La jueza Ana Figueroa integra el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal, que es la última instancia en revisar las causas penales antes de la Corte Suprema de Justicia. Por el rol que ocupa y los expedientes que pasan por sus manos fue la primera jueza en ser presionada por el gobierno de Cambiemos apenas Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2015. También fue la primera jueza en prestar declaración testimonial en la causa de la Mesa Judicial, donde se investigan los aprietes de la gestión macrista en la Justicia para influir en las sentencias, que se abrió en el 2020. En la víspera del inicio de un nuevo año judicial, Figueroa diálogo con El Destape y se explayó sobre la vigencia del Lawfare y la forma de desarticularlo; las presiones que sufrió vía los medios hegemónicos de comunicación; la reforma judicial en marcha; la necesidad urgente de designar a un Procurador General de la Nación y la de ampliar la Corte Suprema.
“Cuando la derecha ve que los sectores populares están ganando votos y consenso y los discursos liberales no funcionan entonces toman armas para el Lawfare”, afirma Figueroa. Y cuestiona: “Se inician causas con recortes de diarios que no tienen nada que ver con la realidad. Estamos en un riesgo serio de la democracia”. La camarista contabilizó más de 200 artículos periodísticos en su contra durante el macrismo, que adjuntó en su testimonio en la causa de la Mesa Judicial.
Figueroa es jueza hace casi una década. Viene del ámbito de la abogacía, donde ejerció 38 años. Y es profesora titular por concurso de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde 1986. “Lo que le enseñamos en las universidades a los alumnos es que el discurso jurídico, la ley, es uno de los discursos más políticos que tienen todas las sociedades. La ley es el modo en que los grupos de poder generalmente dan las órdenes. Entonces siempre un tema jurídico tiene algún tipo de connotación política. El asunto es que lo político no esté por encima de lo jurídico o que los tiempos políticos manejen las agendas jurídicas”, explica a la hora de analizar los tiempos y las formas en que se expiden los jueces y sobre todo la Corte.
Figueroa fue testigo en la causa Mesa Judicial. Fue la primera de una serie de jueces y juezas que fueron citados a prestar testimonio. Allí se relataron aprietes del gobierno macrista a diversos magistrados para lograr decisiones judiciales que los beneficiara. Por ejemplo, apenas Macri llegó a la Casa Rosada, Figueroa recibió la visita de un funcionario para interiorizarse sobre un fallo en el marco de la causa Memorándum con Irán, donde estaba involucrada Cristina Fernández de Kirchner. La magistrada cuenta que fue lacónica y contundente en su respuesta al funcionario, que era Juan Bautista Mahiques, hoy Fiscal General porteño. “Sabían que no era una jueza que podía ser disciplinada, silenciada ni coaccionada. A partir de ahí no volví a recibir visitas. Pero sí tuve una gran presión mediática”, relata. “En la contestación que hago en la causa Mesa Judicial acompañé más de 200 artículos periodísticos donde trataban de desprestigiarme y minar mi autoridad”, indica. Los medios de comunicación junto al Poder Judicial y los servicios de inteligencia son actores centrales del Lawfare.
Este lunes los tribunales vuelven a su dinámica diaria tras la feria de enero. Es un año electoral, por eso la camarista afirma: “Que en esta etapa, en la que vienen elecciones de medio término, se pretenda seguir utilizando al Poder Judicial para desprestigiar o para obtener noticias periodísticas negativas contra algún candidato, es probable. Debemos ser rigurosos con los requisitos que deben tener las denuncias para que prosperen. Si no se produce este desbaratamiento de verdades que realmente daña a una sociedad democrática”.
El Lawfare y su desarticulación
En su declaración testimonial, Figueroa se consideró una de las primeras víctimas del Lawfare durante el macrismo. Fue presionada en diciembre de 2015.
“El Lawfare es una modalidad de manipulación del sistema legal con apariencia formal de legalidad para fines políticos. Es un abuso del derecho para dañar la reputación, el prestigio, del que se considera oponente”, explica a este medio. “Se llevan adelante procesos de enjuiciamiento sin méritos ni pruebas, se promueven denuncias sin sustento pero con mucha importancia mediática. Porque se suman la prensa, los grupos de poder. Hay que tener mucho cuidado. En América Latina se logró destituir presidentes, que otros no pudieran ser candidatos”.
