Aún no asumió formalmente pero Martín Soria, el ministro de Justicia designado por Alberto Fernández para suceder a Marcela Losardo, ya tiene tres urgencias. La cartera judicial es una de las más calientes y requiere una intervención inmediata para enfrentar el lawfare, el dispositivo de persecución mediático-judicial que tuvo su auge durante el gobierno de Mauricio Macri pero que, a todas luces, sigue vigente.
Las tres urgencias que el nuevo ministro tendrá en su agenda son:
- Elaborar los proyectos que anunció el presidente el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa, que incluyen la creación de una comisión Bicameral que revise el funcionamiento del Poder Judicial, un Tribunal Federal de Garantías y la reforma del Consejo de la Magistratura, entre otras cosas.
- La relación con la Corte Suprema que es la cabeza del Poder Judicial. Un dato no pasa desapercibido para Soria: sus integrantes son los mismos que avalaron el momento más álgido del Lawfare durante el gobierno de Macri. La foto de su entonces presidente Ricardo Lorenzetti flanqueado por Claudio Bonadio y Sergio Moro no puede repetirse. ¿Se analiza una ampliación? ¿Cómo tratar con un tribunal que consintió la persecución judicial?
- Impulsar la reestructuración del fuero federal y la designación de un Procurador General que termine con el interinato de Eduardo Casal, designado durante el macrismo. Para que esto suceda depende del Congreso salvo que logre que Casal renuncie y en su lugar llegue un interino que sea bien visto por el Ejecutivo. El jefe de los fiscales que sucedió a Alejandra Gils Carbó ya hizo trascender que no piensa dar un paso al costado.
Los proyectos
Hasta ahora, según consultó El Destape, no hay nada escrito de los proyectos que anunció el presidente el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa. Soria tendrá la tarea de confeccionar esas iniciativas que se girarán al Parlamento.
En materia judicial, el Presidente ya anunció:
- La creación de una comisión Bicameral de revisión del funcionamiento del Poder Judicial que haría un control cruzado. “Tendría un alcance de tipo panóptico y podría actuar como la bicameral de inteligencia”, explicaron a este medio.
- La Reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y sanciona jueces. El objetivo es ampliarlo.
- Cambios en la Corte, que van desde el funcionamiento del recurso extraordinario a la reglamentación del artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, por el cual el Alto Tribunal rechaza inmiscuirse en determinados casos sin fundamentar sus razones y así los deja firmes. Con este último artilugio legal, la Corte dejó firme la condena al exvicepresidente Amado Boudou sin adentrarse en el caso.
- El establecimiento del juicio por jurados “para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal”, según dijo el Presidente.
- Finalmente, está en agenda la creación de un tribunal intermedio para los casos de arbitrariedades, algo que Alberto dijo que conversará con los gobernadores. Se trata de “la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”, de acuerdo a la explicación que dio el jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, agregó.
Tal como publicó Roberto Navarro en este medio, ese tribunal podría tener 25 miembros. Es que la idea del Presidente es que se conforme con un integrante por cada provincia, uno por la Ciudad de Buenos Aires y otro por el Poder Ejecutivo.
La mención de Alberto del artículo 125 de la Constitución durante su discurso del 1º de marzo no es menor. De acuerdo a ese artículo “las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal”. Es decir, se trataría de un Tratado interprovincial como por ejemplo el que sirve de base al Pacto Fiscal. Es “Derecho intrafederal”, indicaron los juristas consultados para esta nota. Esto implicaría que la designación de los posibles 25 integrantes del tribunal (se estudia dividirlo en 8 salas y que haya un presidente) podría ser como la que rige para los jueces de la Corte: aprobación por dos tercios del Senado a propuesta del Ejecutivo (se contaría con el apoyo de los gobernadores para alcanzar la mayoría especial). La otra vía para la designación de jueces es a través del Consejo de la Magistratura, pero todo indica que no sería el camino a seguir.
Revincularse con la Corte
Soria sabe que como ministro debe encontrar un canal de diálogo con la Corte Suprema. Un dato no pasa desapercibido para el dirigente rionegrino: sus integrantes son los mismos que avalaron el momento más álgido del Lawfare durante el gobierno de Macri.
“Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana”, indicó Soria este martes en declaraciones en Radio 10.
