La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello volvió a incumplir una orden judicial y dejó, otra vez, a comedores y merenderos sin alimentos. Ante este cuadro de situación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que haga cumplir una resolución que obliga a la cúpula del Ministerio de Capital Humano a entregar comida. También pidió que se investigue a Pettovello por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El CELS denunció en el juzgado a cargo del magistrado Walter Lara Correa “el fraude procesal en el que está incurriendo el Ministerio de Capital Humano” ya que una vez más comete el “incumplimiento de la medida cautelar y la sentencia de fondo dictada en esta causa”. La referencia es al caso “comedores” en el que se determinó que el gobierno de Javier Milei debe garantizar a centenares de comedores el acceso a programas alimenticios que había interrumpido apenas asumió, en diciembre del año pasado, y en medio de una crisis económica y social.
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“Solicitamos se ordene al demandado que en el plazo perentorio de 48 hs. incorpore de forma efectiva a los comedores y merenderos de la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros en el ‘Programa Alimentar’, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias”, reclamó el CELS en sede judicial. Se trata de comedores a los que se les suspendió la entrega de comida en diciembre del año pasado.
A su vez, el organismo de DDHH requirió a la justicia que sancione a Pettovello. Considera que en el accionar del ministerio que conduce hay “temeridad y malicia". Concretamente, reclamó “se impongan las sanciones disciplinarias correspondientes a la demandada y a su apoderado y se remita copia certificada del presente expediente al Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 7”. En ese juzgado, que está a cargo del magistrado Sebastián Casanello, tramita la causa penal contra Pettovello que impulsa el dirigente social Juan Grabois por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escrito del CELS se da porque el gobierno de Mieli, a través de la ministra Pettovello, está poniendo nuevas excusas para no cumplir la cautelar del 12 de octubre que dictó Lara Correa y obliga a restablecer programas alimenticios para más de 60 comedores vinculados a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros. Por ejemplo, la cartera de Capital Humano presentó un escrito el pasado 13 de noviembre, tras la cautelar, en el que dice que entregará los alimentos luego de que un inspector concurra al establecimiento para validar su legitimidad para recibir la comida cuando esto ya se realizó. Es claramente una maniobra dilatoria. Porque están exigiendo la validación del comedor por otro auditor. Eso no es todo. Tras el fallo judicial, en Capital Humano también plantearon que quienes reclaman los alimentos deben presentar documentación que ya fue presentada y que el mismo Estado ya reconoció que se entregó.
El CELS se dirigió a la Justicia para que haga cumplir la cautelar y esta nueva dilación del ministerio de Capital Humano tenga algún tipo de consecuencia penal para quienes comandan la cartera.
De acuerdo al organismo de DDHH, la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias envió una nota el 13 de noviembre pasado en la que “desconoce no solamente la vigencia de la medida cautelar, sino todo lo manifestado por el mismo Ministerio de Capital Humano a lo largo de este expediente e inventa –porque lisa y llanamente hace eso– requisitos especiales que seguramente son consecuencia de la presencia de dicha asociación civil como querellante en el marco de la causa” penal.
En esa nota del 13 de noviembre, la mentada dirección dependiente de Capital Humano afirmó: “Con respecto a los sesenta y seis (66) comedores restantes, se hace saber que a fin de dar cumplimiento con el recaudo del relevamiento en territorio del Programa Alimentar, aquellos espacios serán visitados para evaluar su posible inclusión según los lineamientos de dicho programa, oportunidad en la cual se les exigirá a dichos efectos la documentación legal respaldatoria correspondiente, la cual se detalla a continuación”. El CELS señala en sede judicial que con esas exigencias desde el gobierno “buscan justificar los motivos por los cuales no se le ha dado curso al cumplimiento de la medida cautelar impuesta por este honorable juzgado”.
En ese sentido, desde el CELS resaltan que "no surge de ninguna de las normas vigentes, la necesidad de volver a realizar una visita en territorio a los fines de efectivamente incluir el comedor o merendero dentro del Programa, ya que dicha función está evidentemente cumplida por el procedimiento de validación previsto” al inicio del proceso de registro. Es más, desde el organismo de DDHH agregan que “existen al menos 66 comedores que se encuentran ya validados, cuyas fechas de visita se sucedieron en su gran mayoría durante el mes de mayo del corriente año, y en algunos casos en los meses posteriores (todas identificadas en la columna ‘I’), por lo cual surge que ya fueron certificados territorialmente, encontrándose cumplido el recaudo de la validación, en función de lo cual no habría impedimento para su incorporación al Programa en cuestión”. Esto expone la maniobra dilatoria del Pettovello tras un fallo judicial adverso.
Como si esto fuera poco, en pos de seguir retrasando la entrega de comida, desde el gobierno reclaman documentación que fue entregada: “Resulta profundamente indignante que el Ministerio de Capital Humano en la nota en cuestión enumera la documentación requerida para organizaciones de la sociedad civil (…) desconociendo lo manifestado por esta parte el pasado 1 de noviembre y es que dicha documentación ya fue remitida al Ministerio de Capital Humano”. Fue entregada el 11 de julio y el 18 de septiembre de este año. En su reciente escrito, el CELS destaca que “no hemos recibido devolución ni respuesta alguna, a raíz de lo cual el día 30 de octubre de 2024 se consultó nuevamente por el estado de los trámites, sin obtener respuesta hasta el momento. Tampoco contamos hasta el momento con número de expediente administrativo si es que existe alguno”, agrega.
El 12 de julio, el juez Lara Correa dictó una medida cautelar por la que ordenó al ministerio de Capital Humano que no innove respecto de los planes y programas existentes para garantizar la política alimentaria. Y el 1 de noviembre resolvió la cuestión de fondo del amparo colectivo que iniciaron el CELS y la UTEP en la que reafirmó el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a los comedores y espacios comunitarios de la Argentina.
Lara Correa sostuvo entonces que la continuidad de las políticas alimentarias no son un “privilegio para sus destinatarios/as” sino “una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nacional no incurra en responsabilidad internacional”. Entre otras cuestiones, dispuso que los trámites que habían iniciado las asociaciones para seguir recibiendo los alimentos “deberán ser resueltos”.
En su escrito, el CELS resalta que “se pudo observar que el MCH no resuelve los trámites administrativos de 2023, aunque las entidades presentan toda la documentación solicitada, responden a las observaciones formuladas y cumplen los requisitos procedimentales previstos. De este modo, transcurren meses en los cuales se suspende de hecho la política alimentaria, ya que al no concluir los procedimientos previos, por responsabilidad del propio demandado, no se realizan las renovaciones de los convenios anteriormente vigentes ni se permite la incorporación en el Programa ‘Alimentar Comunidad’”.
Por todo esto, el escrito del CELS concluye con un petitorio para que el juez ordene:
- Al ministerio de Capital Humano “que en el plazo perentorio de 48 hs. adopte las medidas administrativas necesarias para proceder a la incorporación de los Comedores y Merenderos a través de la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros en el Programa Alimentar Comunidad en las condiciones de su vigencia y se haga entrega efectiva de las Tarjetas virtuales sin más demoras, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias en cabeza de la titular del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la Sra. Sandra Pettovello”.
- Sanciones “por temeridad y malicia a la demandada y al apoderado del Ministerio de Capital Humano”.
- El envío del expediente al juzgado de Casanello donde se investiga a Pettovello por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
¿La Justicia hará lugar al planteo del CELS o dejará que Pettovello siga evadiendo órdenes judiciales y profundizando el hambre de sectores populares en medio de una aguda crisis económica y social?
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