-Uno de los brazos ejecutores del Lawfare es el Poder Judicial. ¿Cómo se desarma entonces la persecución? ¿Desde el propio Poder Judicial? ¿Con la creación de una comisión por la verdad? – le preguntó El Destape.
-El Consejo de la Magistratura debería tener más actividad. Cuando se denuncian a magistrados que podrían estar incluidos dentro de esta metodología de persecución hay que llevar adelante investigaciones serias para verificar si eso sucedió. Si se comprueba hay que eliminar a esas personas del staff del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes políticos del Estado. Si bien no tiene elección directa, nosotros, los jueces, tenemos una convalidación democrática en un proceso federal complejo donde interviene el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. Hay una selección democrática indirecta. Y esos órganos deben controlar que no haya prevaricato, abusos judiciales. El Consejo de la Magistratura debería ser más activo. Es hacer una depuración dentro del propio sistema del Poder Judicial. Pero también es válida la creación de algún organismo o comisión que sirva como investigadora para que con prueba fehaciente realice la acusación ante los órganos pertinentes. Fundamentalmente, creo que debemos ser serios en designar buenos jueces. Por eso apelo al Consejo de la Magistratura, que es el que selecciona y propone jueces. Si esto funcionara adecuadamente no tendríamos que tener estos problemas. El Consejo de la Magistratura es un órgano muy importante para erradicar prácticas indeseables dentro del Poder Judicial. Debe actuar en beneficio de la sociedad y no corporativamente.
-Entiende que el Consejo de la Magistratura es la llave para una reestructuración judicial.
-Sin dudas, si cumple adecuadamente con su rol. Es la llave esencial para mejorar el Poder Judicial.
La reforma judicial
-¿Qué opina de la reforma judicial que se analiza en el Congreso?
-Ese proyecto viene del Poder Ejecutivo y apunta a la organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y provincias. Se están creando muchos más juzgados federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un poco la pregunta es: ¿si se crean más juzgados y se multiplica la cantidad de jueces vamos a mejorar la Justicia? Aquí también está en discusión la aplicación o no del sistema acusatorio, por el que van a tener un rol destacado en la investigación los fiscales. Si se le va a dar tanta importancia al Ministerio Público Fiscal a lo mejor no es necesario crear 23 juzgados nuevos en la justicia penal federal de la Capital Federal. Eso será una cuestión que tendrá que evaluar la política. También se unifican y crean tribunales orales penales federales, lo que lleva a un total de 17 tribunales y en este caso creo que por el volumen de las causas que se están llevando adelante sí es necesaria la ampliación. En total, se están creando 279 cargos de jueces, fiscales y defensores que insisto si se va a poner en funcionamiento el sistema acusatorio quizás habría que favorecer un poco más la creación de fiscales por el rol protagónico que van a tener.
-¿Se debe apuntar a la Corte Suprema en una reforma integral del Poder Judicial? ¿Cree que debe modificarse su conformación?
-Vengo haciendo un análisis académico histórico sobre la cuestión de la Corte Suprema. El artículo 108 de la Constitución Nacional no establece la conformación con un número determinado de miembros. Pero como referencia es importante tomar en cuenta que la Constitución de 1853 que sí establecía un número de miembros en su artículo 91 determinaba que la Corte Suprema estaba compuesta por 9 jueces y 2 fiscales que iban a residir en la capital de la Confederación. El tema de la ampliación o disminución de sus miembros fue recurrente en nuestro devenir histórico. En la década del ’90 en el gobierno de Menem se elevó de 5 a 9 miembros, como se establecía en 1853. Luego por la ley 26.183 del 2006 se determinó un sistema de reducción gradual hasta 5 miembros. En el primer censo de 1869 Argentina tenía 1.877.000 habitantes y la Ciudad 171.000 y teníamos 9 miembros. Hoy, con 46 millones de habitantes entiendo que 5 miembros es un número muy insuficiente. Hay una gran concentración de poder porque con el voto de 3 personas se puede decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos de gobiernos o de leyes. Es muy reducido. Y una Corte conformada por lo menos con 9 integrantes va a permitir tener una representación por regiones, paridad de género, distribución de jueces según la materia. En estos momentos no hay un penalista ni un especialista en DD.HH que debería tener toda Corte moderna. Y la Corte debe dedicarse a los temas importantes para la sociedad. Hay muchos temas que están esperando ser tratados que hacen a la democracia y el sistema jurídico. Por ejemplo, la Ley de Inteligencia, las escuchas, cómo se evalúa el 41 bis, los límites a la libertad de expresión, el federalismo, el tema tributario. Una Corte más amplia tendría mejores posibilidad de resolver en ese sentido.