¿Esto implica que el nuevo ministro debe impulsar una modificación del máximo tribunal? No faltan quienes sostienen en tribunales que podría avecinarse una ampliación del Alto Tribunal con perspectiva de género. Es decir: sumar, por ejemplo, cuatro mujeres al tribunal. Pero esto requiere de los dos tercios de los votos en el Senado, suma que el oficialismo no posee en la actualidad, lo que conlleva necesariamente a una negociación con la oposición. Se trata de una iniciativa que por ahora no tiene el consenso necesario para lanzarse. Pero sí deja en claro que el abordaje del vínculo con la Corte es una materia que aún no pudo ser resuelta por el Ejecutivo. Esto no implica que el diálogo entre el Ejecutivo y el máximo tribunal esté quebrado. Pero debe mejorarse y reorientarse.
Por lo pronto, el Presidente ya anunció que pretende una serie de cambios en el funcionamiento de la Corte para terminar con las arbitrariedades.
Reforma judicial y nuevo Procurador
La tercera urgencia no depende exclusivamente de Soria pero sí es una modificación que necesita el flamante ministro para poder desarrollar la política judicial que tiene en mente. Debe lograr que se concreten los proyectos de ley frenados en Diputados: el que reestructura el fuero federal –multiplicando juzgados en Comodoro Py, por ejemplo- y el que allana el camino para la designación de un Procurador General, al modificar el mandato del jefe de los fiscales y los votos necesarios para nombrarlo en el Congreso (en la actualidad, el oficialismo tampoco posee los dos tercios que se requieren para designar a un procurador con un mandato vitalicio).
Para un sector del oficialismo la designación de un procurador general es el paso más importante en materia judicial que tiene por delante el gobierno.
La designación de un procurador efectivo, por ejemplo, habilitaría el traspaso de las escuchas, que Macri sacó del Ministerio Público Fiscal y pasó a la Corte apenas asumió. Actualmente, la oficina de interceptación telefónica se encuentra en la DAJuDeCO, una especie de miniside que se armó durante el macrismo y que está bajo la órbita de los supremos.
Otro tema que genera muchas suspicacias en Comodoro Py son los sorteos. Una modificación de este mecanismo se vuelve necesario si lo que se busca es transparentar la forma en que los jueces se hacen de las causas. Durante la gestión de Cambiemos, todas las causas sensibles en materia política terminaban en el juzgado de Claudio Bonadío, hoy subrogado por Julián Ercolini, otro de los jueces del Lawfare. El Destape reveló la existencia de una auditoría que demuestra cómo pueden manipularse los sorteos de las causas.
Cambio de tono
Luego de que el Presidente confirmara que será el sucesor de Losardo, Soria brindó una entrevista donde dejó en claro el tono que le imprimirá a su gestión.
Entre otras cosas, en diálogo con Radio 10, dijo que una de sus "aspiraciones" como titular del ministerio de Justicia "es terminar con el Lawfare" y "desarmar la Mesa Judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri". La mención no es casual: Soria fue uno de los denunciantes de la Mesa Judicial Pro, que hoy se investiga en Comodoro Py.
El flamante ministro también fue quien denunció –al mismo tiempo que este medio- que el actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, visitaba a Macri en su despacho de la Casa Rosada y luego firmaba fallos en contra de dirigentes kirchneristas. Por este motivo, denunció penalmente a Hornos en el caso de la Mesa Judicial y pidió su remoción ante el Consejo de la Magistratura. "Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales", aseguró Soria para dejar en claro el tono que busca darle a su gestión. Un cambio en la retórica si se compara con la forma en que se expresaba su antecesora.
La incógnita es la respuesta que dará el Poder Judicial.
El mismo día que se anunció su designación, hubo una reunión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN). Tal como publicó Martín Angulo en Infobae, allí se aprobó presentar una demanda contra la Anses por la intimación a más de 200 jueces, fiscales y defensores oficiales que tienen la jubilación otorgada pero no dejaron sus cargos. Desde la Anses plantearon a esos magistrados que deben definir si renuncian o retiran el trámite jubilatorio. Concretamente: si no se jubilan se hará caer el trámite, lo que implica que tendrán que hacerlo de cero el día que se retiren.
En la actualidad, los jueces que tengan la edad para jubilarse pueden iniciar el “papeleo” y tener la jubilación otorgada pero seguir ejerciendo la magistratura a la espera del momento que deseen para anunciar y ejecutar su retiro. Funciona como un reaseguro político para muchos magistrados. Se trata de uno de los tantos “privilegios” que tienen los jueces y el gobierno busca delimitar. Soria es el dirigente elegido para llevar adelante esa misión.
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