Una de las principales pulseadas políticas de este año estará centrada en el campo judicial. El gobierno necesita dar vuelta la página del Lawfare si es que no quiere quedar atrapado en él. Por eso, en los próximos días se reactivarán los cambios en la Justicia que el Frente de Todos empezó a impulsar en el 2020.
Según indicaron fuentes del Ejecutivo y el Congreso a este medio, se avanzará con la designación de jueces en cargos estratégicos con la aprobación de pliegos en el Senado. “Se tratarán en una de las primeras sesiones. Ya está todo para hacerlo”, indicaron. El mes señalado es febrero. Si no median imprevistos, se espera la llegada de Alejo Ramos Padilla al juzgado federal de La Plata, uno de los más importantes del país, y la de Roberto Boico a la sala II de la Cámara Federal porteña, instancia revisora de Comodoro Py, por citar dos ejemplos.
También iniciará en el Consejo de la Magistratura el concurso para ocupar con magistrados naturales la sala I de la Cámara Federal porteña donde se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces que fueron puestos a dedo por Mauricio Macri y quedaron allí de forma transitoria por decisión de la Corte. El único magistrado legítimo de esa sala es Mariano Llorens, quien llegó como lo establece la Constitución. La primera semana de febrero se abre la inscripción para los concursantes. ¿Se presentarán Bruglia y Bertuzzi? En el consejo señalan que el 28 de febrero se estará en condiciones de tomar el examen.
Uno de los desafíos más importantes del Gobierno este año es la designación del Procurador General de la Nación, ya que el cargo hoy lo ejerce el interino Eduardo Casal, quien llegó por decisión del macrismo luego de que se forzara la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Para un sector del Gobierno se trata de la apuesta más fuerte en materia judicial en el corto plazo. Para poder avanzar con ese nombramiento es necesario que se transforme en ley el proyecto que modifica el mandato del procurador y las mayorías necesarias para su elección, que ya tuvo media sanción en la Cámara Alta –el 27 de noviembre pasado- y ahora se encuentra en Diputados. El proyecto fue incluido para ser tratado en sesiones extraordinarias. Ante la consulta de este medio, desde la Cámara Baja afirmaron que por ahora no están los votos para abordarlo en extraordinarias pero que ese escenario puede variar en los próximos días.
La bautizada “reforma judicial”, que multiplica juzgados federales en todo el país y reestructura fueros, no tiene para el Ejecutivo la misma urgencia que la selección de un nuevo procurador, ya que sus efectos prácticos no serán inmediatos. Algo similar sucede con la posibilidad de crear un Tribunal intermedio entre la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, idea que surgió del consejo asesor en materia judicial que creó el Presidente.
En los primeros días de febrero también se espera la renovación de las autoridades del estratégico Consejo de la Magistratura. Diego Molea, el consejero que representa al estamento académico, es el nombre que pica en punta para ser el nuevo presidente del órgano que selecciona y sanciona jueces.
Designaciones clave
En el decreto que habilitó las sesiones extraordinarias se incluyó el “Tratamiento de Acuerdos para designar magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”. En febrero se espera que se aprueben en el Senado los pliegos de magistrados para cargos clave como es el caso de Ramos Padilla, quien fue seleccionado para ocupar el juzgado federal N° 1 de La Plata, uno de los más importantes del país porque tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires.
Ramos Padilla, a cargo de la investigación sobre el D’Alessiogate, concursó para ocupar el juzgado platense que está vacante desde 2014 por la muerte de Manuel Blanco y quedó primero en el orden de mérito. En la terna también estaba Laureano Durán, quien ocupó interinamente ese juzgado y era el nombre al que apostó en su momento el macrismo para el cargo. Alberto Fernández seleccionó al actual juez federal de Dolores y envió su pliego al Senado. Se trata de un cargo de mucha relevancia política porque tiene jurisdicción electoral en un distrito que reúne casi el 40% del padrón electoral del país.
Ramos Padilla también estaba muy bien posicionado en el concurso para ingresar a la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Pero el presidente decidió que su lugar sea La Plata, tal como pretendía el juez de Dolores. Es que para la instancia revisora de Comodoro Py también está ternado Roberto Boico, quien se descuenta será elegido por el Ejecutivo para ese cargo.
