Este jueves el Senado votará la "reforma judicial", o “Ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”, uno de los capítulos de la “reorganización judicial” que ideó el Gobierno para empezar a dar vuelta la página del Lawfare que escribió el macrismo en los últimos cuatro años.
El núcleo central del proyecto de "reforma judicial", que se debatirá en sesión virtual, puede sintetizarse en la creación de juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, el abordaje de cuestiones de competencia, la búsqueda de una mayor transparencia en el sorteo de las causas y la introducción de la perspectiva de género en el mundo judicial.
A pesar de las novedades, el proyecto es más bien un retoque superficial -y no estructural- del tercer poder del Estado. Los cambios más profundos se analizan en la comisión de expertos que creó el presidente Alberto Fernández. Ese grupo de especialistas está estudiando aspectos funcionales de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura.
No obstante este escenario, Juntos por el Cambio ya anunció su cerrada negativa a aprobar la iniciativa de reforma judicial que se encamina a tener media sanción este jueves. El ala más dura de la oposición incluso fomentó marchas en contra del proyecto en plena pandemia del Coronavirus.
El fuero Penal Federal de la Ciudad
La iniciativa plantea la creación del fuero Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires. Este nuevo fuero surge de la fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal (conocido como los tribunales de Comodoro Py) y el Nacional en lo Penal Económico y contará con la duplicación de juzgados.
En Comodoro Py hay 12 juzgados de primera instancia. Cada uno tiene dos secretarías. Según la iniciativa, se desdoblará una de esas secretarías para crear un nuevo juzgado. La ecuación se repite en Penal Económico, donde hay 11 juzgados. De esta forma el nuevo fuero Penal Federal pasará a tener 46 juzgados, de los cuales 23 serán nuevos. Lo mismo sucederá con las fiscalías (y se crearán también ocho defensorías).
En esta línea también se pretende sumar 5 nuevos Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en la Ciudad con sus respectivas fiscalías, lo que eleva el número a 17.
Por su parte, de acuerdo a la iniciativa que se lleva a la sesión virtual, la nueva Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal funcionará dividida en cuatro salas, es decir, tan solo se fusionan las dos salas que tiene cada fuero en la actualidad.
Juzgados y cámaras nuevas en el Interior
Otro punto neurálgico de la iniciativa es la creación de juzgados penales federales en el Interior del país y, tras la negociación con los gobernadores, en el dictamen de comisión se agregó la apertura y ampliación de Cámaras de Apelaciones Federales en distintas provincias así como la constitución de nuevos tribunales orales. Esto tendrá su correlato en fiscalías.
De acuerdo a legisladores oficialistas se busca “equidad en el sistema federal de justicia” por lo que se crean “nuevas Cámaras de Apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio”.
Por ejemplo, en el proyecto se enumeran 22 distritos federales (cuatro son en la provincia de Buenos Aires y Salta y Jujuy conforman uno solo). En total habrá cámaras de apelaciones en 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según se desprende del dictamen por ahora cuatro provincias no tendrán Cámaras de Apelaciones: La Rioja, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa.
Ante la constitución de cámaras se redujo el número de juzgados de primera instancia que iban a crearse, según el proyecto originario. Se bajó la cifra de 94 a 63.
Sorteos transparentes
El artículo 14 del proyecto de ley rebate el planteo de la oposición de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con esta “reorganización” busca que su situación judicial mejore. Allí se sostiene que las causas abiertas en la actualidad “continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”, lo implica que no tendrán ninguna modificación.
También se sumó en el mismo artículo una referencia a los sorteos de las causas, en pos de transparentarlos. “La totalidad de los sorteos de causas, cualquiera fuera el modo en que arriben a la jurisdicción, incluso aquellas que provengan de desprendimientos de otras actualmente en trámite, se realizarán manualmente” y deberán comunicarse “con antelación al público de su realización”. Los mismos “deberán ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad. Las partes tienen derecho a solicitar la compulsa posterior. A su vez, podrán presenciar los sorteos aquellas personas que tengan un interés concreto y demostrable”.
Sistema acusatorio
A su vez, “dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la presente ley deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad”, es decir, deberá implementarse entre otras cosas el sistema acusatorio por el cual las investigaciones recaerán en los fiscales y no más en los jueces.
