El 23 de agosto, el gobierno nacional promulgó por medio del decreto reglamentario 749/2024 el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), en el cual se pone en ejecución el programa que había sido previamente promulgado por el Poder Legislativo en el marco de la Ley Bases y el paquete fiscal. Se trata de un régimen excepcional para inversiones extranjeras en ciertas áreas específicas, especialmente la exploración y el transporte de hidrocarburos, en particular para el estímulo de las inversiones en los yacimientos de Vaca Muerta, la provincia de Neuquén.
Al mismo tiempo y en paralelo al trámite legislativo de este régimen se produjo una suerte de competencia informal entre la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Río Negro, a fin de conseguir la radicación de una gran inversión para la construcción de puerto de aguas profundas, dotado de una planta de licuefacción de gas natural y la infraestructura portuaria para que atraquen barcos de transporte de gas natural licuado. En esa situación la Provincia de Río negro fue la primera provincia en adherir al RIGI, e incluso en ofrecer beneficios fiscales y financieros adicionales en el caso de la radicación de dicha inversión en esa provincia. Al final, fue esta provinciala que logró que el directorio de YPF y de la empresa malaya Petronas, decidieran construir dicho emplazamiento industrial en Punta Colorada, en la Provincia de Río Negro. En su momento, la información periodística llegó a estimar que la inversión en el complejo portuario llegaría a un monto de 30.000 millones de dólares, con un objetivo de máxima de producción, al final de toda la inversión, de 30 millones de toneladas métricas (MTPA) de gas natural licuado.
Sin embargo, una reciente noticia puso un manto de duda sobre la continuidad de ese plan, al señalar que las autoridades de la empresa malaya Petronas estarían retirándose de dicho proyecto de inversión. Si bien ambas empresas habían firmado en el año 2.022, un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto, para la prospección, explotación, y puesta en el mercado internacional de gas natural licuado, con la infraestructura para su transporte y procesamiento, ese acuerdo de estudio del desarrollo, solamente obligaba a los estudios de factibilidad y a un plan progresivo de inversiones, y no necesariamente imponía la inversión en el complejo portuario necesario para dicho circuito comercial.
Ante esa noticia, tanto el presidente de YPF, Horacio Marín, como el gobernador de la provincia de Río negro, Alberto Weretilneck, salieron rápidamente a hacer declaraciones, poniendo paños fríos sobre la posibilidad de que el proyecto general se cayera, afirmando tanto que la empresa podía afrontar ese proyecto de inversión con sus propios flujos financieros como que se podrían incorporar nuevos actores que reemplazarán al gigante malayo Petronas.
Todos los estudios y proyectos señala que la plena explotación de los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta, podrían tener un impacto importante en el comercio exterior argentino, reemplazando totalmente la importación de energía, y además haciendo de la Argentina un exportador neto de gas natural licuado, que es un combustible que tiene una demanda creciente en la matriz energética de un planeta preocupado por el efecto invernadero y el calentamiento global, que involucra el uso de automóviles con motores endotérmicos, y el empleo de carbón en plantas energéticas. Y en ese sentido, con independencia de la comunicación que hizo en su momento YPF, otros grupos productores de petróleo en Argentina están también interesadas en esa cuestión. Así la empresa Pan American Energy comunicó un acuerdo con la empresa noruega Golar LNG para la instalación de una planta flotante de licuefacción que permitiría exportar hasta 2,5 millones de toneladas métricas (MTPA) de gas natural licuado, a partir del año 2.027.
Pero la cuestión acá no es la cuestión de la factibilidad, o el no del proceso de transformación de la Argentina en exportador neto de gas natural licuado, sino el número mágico excesivo de 30,000 millones de dólares. Una inversión que desde hace mucho tiempo la República Argentina no ha recibido, y qué pensada en escala de la capacidad argentina de inversión, es una cifra muy llamativa e importante. Y aquí surge la cuestión de que si realmente ha existido esa cifra comprometida por escrito y documentada de inversión de la empresa Petronas. Porque es significativo que la comunicación sobre ese monto de inversión fuera acompañando el proceso de legislativo de aprobación de la ley bases y el régimen fiscal.
Es decir, parece que estaríamos no ante un proceso de replanteo de inversiones, sino ante un empleo de la comunicación económica financiera sesgada para instalar la idea de que, con ese régimen de inversiones, se produciría una suerte de catarata de fondos deseosos de invertir en la Argentina. Y como todos sabemos que las inversiones tienen efecto multiplicador en los territorios en los que se aplican y en las cuentas nacionales, dada la transformación de la base imponible, las declaraciones y promesas de grandes inversiones generan grandes adhesiones, y no sería antojadizo pensar que el gobierno manejó la comunicación de la inversión de ese monto, de magnitud faraónica, como un incentivo para que los legisladores aprobaran el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), sin el cual, y dadas las condiciones financieras y macroeconómicas de la Argentina parecería que ninguna inversión interesante llegaría a este país.
Todos los grandes actores del mercado mundial de los combustibles hacen estudios de factibilidad en diversas naciones, y esto no significa que se concreten las inversiones examinadas, ya que es precisamente la exploración y dichos estudios los que llevan a las empresas a que decidan hacer o no una inversión.
Es absolutamente factible que la empresa malaya Petronas haya invertido o esté invirtiendo en estudios de factibilidad acerca de su conveniencia o no de ingresar en el mercado argentino exportador de gas natural licuado, pero de esto no se sigue que vaya a haber una inversión garantizada de tal magnitud como la previamente comunicada.
Lo que parece más bien es que el número mágico de 30.000 millones de dólares fue una inteligente campaña de información sesgada y a medias luces, con el objetivo de mostrar la maravillosa transformación que el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) pudiera lograr, ya que abriría las puertas del maná del cielo. En cuyo caso estaremos ante una inversión fantasmagórica e imaginaria cuyo único fin habría sido un incentivo publicitario en vista de influenciar directamente el humor del mercado financiero internacional.
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