Auto quemado: por qué nadie investiga la pieza clave del plan represivo en el Congreso

La imagen del auto en llamas fue repetida una y otra vez por las cámaras de televisión y el Gobierno de Javier Milei lo utilizó como el principal argumento para acusar de terroristas y golpistas a las 33 personas que la policía detuvo tras la cruenta represión que rodeó al Congreso durante el debate de la Ley Bases en el Senado. Sin embargo, más de una semana después, la Justicia federal no está investigando ese ataque y reconoció que, pese a que la zona estaba plagada de periodistas y cámaras de seguridad de la Ciudad, no sabe ni tiene pruebas de quiénes fueron.  

Entonces, ¿quiénes voltearon y prendieron fuego el móvil de Cadena 3? Las fuerzas de seguridad estaban tan ocupadas en la represión que no detuvieron a ninguno de los encapuchados pese a que estaban apostadas a pocos metros. El fiscal Carlos Stornelli acusó de terroristas a manifestantes e incluso a trabajadores que vendían empanadas o choripanes para hacer un extra frente a la recesión que la ley que se votaba en el Congreso va a profundizar pero no investigó este acto vandálico contra la prensa. La jueza María Romilda Servini, que convalidó la estrategia de amedrentamiento con detenciones por 6 días en cárceles de máxima seguridad tan arbitrarias como las liberaciones que decretó días después, reconoció que aún no tiene ni siquiera un dato sobre la imagen que la prensa corporativa eligió mostrar como símbolo del día: el auto de Cadena 3 incendiado. El auto incendiado ni siquiera quedó custodiado para preservar pruebas, ya que fue vandalizado pocas horas después cuando dos personas intentaron robar los cables del vehículo. 

Ese robo de cables, según informaron desde el juzgado de Servini, sí se investiga en la Justicia nacional de la Ciudad, en el juzgado de instrucción a cargo del magistrado Javier Sánchez Sarmiento. Se trata del mismo juez que en enero de este año rechazó un hábeas corpus para que no haya filmaciones ni requisas en la marcha por el paro de la CGT de comienzos de año. Justamente, la justicia nacional en los Criminal y Correccional de la Capital Federal es donde debieran investigarse todos los hechos que sucedieron durante la represión del 12 de junio si Comodoro Py no hubiera metido su mano a pedido del Gobierno, porque se tratan de delitos comunes típicos de la criminalización de la protesta social a los que en los tribunales de Retiro le agregaron delitos federales para abrazar el expediente. 

Las prioridades en la investigación judicial que se quedó Comodoro Py fueron evidentes. En lugar de poner el foco en el incendio del auto de Cadena 3 el fiscal Stornelli decidió acusar a los detenidos de atentar contra la democracia. Servini no fue tan lejos pero consideró que los hechos eran materia federal, procesó a 5 personas y le dictó la falta de mérito a 28, a las que al inicio del proceso tuvo detenidas y a las que dejó vinculadas al proceso judicial. Es decir, la jueza seguirá investigando el caso. 

Las presiones por el caso que está en Comodoro Py llegaron desde la Casa Rosada con un mensaje claro: que no liberaran a nadie, que mantuvieran el relato que inició la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente, que no existe en el organigrama estatal pero marcó la línea de que los manifestantes tenían que ser tratados como “terroristas” que intentaron dar “un golpe de Estado”. Stornelli copió y pegó por gusto, ideología o ambas; la jueza Servini siguió el juego, sea por presiones o por convicción, y su amplia experiencia de más de 30 años en Comodoro Py habilita descartar que no midiera el peso de lo que firmaba. Luego “ordenó” el desaguisado que era el expediente y dejó a cinco personas detenidas en cárceles federales al momento que se escribe esta nota. 

Tras 6 días, cuando dictó la falta de mérito para los 28 detenidos, la jueza Servini reconoció que “entre los sucesos acontecidos algunos de ellos todavía no se encuentran en conocimiento del Juzgado a mi cargo -entre ellos la quema de un rodado en las inmediaciones de la plaza, circunstancia que fuera reproducida por medios periodísticos-”. Casi una semana y no tenían ni siquiera las imágenes más vistas de ese día. El episodio sobre el auto de Cadena 3 quedó separado de esa causa “general”. Al menos por ahora. ¿Por qué?

La jueza Servini informó que tiene 100 horas de videos. Le ordenó su análisis a la Policía Federal, que será investigadora y parte. En síntesis, es la propia Patricia Bullrich la que tendrá control de ese análisis. Un deja vu de cuando sus subordinados hicieron un peritaje a medida de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza Servini también solicitó a la población que acerque videos y fotos que puedan aportar a dilucidar lo que sucedió. Todo debería estar registrado en las cámaras de seguridad que maneja el gobierno porteño. 

Una de las pruebas más evidentes de la falta de interés por investigar el incendio del móvil de Cadena 3 es que el propio periodista que lo utilizaba, Rolando Morales, registró que una vez que se apagó el fuego dos personas intentaron robarse los cables del vehículo. Todo, de nuevo, bajo la mirada de la policía y de las cámaras de seguridad. Fueron detenidos, acusados de “tentativa de robo” y liberados en pocas horas. Los que incendiaron el auto nada. 

Uno de los testigos de cómo incendiaron el auto fue Agustin Hartridge, trabajador judicial. Lo comentó en el grupo de Whatsapp de sus compañeros de trabajo y el secretario general del gremio de judiciales Julio Piumato lo alentó declarar ante la jueza Servini. 

Declaró que vio “un grupo de al menos 6 personas encapuchadas o con la cara completamente cubierta o semicubierta imposible de identificar” que “comienzan a intentar voltear el vehículo que estaba ploteado con un logo de Cadena 3” y que “a eso se suman otras personas también con la cara cubierta que lo logran voltear de forma inmediata y lo prenden fuego en 2 segundos”. 

“En el acto, yo les grité que el auto pertenecía a un trabajador y no me dieron pelota”, relató Hartridge. Y agregó: “El grupo ese de 6 personas vino con un objetivo claro a lo que actuaron rápidamente y se retiraron de forma dispersa”. 

En diálogo con El Destape, Hartridge detalló que las fuerzas de seguridad estaban a 50 metros del auto de Cadena 3 pero no detuvieron a ninguno de los vándalos ni apagaron el fuego pese a que contaban con un carro hidrante utilizado para la represión. 

La legisladora porteña Claudia Neira hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Ciudad por un interrogante clave: ¿Por qué no llegaron los bomberos de la Ciudad a apagar el incendio del auto de Cadena 3? ¿Se quería dejar esa imagen para que fuera captada por los medios que estaban cubriendo los acontecimientos? Según indicó Neira, quiere “saber si hubo alguna orden para que no se acerquen los bomberos”. “Todos vimos con la impunidad que se fueron los autores del hecho sin que tampoco intervenga la Policía”, señaló en la red social X (exTwitter). 

Entre los distintos puntos del pedido de informe que Neira presentó el martes en la Legislatura porteña se resaltan: conocer “las modulaciones correspondientes al operativo de seguridad”; y “si fue requerido el Cuerpo de Bomberos con motivo del incendio del móvil de la empresa periodística Cadena 3”.

Estos pedidos se enmarcan en las versiones que indican que durante los disturbios pudo haber infiltrados. Concretamente, personal civil de la Policía Federal que habría actuado con apoyo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que está reclutando agentes que habían dejado la exSIDE en gestiones anteriores. Por ahora se trata solo de versiones. ¿La Justicia ahondará en esa línea? Parece difícil que eso suceda.