-¿No se puede hacer una reforma integral del Poder Judicial sin tocar la cabeza de ese poder, entonces?
-Eso por un lado. Y no se puede hacer una reforma del Poder Judicial si además no se le da cierto nivel de participación a los sectores involucrados. Me refiero a los jueces, a los colegios de abogados, a la comunidad académica.
La designación del Procurador
-¿Cuán importante considera usted que es la designación de un Procurador General de la Nación?
-Es importante hoy la opinión del Procurador General porque fija la línea del control de legalidad en el país. Pero si ponemos en marcha el sistema acusatorio, es mucho más importante todavía. Resulta institucionalmente prioritario que se designe a un Procurador General de la Nación y que no sigamos teniendo uno interino (NdelR: Eduardo Casal), que es una gran falencia. Porque eso trae muchos conflictos, está como desautorizado al no ser el Procurador General efectivo. Nosotros vemos que un fiscal de un grado tiene una posición contraria a la de otra jerarquía, no hay unidad fiscal y eso trae muchos inconvenientes en el momento de un proceso. También hemos visto fiscales que son muy estrellas que hacen por su cuenta lo que quieren. Y esto pasa porque no hay una cabeza legitimada.
El Consejo de la Magistratura y los traslados
-¿Cree que debe reestructurarse el Consejo de la Magistratura?
-Debe haber modificaciones en el Consejo de la Magistratura. Es el órgano encargado de emitir las propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Ejerce las facultades disciplinarias. Tiene que administrar el presupuesto y decidir los procedimientos de remoción de magistrados. Nosotros vemos algunas falencias y atribuciones que han generado grandes conflictos como por ejemplo ese sistema de traslados que había organizado el Consejo de la Magistratura en violación a la Constitución. Es importante tomar en cuenta el fallo de la Corte suprema del 3 de noviembre del 2020.
-Que establece que todo traslado es transitorio. Es el fallo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que fueron puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal porteña.
-Allí la Corte establece que las prácticas inconstitucionales no establecen derecho. Dictado ese fallo se hizo el llamado a concurso para los cargos de Bruglia y Bertuzzi. Pero además de esos jueces hubo muchos magistrados que fueron designados mediante un sistema de traslados en cargos para los que no habían concursado.
-Hay un colega suyo, integrante de la Casación, que llegó a ese tribunal de esa manera. Me refiero a Carlos Mahiques.
-Sí. Nosotros tuvimos una consulta por este tema en la Cámara Federal de Casación Penal, en 2017, cuando se produce la vacante de Pedro David. Carlos Mahiques había concursado pero para la Cámara Nacional de Casación Penal. Hubo una serie de acuerdos plenarios donde hubo un sector que se opuso a ese traslado. Yo, particularmente, me opuse porque no era un juez de la misma jurisdicción ni tenía la misma competencia entonces no podía hacerse un traslado de manera definitiva. Nuestro sistema no concursa para el cargo de juez de forma genérica sino para un cargo determinado, con una jurisdicción, con una competencia, con una materia. Por eso no se pueden hacer traslados indiscriminados como lo hizo el Consejo de la Magistratura.
-¿Tras el fallo de la Corte, se debiera llamar a concurso urgente para todos los cargos ocupados hoy por jueces transitorios?
-Eso es lo que corresponde hacerse.
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