Ante las críticas que hubo en el debate en comisión por que se creaba la misma cantidad de juzgados que de fiscalías cuando se promueve el sistema acusatorio, desde el oficialismo se resaltó que “la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales”. Es decir, se espera la creación de nuevas fiscalías a medida que se vaya instaurando el nuevo régimen judicial.
Presiones mediáticas
Por pedido del senador Oscar Parrilli en el debate de comisión se agregó en el artículo 72, inciso e) que los jueces deberán informar al Consejo de la Magistratura no solo cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos y económicos sino también mediáticos, lo que llevó a los medios hegemónicos de comunicación a denunciar un ataque a la libertad prensa como si presionar y comunicar fueran sinónimos.
Traspaso de la Justicia porteña
También se determina la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto implica que se transfiere la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos cometidos en la Capital Federal a los jueces y a las juezas porteños.
Los cambios
La iniciativa original que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tuvo una serie de importantes cambios en el tratamiento en comisión en el Senado.
Acaso el más importante que surge del dictamen que finalmente se firmó en la comisión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales es la marcha atrás con la fusión de los fueros Contencioso Administrativo y el Civil y Comercial. A cambio, se determinó la creación de un “Tribunal de Resolución de Conflictos que decidirá en instancia única y con carácter inapelable los conflictos de competencia que se susciten” entre ambos fueros. El tribunal estará conformado por tres jueces, dos provenientes del Contencioso Administrativo y el restante del Civil y Comercial.
A su vez, en materia de Derechos Humanos se atendió el planteo de los organismos por lo que las secretarías de los juzgados con competencia específica en esta materia no se trasladarán y se mantendrán tal como están en la actualidad. Así se desprende del artículo 13 que en el nuevo fuero Penal Federal “las Secretarías a trasladarse no incluirán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad”.
El Frente de Todos tiene una mayoría cómoda en la Cámara Alta por lo que se descuenta que este jueves la iniciativa recibirá media sanción. No obstante, en el oficialismo no descartaban nuevas modificaciones en el tratamiento sobre tablas.
La palabra de CFK
El martes, Cristina Fernández de Kirchner se refirió al proyecto y le buscó bajar su peso. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves", señaló en un escrito que se difundió por las redes sociales.
Para muchos, la iniciativa que se debatirá este jueves en el Senado sin dudas es “superficial”. Distinto es el caso de lo que está debatiendo la comisión de expertos, donde se está estudiando el desempeño de las estructuras neurálgicas del sistema judicial como son la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa. Pero ese segundo capítulo de la “reorganización judicial” recién está comenzando a moverse.
En ese contexto, la vicepresidenta aseguró que “en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales” y mencionó la que durante su gestión se envió al Congreso, en 2013, y “fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios".
“La segunda, fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación”, sostuvo CFK.
La calificó como una “reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py” que tuvo “el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”.
Voto a voto en Diputados
En la Cámara de Diputados el escenario es más complejo para el oficialismo que en el Senado porque necesita de aliados para lograr el quórum. A eso se suma el entorpecimiento del tratamiento que plantea Juntos por el Cambio. En un comunicado que emitió al respecto el 18 de agosto, la principal alianza opositora le pidió “al Señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto de reforma judicial”. Suscribieron el documento los referentes de la alianza opositora que se refirió de manera implícita a la movilización del 17 A.
En la Cámara Baja el Frente de Todos reúne 117 diputados más el presidente de la cámara, Sergio Massa. Mientras que Juntos por el Cambio suma 113. Ambos tienen aliados circunstanciales. El quórum se logra con 129 voluntades. Por lo que serán claves los acuerdos con otros sectores.
En esa línea, el lavagnismo adelantó su rechazo a la iniciativa del FdT: el Bloque de Consenso Federal, compuesto por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, anticipó que no votará la propuesta del oficialismo.
No obstante, en el oficialismo remarcaron que Consenso Federal no es el único aliado posible. Se espera que jueguen un rol importante los gobernadores en el marco de una negociación más amplia. Fuentes legislativas aseguraron que casi en simultáneo al tratamiento de la reforma judicial, en Diputados se abordará el Presupuesto lo cual puede llegar a abrir un canal de diálogo con los mandatarios provinciales.
Así y todo, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, ya anticipó que “no hay ningún apuro” en llevar la reforma al "recinto virtual". Lo que evidencia que la votación de este jueves en la Cámara Alta dará comienzo a negociaciones políticas intensas.
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