Luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner se multiplicaron las causas en que se investiga a la violenta agrupación Revolución Federal. El Destape contabilizó al menos siete procesos judiciales en que están involucrados integrantes de esa organización. ¿La razón? Los agresivos escraches que realizan y tomaron otra dimensión a partir del ataque del 1 de septiembre que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. En sede judicial se analiza la financiación del grupo, las amenazas de muerte que profirieron a diversos dirigentes y periodistas y si tuvo alguna relación con la agresión a CFK.
De los al menos los siete procesos que involucran a referentes de Revolución Federal, cinco tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py y podrían llegar a acumularse. Es que no faltan quienes creen que la dispersión de causas atenta contra una investigación precisa. El punto central que deberá definir la Justicia próximamente es si investiga los escraches por separado o todos juntos. Y si esa pesquisa tiene o no puntos de contacto fuertes con el caso del atentado a CFK.
Los al menos 7 casos que reconstruyó este medio son los siguientes:
1) Denuncia contra Revolución Federal por diversas manifestaciones de odio, ataques y amenazas
Este expediente se inició por una denuncia que recibió el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde una persona alertó sobre las manifestaciones violentas y de odio y las amenazas que había en las redes sociales de Revolución Federal. La Policía Federal investigó el tema y se centró tanto en Revolución Federal como en uno de sus cofundadores: Leonardo Sosa. El caso lo investigan el juez Marcelo Martínez de Giorgi –en la actualidad se tomó unos días de licencia- y el fiscal Gerardo Pollicita que tiene delegada la causa, que avanza con diversas medidas de prueba en un estricto secreto de sumario.
En este caso se mencionan diversos actos violentos de esta agrupación: el ataque a golpes de Gastón Guerra, de Nación de Despojados, al auto con el que Sergio Massa ingresaba a la Casa Rosada el día de su asunción en Economía; las consignas “Al kirchnerismo, cárcel o bala” de Revolución Federal en las marchas como la del 18A en la que participó Brenda Uliarte; la detención de Leonardo Sosa con una bomba molotov en las inmediaciones del departamento de CFK el 23 de agosto pasado; y los audios que aportó la AFI de una conversación pública en las redes sociales del 26 de agosto donde Jonathan Morel, otro de los referentes de Revolución Federal, explicita el plan para matar a CFK que como un calco terminó ejecutando Fernando Sabag Montiel 6 días después.
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Ante el avance de la causa del atentado contra CFK, el juez Martínez De Giorgi le consultó a su par Capuchetti si estaba investigando a Revolución Federal como parte de la organización delictiva que intentó el magnicidio. La respuesta fue negativa, pero la jueza le envió el informe de la AFI con la conversación pública de Morel en la que hablaba de asesinar a CFK pero también al presidente Alberto Fernández y a Máximo Kirchner –deseo que también figura en chats de los detenidos y procesados que tiene la causa por el intento de magnicidio-.
En el expediente que comanda la dupla Martínez de Giorgi-Pollicita consta lo que reveló El Destape: que Brenda Uliarte, detenida por planificar y ejecutar el atentado contra Cristina, participó de al menos una marcha de Revolución Federal: la del 18 de agosto pasado que tuvo como blanco la Casa Rosada. Uliarte posteó fotos en Instagram desde las puertas de Casa de Gobierno. Revolución Federal había convocado allí bajo el lema 18A “Van a correr todos”. El evento, al que concurrieron con antorchas, terminó con incidentes sin que interviniera la Policía de la Ciudad.
En uno de sus dictámenes, Pollicita destacó que Uliarte posee “la misma afinidad ideología política y social que detentan los miembros de Revolución Federal y que apoya al movimiento”. Y consideró que los expedientes debían tramitar de manera conjunta: “No podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda ULIARTE, su auxilio, cooperación o financiación”, escribió. Martínez Di Giorgi compartió todos los argumentos del fiscal. Dijo que la denuncia contra Revolución Federal está “estrechamente” vinculada a la investigación por el intento de magnicidio contra CFK, que “era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación” por parte de este grupo que lideran Moral y Sosa, y que “resulta imprescindible no escindir los hechos” del intento de asesinato y las actividades violentas de Revolución Federal.
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Pero Capcuhetti rechazó esa postura. El conflicto de competencia se dirimió en la Cámara Federal porteña donde el presidente del tribunal, el camarista Mariano Llorens –el arquero del equipo de jueces y fiscales Liverpool que visitó a Macri en la Quinta de Olivos- consideró que las causas por ahora deben seguir investigándose de forma separada. Hasta que no surjan más vínculos entre Revolución Federal y los “copitos” los casos tramitarán por carriles paralelos, en distintos juzgados.
Entre el material que forma parte de la investigación que hace foco en Revolución Federal se destaca un informe confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a un movimiento de dinero sospechoso en favor de Jonathan Morel, el cofundador de la organización violenta. Se trata de una transferencia por 1.760.000 pesos de un fideicomiso que estaría vinculado a la familia Caputo.
