y no hubiéramos cometido la irresponsabilidad de avanzar si no tuviéramos elementos suficientes", dijo a El Destape el fiscal Matías Edery. La Agencia considera que el senador es uno de los organizadores de una red de juego clandestino con cobertura judicial. La evidencia incluye pericias sobre teléfonos celulares, cruce de llamadas, listas de llamadas entrantes y salientes, testimonios, actas de procedimientos y allanamientos.

Con este bagaje, los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra ingresaron este martes un pedido al Senado para que retiren los fueros de Traferri y así pueda ser indagado por los delitos que se le imputarán. El viernes, el legislador se entrevistó con ambos junto a su abogado para anoticiarse de la prueba recolectada contra él, pero se negó a renunciar a su inmunidad parlamentaria. "Nosotros entendemos que lo que dice el Código Procesal Penal es que para poder imputarlo debe ser desaforado. Si los senadores no nos dejan avanzar, tenemos la opción de solicitar a un juez que revise si esta regulación legal avanza sobre la Constitución, para permitirnos hacerlo", explicó el fiscal. 

Los coletazos políticos llegaron rápido: el bloque de 12 senadores justicialistas se partió en tres, y los cuatro más leales a Perotti hicieron rancho aparte. Otros dos también abandonaron a Traferri, pero el desafuero requiere de una mayoría especial de dos tercios de los 19, que se completan con 7 del Frente Progresista. ¿Votarán los legisladores de manera corporativa para proteger a uno de los suyos o abrirán camino al proceso judicial para poner blanco sobre negro? Edery y Schappa Pietra pidieron concurrir al Senado para mostrar a los legisladores en persona la prueba recolectada en el expediente. "Sería útil que nos escuchen por la salud de la democracia", sostuvo Edery.

Cuando en diciembre de 2019, al asumir, Perotti dijo en su discurso que iría contra las complicidades políticas y judiciales que habían establecido un "pacto de gobernabilidad" con el delito, nadie pensó que el primer apuntado sería un legislador justamente del peronismo. A un año de arrancar una gestión gris, con pocos logros y muchas dudas, el gobernador podría anotarse una victoria al mostrar que bajo su mando, y aun asumiendo la división de poderes, se desarmó una red de estas características: "Si le sale bien este quilombo, se lleva puesto a todos. Imagínate en un escenario donde terminan preso un senador y un par de fiscales. Es noticia nacional", comentó a El Destape un dirigente peronista en estricto off, como habla por estos días toda la plana política. Perotti podría ser visto como el gran saneador. Y salvar los trapos. Si le sale mal, habrá terminado con la unidad que lo llevó al poder, y deberá soportar una lucha intestina que lo podría fagocitar