El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, instruyó a su Gabinete a realizar una nueva presentación ante la Corte Suprema por la eliminación del Boleto Integrado en el AMBA. De esta manera se presentó un nuevo “recurso” ante el máximo organismo. Este lunes en conferencia de prensa, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, afirmó que con la medida tomada por Javier Milei, “se castiga al pueblo”.
“Por decisión del presidente Javier Milei, a través del ministro Caputo, se puso final al boleto integrado para la provincia de Buenos Aires”, detalló el ministro y agregó: “Sostenemos que es arbitrario e ilegal el fin del boleto integrado, porque claramente tiene que ver con la multimodalidad; lo que se compensa es no solo el sistema de transporte de la provincia de Bueno Aires, también los colectivos de la Ciudad, las líneas nacionales, el sistema ferroviario y el sistema de subte”.
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Esta martes hicieron la presentación formal. El Destape accedió al escrito presentado el cual se solicita que se “ordene al Estado Nacional a que se abstenga de innovar en cuanto a las compensaciones tarifarias que viene financiando, atinentes al Sistema del Boleto Integrado, implementados en medios de transporte público de pasajeros del AMBA de jurisdicción provincial y municipal”.
“La arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, en la decisión unilateral, arbitraria, intempestiva, irregular y discriminatoria que, en forma actual e inminente lesiona, restringe, altera y amenaza los derechos y garantías de la Provincia de Buenos Aires en materia de liquidación y compensación del denominado Sistema del Boleto Integrado, herramienta de bienestar social y medio de percepción de la tarifa para el acceso a los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano, poniendo en riesgo su prestación en el ámbito provincial y municipal”, indica la presentación. El reclamo del gobierno provincial es el quinto que hizo la gestión de Kicillof en lo que va del año.
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Actualmente, hay 4 demandas presentadas por la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según pudo averiguar este medio, ninguna de las presentaciones avanzó. “El más atronador de los silencios”, dijo un funcionario bonaerense que formó parte de la redacción de cada una de las demandas.
Las otras presentaciones realizadas
La primera denuncia se realizó en el mes de febrero. Se trata del expediente 256/2024 por “la derogación en forma arbitraria e inconstitucional del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), creado el 9 de septiembre de 2020”. Su estado procesal está “a estudio de la Corte Suprema”.
En la medida cautelar presentada se solicitó que “se ordene al Estado Nacional el pago del saldo adeudado del FOFOFI por los meses de noviembre y diciembre de 2023, enero y febrero de 2024”. El monto reclamado es “el remanente equivalente a la suma de $11.164.000.000 por la diferencia correspondiente al mes de noviembre de 2023; la suma de $33.676.934.796 correspondiente al 1,18% de la recaudación de diciembre 2023; y el monto correspondiente a enero 2024, a transferirse en febrero por $43.959.428.629. Todo ello, actualizado hasta la fecha de su efectivo pago, más intereses”.
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La segunda denuncia se realizó en abril del corriente. Es una “demanda contra el Estado Nacional” por la “vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)”. Allí se exigió que se declare “la plena vigencia y eficacia del FONID, la inconstitucionalidad del DNU 280/2024 y que, en ese marco, se le ordene al Estado Nacional que se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan la ejecución del FONID”. El monto reclamado es de “$42.000.000.000 aproximado, más intereses”.
En abril de 2024, Axel Kicillof acudió nuevamente a la Corte Suprema. En una nueva demanda pidió por la “vigencia del Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país (FCI)”. Allí reclamaron que el gobierno de Javier Milei declare “la plena vigencia y eficacia” de dicho Fondo, y que por tal motivo, “se ordene al Estado Nacional a que proceda a la transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto del FCI desde 2023, con más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva”. Si bien el monto reclamado debe determinarse, un aproximado que rondó los $50 mil millones.
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Finalmente, la cuarta denuncia es por el “restablecimiento de las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”. La misma también se presentó a fines de abril pasado, y pidieron que se declare “inconstitucional” el artículo 18 del DNU 280 y, en consecuencia, “que el Estado Nacional restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reconocidas en el artículo 50 y las actualizaciones correspondientes, en concepto de compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires”.
En la medida cautelar solicitada hicieron hincapié que “hasta tanto se dicte sentencia definitiva, el Estado Nacional se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan en los hechos los términos de los artículos 92 a 94 de la Ley Nº 27.701, y proceda a transferir en forma inmediata y efectiva a favor de la Provincia de Buenos Aires los montos devengados en concepto de CNT, con más intereses”. El monto reclamado es de $681.000.000.000 aproximado, más actualización e intereses. De esta manera, las 4 presentaciones están “a estudio de la Corte Suprema”.