Morel tiene una carpintería en Boulogne, partido de San Isidro, y aprendió el oficio por YouTube tal como surge de una entrevista. Según le dijo a la periodista Luciana Bertoia de Pagina12, hizo trabajos de carpintería en un hotel en Neuquén y le facturó ese monto de dinero a un fideicomiso vinculado a la familia Caputo. El cofundador de Revolución Federal le dijo a ese diario haber intercambiado correos con Caputo Hermanos, una firma relacionada a los hermanos del exministro de Finanzas de Macri, Luis “Toto” Caputo.
Sosa y Guerra estuvieron en el piso de arriba de lo de Cristina el 28 de agosto, cuatro días antes del atentado. Según su defensa, habían ido a buscar unos documentos a lo de su abogada Gladys Egui quien justo está viviendo hace unos meses en lo de la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto.
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2) Amenazas a Víctor Hugo y a C5N
Esta causa, que también tramita ante el juzgado de Martínez de Giorgi y la fiscalía de Pollicita, se inició el 22 de septiembre pasado cuando Carlos Alberto Madeo, presidente de la empresa titular de la señal C5N. Madeo es patrocinado por José Manuel Ubeira –el mismo letrado que representa a CFK- y denunció a Jonathan Morel de Revolución Federal por amenazas, incitar a la violencia colectiva y por pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza.
En la causa consta que el 19 de agosto pasado, al día siguiente de la marcha de las antorchas en la que estuvo Brenda Uliarte, en el marco de una transmisión en la red social Twitter, titulada “No llegan a Diciembre” -a través de la función “Space”-, Morel ataca al periodista Víctor Hugo Morales y a C5N: “[La gente]… está harta de comer polenta… viejo pelotudo. Está harta de escuchar a personas como vos… por favor. ¡Prendería fuego C5N! Y agradece que somos sesenta, ¡si somos doscientos… pero desaparecen! ¡Uno por uno desaparecen!’”. Morel a lo largo de esa transmisión lo que hizo fue intervenir desde la red social sobre lo que estaba diciendo en vivo el periodista por la señal de cable.
En su presentación, Madeo señala que el hecho denunciado “forma parte de una sucesión de actos con determinado sentido y contenido político” y que “Morel forma parte y es el organizador de una agrupación que por medio de la fuerza está combatiendo las ideas del gobierno nacional; que públicamente está incitando a la violencia colectiva contra un grupo determinado de personas; y también que amenazó con prender fuego un canal de televisión, con hacer desaparecer físicamente a sus empleados, y con golpear hasta desfigurar a uno de sus periodistas más conocidos”.
En ese orden, el 27 de septiembre pasado el juez dispuso a Morel “la prohibición de acercamiento y de mantener todo tipo de contacto respecto de los estudios del canal de televisión C5N, de sus móviles, del periodista Víctor Hugo Morales y demás trabajadores de ese medio, por el término de 30 días a partir de su notificación”.
Como el caso podría tener una conexidad subjetiva con otra causa que tramita ante el juzgado federal 7 que comanda Sebastián Casanello se ordenó “una amplia certificación del objeto procesal y estado actual de dicho expediente”. ¿Qué investiga Casanello? Amenazas de muerte de Jonathan Morel a Victoria Donda.
3) Amenaza de muerte a Victoria Donda, presidenta del INADI
Victoria Donda, presidenta del INADI, también denunció a Jonathan Morel, cofundador de Revolución Federal, por el delito de “amenazas y apología del delito”. El caso lo investigan el juez Sebastián Casanello y la fiscal Alejandra Mangano, quienes dispusieron la custodia tanto de la funcionaria como de su hija, que también fue blanco de este grupo violento.
Según explicó Donda a El Destape, la historia se remonta al 25 de agosto pasado cuando en la puerta de la Quinta de Olivos, Morel declara ante una cámara propia y luego sube a redes una amenaza de muerte directa hacia la funcionaria: “Me dijo que voy a tener el mismo destino que mis padres y que me van a mandar el timbre de San Pedro”. Victoria Donda es hija de desaparecidos. Nació en 1977 en la ESMA, el centro clandestino de detención que administraba la Armada.
Previo a la amenaza, Donda recuerda que también hubo escraches de Revolución Federal al INADI. También los hubo post intento de asesinato de CFK: “Después del intento de magnicidio hay una nueva convocatoria a escrachar al INADI. Avisé a Policía Federal porque fue después del intento de asesinato de Cristina Kirchner. El mismo día que convocan a escrachar envían un mensaje a una de las páginas del INADI diciendo que conocen mis movimientos y dan a entender que saben cuál es la escuela a la que va mi hija”, explicó la presidenta del INADI a El Destape.
Donda ya ratificó su denuncia y el juez Casanello ordenó la protección domiciliaria de la funcionaria y la escuela a la que concurre su hija.