Boico es el candidato para integrar la sala II de la Cámara Federal porteña, donde actualmente se encuentra Martin “Doctrina” Irurzun (a quien acompaña subrogando Bruglia). En el gobierno estiman que Boico podría estar asumiendo para fines de febrero o principios de marzo. No está claro si Eduardo Farah aterrizará en la misma sala antes o a la par que Boico. Farah había pedido el traslado del tribunal revisor de Comodoro Py en tiempos de Macri por presión del gobierno cambiemita tras votar a favor de la excacerlación de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Tras el fallo de la Corte Suprema en la que se abordó la materia de los traslados, Farah pidió regresar a la sala II de la cámara porteña, algo que en noviembre pasado avaló el Consejo de la Magistratura con 8 votos a favor. Solo resta un decreto del Ejecutivo para que vuelva a la cámara porteña. Una posibilidad es que su regreso se concrete con la designación de Boico.
Con la llegada de Boico y Farah cambia rotundamente la integración de esta sala, que perdería una mayoría que fue filomacrista en tiempos de gobierno de Cambiemos.
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También habrá definiciones la Sala B de la Cámara Comercial, que interviene en el caso Correo Argentino, que tanto preocupa a Mauricio Macri. Quien asoma como candidata para ocupar ese tribunal sensible es María Guadalupe Vázquez.
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Es decir, en el corto plazo se espera la aprobación de un paquete de pliegos de candidatos a la par que se mandarán al Ejecutivo nuevas ternas desde el Consejo de la Magistratura. De a poco se empezarán a “renovar” distintas instancias del Poder Judicial.
Para este año, en el consejo apuntan a terminar importantes concursos. Figuran en agenda el de la cámara en lo Contencioso Administrativo, los de los TOF de Capital Federal y San Martín y el del juzgado federal N° 12 de Comodoro Py, por citar algunos ejemplos.
La apuesta por el Procurador
La designación de un nuevo Procurador General de la Nación es una de las grandes apuestas judiciales del Gobierno. El candidato es Daniel Rafecas, cuyo pliego ya fue girado al Congreso.
Conscientes de la escasez de votos y de la complejidad que las negociaciones adquieren en un año electoral, un sector del Ejecutivo considera que el nombramiento de una nueva cabeza del Ministerio Público Fiscal (MPF) debe ser la prioridad, incluso por sobre la reforma judicial y la creación de un tribunal intermedio antes de la Corte. Por eso las miradas están en Diputados, donde debe transformarse en ley los cambios que llevan el mandato del procurador a 5 años (con una reelección) y reducen los votos necesarios para su elección en el Senado a una mayoría absoluta (actualmente es de dos tercios).
Con un nuevo procurador en funciones se podrá poner en marcha en toda su dimensión el sistema acusatorio, por el cual los fiscales ganan poder en detrimento de los jueces. Entre otras cosas, los fiscales pasarán a estar a cargo de las investigaciones.
A esto se suma otro dato importante: en el Ministerio Público Fiscal hay alrededor de cien vacantes, que el nuevo jefe de los fiscales deberá cubrir. “Mientras no se tenga Procurador no se puede avanzar en la cobertura de vacantes, lo que impide el funcionamiento del nuevo Código”, señalan desde el mundo judicial.
Es que la relevancia de esta designación es compartida por protagonistas del Poder Judicial. La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, afirmó este sábado en el programa Toma y Daca que se emite en la AM 750: “Hay que resolver urgente el nombramiento del Procurador General de la Nación”.
No debe descartarse que al concretarse la llegada del nuevo jefe de los fiscales, la Oficina de Escuchas pase a la órbita de la Procuración, que es donde estaba antes de la llegada del macrismo. Una de las primeras medidas que tomó Macri fue quitarle esa potestad al MPF y pasársela a la Corte, donde se creó la DAJuDeCO. El área de escuchas fue una de las que quedó bajo la lupa por las filtraciones que hubo en pleno Lawfare.