Denuncian el accionar ilegal de agentes de civil “infiltrados” en la represión de la marcha universitaria

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por el accionar de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad que participaron de la represión del 9 de octubre, durante la marcha universitaria. La comisión, que es un mecanismo local de prevención de la tortura, apuntó al personal de civil, sin identificación oficial, que registró actuando en el operativo. El caso quedó radicado en el juzgado federal Nº 2 de los tribunales de Comodoro Py, que está a cargo del juez Sebastián Ramos.

"Pudimos observar y registrar personal de civil - sin identificación oficial - uno de ellos vestido de negro, con gorra y mochila, que se encontraba con otra persona de rasgos asiáticos y moviéndose sobre las vallas, mezclándose con los grupos que estaban manifestándose”, se precisó en la denuncia que realizaron los presidente de la CPM, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y su secretario ejecutivo, Roberto Cipriano García. “Este mismo agente es el que posteriormente se observa arrojando gas sobre los manifestantes que se encontraban en las afueras del local de comida dónde un referente libertario se había encerrado, luego de provocar a varias personas durante la movilización", se añadió el escrito, en el que se anexaron fotografías y videos.

"El mismo sujeto junto con otros civiles que también estaban mezclados dentro de los grupos de manifestantes, fueron quienes socorrieron y custodiaron a una persona, -reconocida en las redes sociales por su apoyo al gobierno- que generó los tumultos al provocar y pretender burlarse de los manifestantes. Luego de protegerlo lo trasladaron a un comercio sobre la calle Callao, donde arrojaron gas pimienta a las personas y periodistas en el lugar”, continúa la presentación de 17 páginas a la que tuvo acceso El Destape. La referencia es, entre otros, a Iván Matías Cheang, el protector del youtuber Fran Fijap que terminó refugiándose en un local de empanadas luego de provocar a los manifestantes.

Ante las cámaras de televisión Cheang dijo que no es un infiltrado pero su explicación dejó más dudas que certezas. Por ejemplo, afirmó que integró la Fuerza Aérea y estudió en la Policía Federal: “Pertenecí a la Fuerzas Armadas, estuve en la escuela de suboficiales de Policía Federal Argentina, aunque me sacaron del curso por unas calumnias e injurias que nunca se pudieron comprobar”, dijo.

En diálogo con El Destape Radio, ese martes, Cheang dijo que no podía dar precisiones sobre los “lugares estratégicos” en los que prestó servicio en la Fuerza Aérea y agregó que en la actualidad concurre de forma voluntaria a asistir a las fuerzas en las manifestaciones: “Voy con mi equipo de primeros auxilios en la mochila y le doy asistencia a la fuerza o cualquier personal que pueda llegar a estar herido tanto del lado de las fuerzas u otra persona”, señaló.

En declaraciones al programa Habrá Consecuencias que conduce Ari Lijalad, aseguró que se contacta con las fuerzas de seguridad y les avisa que actúa como voluntario en cada marcha: “Paso y les digo ‘miren que estoy de voluntario, voy a estar acá a resguardo’”. “Yo voy solo”, sumó luego pero consideró que debe haber otros como él aunque dijo no conocerlos. Respecto al gas pimienta que utilizó durante la manifestación, le aseguró a Lijalad que él no lo compró y se lo “prestó una persona que estaba al lado mío” y que tuvo que usarlo contra “los sediciosos”. Demasiadas coincidencias que lo único que hacen es sembrar interrogantes respecto al rol de este joven.

En la misma entrevista, Cheang dijo que está desempleado y se identificó con la Libertad Avanza, confirmó que trabajó para la empresa de seguridad integral Alesa SA, vinculada a Eduardo Martino. Martino es un comisario inspector retirado de la Policía Federal y de la Metropolitana que fue compañero de fórmula de Ramiro Marra en las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue candidato a jefe de gobierno porteño. Según un trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la revista Crisis, tiene vínculos con la última dictadura cívico –militar.

En la presentación judicial, la Comisión Provincial por la Memoria no solo apuntó a personal de civil. También registró “vehículos sin identificación en los alrededores de la manifestación, que fueron utilizados por personal de Policía de la Ciudad que es parte de un comando que ejecuta las detenciones de personas, muchas veces de civil”. Uno de los automóviles que usaron las fuerzas de seguridad y denunció la CPM es un “Modelo Peugeot, color Blanco Dominio AB 483 QX”.

Como todo esto fuera poco, la comisión también constató “personas efectuando registros fílmicos (personal de Policía de la Ciudad) y otros de civil, que obtuvieron información tanto de los manifestantes, de periodistas, como de las organizaciones que nos encontrábamos trabajando en el lugar".

Un apartado de la denuncia está dedicado especialmente a la “Participación de agentes de la fuerza de civil realizando tareas de inteligencia ilegal”.

La denuncia

La nueva denuncia que realizó la Comisión Provincial por la Memoria ingresó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py. Quedó radicada en el juzgado Nº 2 a cargo de Sebastián Ramos. Los delitos que se denunciaron son los de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

“Venimos a denunciar el accionar de agentes de las fuerzas de seguridad federales y de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el operativo policial desplegado el día 9 de octubre desde las 11 hs., en el marco de la manifestación convocada por organizaciones estudiantiles y de las universidades públicas nacionales, así como también jubilados y jubiladas, en razón de tratarse en el Congreso de la Nación el veto presidencial de la ley de financiamiento educativo, en la Plaza Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocasionaron lesiones por uso de gas irritante y golpes, por parte de los funcionarios de la fuerza, como asimismo personas detenidas”, comienza la denuncia de la CPM.

En esa línea, desde la comisión requirieron a la Justicia “abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos”.