4) Detención de Sosa en las inmediaciones de lo de CFK, con una molotov
El 23 de agosto, Leonardo Sosa, cofundador de Revolución Federal, fue detenido por agredir a la Policía en una manifestación contra CFK en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta. Esa movilización se dio inmediatamente después del alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad en el que pidió una pena de 12 años de prisión para CFK y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cuando detuvieron a Sosa, 9 días antes del atentado contra Cristina, le secuestraron bombas molotov.
Este caso quedó radicado en el juzgado que encabeza Ariel Lijo. La abogada que defiende a Sosa en esta causa es Gladys Egui, quien hace unos meses vive en el departamento de Ximena Tezanos Pinto, la vecina de Cristina. Es decir, su abogada vive justo en el piso de arriba del departamento de CFK, en Recoleta.
5) Escrache a legisladoras porteñas Neira y Daer
Las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer denunciaron por “hostigamiento, maltrato y amenazas” a Cristina Lujan Romero, quien las agredió el 4 de julio pasado cuando estaban ingresando a la Casa Rosada. Fue el día de la asunción de Silvina Batakis en Economía. Luego ampliaron la denuncia porque reconocieron en la agresión a Jonathan Morel y a Sabrina Basile. El caso lo investiga la Fiscalía Nº 22 de la Ciudad de Buenos Aires.
Aquel 4 de julio, Neira y Daer estaban llegando tarde al acto e ingresaron a la Casa Rosada. Mientras cruzaban la Plaza de Mayo fueron increpadas por un grupo de personas que ahora identificaron como integrantes de Revolución Federal. Ese escrache fue grabado y difundido en las redes. Esos videos fueron aportados a la justicia. Se identificaron al menos 5 personas. Tres son las mencionadas: Morel, Basile y Romero.
Luján Romero, por ejemplo, es amiga de la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto. Y, según las propias protagonistas, sería quien presentó a Tezanos Pinto con Gladys Egui, la abogada que ahora vive con ella en el piso de arriba de la vicepresidenta. Según dijo esa letrada a este medio, representa legalmente por recomendación de Luján a referentes de los grupos de odio Revolución Federal y Nación de Desocupados, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Luján Romero también sube a Facebook fotografías con Patricia Bullrich y, de acuerdo a la presentación de Neira y Daer, estuvo en PPT, el programa que conduce Jorge Lanata, en la emisión del 11 de septiembre pasado. De acuerdo a las denunciantes, Romero participó en otras marchas violentas realizadas por Revolución Federal.
Según indicaron fuentes con acceso a la causa, en la fiscalía están esperando recibir las imágenes de las cámaras de la Policía Federal y de la Ciudad para avanzar con el reconocimiento de los atacantes y definir citaciones.
Tanto Neira como Daer declararon y ratificaron su denuncia. El delito que se investiga en esta causa porteña fue calificado como “amenazas agravadas por discriminación”.
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6- Amenaza a al periodista Lautaro Maislin
El periodista de C5N Lautaro Maislin fue agredido en dos ocasiones por Gastón Guerra, de Nación de Despojados, otra agrupación violenta que se manifiesta junto a Revolución Federal. Maislin denunció el ataque en la Justicia. La causa tramita en la justicia porteña. Tal como precisó el periodista a este medio, el caso aborda “las agresiones del día que Sergio Massa asume en el ministerio de Economía y la amenaza de golpes que me hace el día anterior en el Congreso cuando Massa renuncia a Diputados”. “Un día me amenaza y el otro me agrede”, indicó.
“Guerra se comunica conmigo porque había sido citado a prestar declaración en la fiscalía 15 de la Ciudad de Buenos Aires por las supuestas amenazas al periodista Lautaro Maislin”, dijo la abogada Egui a este medio cuando fue consultada por ese tema. Las agresiones de Guerra al periodista de C5N fueron registradas por las cámaras de televisión el 3 de agosto. No fueron "supuestas". Fueron concretas. Están filmadas. Se dieron cuando un grupo de manifestantes en el que estaba Guerra escrachaban a Sergio Massa, quien estaba ingresando a Casa de Gobierno para jurar como ministro. Terminaron de pegarle al auto en el que estaba Massa y fueron directamente a agredir al periodista de C5N.
7- Escrache al Instituto Patria
El 27 de septiembre pasado Daniel Rafecas indagó a Claudio Herz por intimidación pública y amenazas a Cristina Kirchner. El magistrado citó a Herz porque el 21 de julio cuando una veintena de personas se manifestaban en la puerta del Instituto Patria, Herz con un megáfono profirió reiteradas amenazas a CFK. Al acudir a tribunales, el acusado se negó a declarar.
Según pudo reconstruir El Destape, entre la veintena de personas que estaban en el escrache hay personas relacionadas a Revolución Federal. Si bien el caso aún no apunta contra esa organización directamente, la semana próxima podrían haber novedades en ese sentido. Hay fotografías que involucran a personas que aparecen en otras agresiones a dirigentes políticos. Y posteos de Revolución Federal del 22 de julio que festejan el escrache al Instituto Patria.