Un equipo de la comisión estuvo monitoreando el operativo del 9 de octubre en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que es parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

En el relato de los hechos, los denunciantes señalaron que advirtieron una “importante presencia policial” en el operativo, que estuvo conformado “por personal de la Policía Federal Argentina (personal de infantería, cuerpo motorizado, camiones hidrantes, entre otros grupos de la fuerza), Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina (cuerpos de infantería) y personal de diferentes divisiones de la Policía de la Ciudad, (junto con la División de Operaciones Especiales Metropolitanas)”. “El personal se encontraba armado con escopetas con postas de gomas, gases irritantes, gases lacrimógenos y tonfas”, agregaron lo que evidencia la exageración del operativo para una protesta social que reclamaba que no se desfinancie la educación pública. Es en ese contexto donde desde la CPM expresaron que pudieron “observar y registrar personal de civil - sin identificación oficial-”.

La comisión contabilizó e identificó a 15 personas lesionadas, entre las que se encontraban periodista, y 7 detenidas, entre las que había un menor de edad.

El organismo de Derechos Humanos denunció durante el operativo represivo se violó la normativa nacional y la internacional, como la Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta última referencia es por la detención violenta de Lucas Isa Morales, de 16 años. Es decir, en un nuevo operativo represivo de las fuerzas de seguridad que comanda la ministra Patricia Bullrich se volvieron a vulnerar los derechos de los menores de edad.

Desde la comisión también destacaron que “se pudo constatar por diversos medios, que efectivos de Policía de la Ciudad ejercieron de forma desproporcionada, irracional y abusiva la fuerza a través de las denominadas armas no letales, (gases irritantes, escudos, tonfa)”.  “No habiendo motivo alguno, ni conflicto, las fuerzas utilizaron estos medios contra las personas que estaban concentradas de forma pacífica y comenzaron a reprimir de manera irracional e indiscriminada, arrojando gases a periodistas y fotógrafos que estaban trabajando, provocando lesiones en la visión y en la piel”, precisaron. En esta línea señalaron que “es conocido que las armas no letales que son utilizadas por fuera de las formas y protocolos específicos, pueden resultar letales”.

Represión programada y responsabilidad política

Para la CPM, la represión estuvo “programada” y planificada” por lo que reclamó que se investigue a los “funcionarios políticos” que estuvieron al mando del operativo.

“El despliegue de la violencia, los movimientos coordinados de las diversas fuerzas, las reiteradas actuaciones que se continuaron en el tiempo, evidencian que las acciones ilegales denunciadas fueron efectuadas de forma estratégica por un mando jerárquico, es decir, se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad”, argumentaron los denunciantes.

“La verificación reiterada y conjunta del uso ilegal y desproporcionado de la violencia pública por medios diversos, como la utilización irregular de armas menos letales así como la portación de armas reglamentarias en el marco de un escenario de protesta social, confiesan la orden y autorización por un mando jerárquico de las acciones”, añadieron.

En ese sentido, solicitaron que “se investigue y esclarezca las conductas de los funcionarios políticos quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir, siendo que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y por cómo estas utilizan la fuerza pública, debiendo efectuar una investigación sobre las responsabilidades de jerarquía de mando y política criminal”. El tiro por elevación es hacia la ministra Patricia Bullrich. El antecedente de la condena a Enrique Mathov por la represión de diciembre de 2001 no debiera pasar inadvertido para la exfuncionaria macrista y del gobierno de la Alianza y fue recordado en la denuncia por la Comisión Provincial por la Memoria.

Agentes de civil haciendo inteligencia ilegal

“Se logró verificar la participación de agentes de las fuerzas, de civil y sin identificación alguna, que realizaban tareas de recolección de información y registros fotográficos de las personas que asistían a la manifestación”, se precisó en la denuncia y se adjuntaron fotografías que dan cuenta de ese accionar.

Desde la CPM se enfatizó que ese hecho viola la Ley de Inteligencia Nacional por lo que “deberá ser declarada nula e investigarse cualquier actuación positiva de una institución de seguridad que, violentando lo que la ley prohíbe, desarrolle tareas de inteligencia contra un grupo de personas en el marco de una protesta social”.

Con ese norte, desde la comisión destacaron que la utilización de uniforme por parte de los agentes y su identificación “resulta determinante” en “el contexto de protestas” porque “tienen una función preventiva, dado que los agentes actúan con una expectativa mayor de rendición de cuenta”.

Medidas de prueba

Ante este cuadro de situación, la CPM reclamó a la Justicia que libre oficios al Ministerio de Seguridad de la Nación y al porteño para que informen sobre las autoridades y personal policial destinado al operativo del 9 de octubre en la zona del Congreso. También requirieron que se detallen las órdenes emanadas desde esas carteras.

En lo que respecta al accionar de personal civil, pidieron al ministerio que conduce Bullrich que “remita la nómina de personal de las diferentes fuerzas que se encontraban sin uniforme y realizando posibles tareas de inteligencia durante la movilización”. También que “informe si se asignaron agentes para que intervengan sin uniforme y de civil dentro de la manifestación y, en caso de corresponder, que informe en el marco de qué normativa se encuadro dicha tarea y cuáles fueron las acciones desarrolladas”. Se replicó la solicitud al ministerio de Seguridad porteño.

El caso ya está en Comodoro Py y se suma a las denuncias que viene realizando la CPM por los sucesivos operativos represivos en los alrededores del Congreso. Por ejemplo, a la par que se sustancia esta nueva denuncia, avanza en los tribunales federales de la Capital Federal la investigación por la posible violación de DDHH durante la represión del 12 de junio cuando se votó la Ley Bases.