El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó un escrito ante la la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que solicita que se declare “inconstitucional” el decreto de Javier Milei que le quita el Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la provincia más poblada de la Argentina. La deuda supera los $88 mil millones.
A través del fiscal de Estado, Hernán Gómez, el gobierno provincial presentó un escrito en que se detalla que el Estado Nacional “derogó en forma arbitraria e inconstitucional el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires (FOFOFI)”. En ese sentido, y según el escrito al que accedió El Destape, la provincia de Buenos Aires solicitó que “ordene al Estado Nacional el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023, y enero y febrero de 2024 relativo al FOFOFI”, y además “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución” de dicho Fondo.
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Una cifra millonaria
Los 4 meses que el Estado Nacional adeuda del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la provincia de Buenos Aires superan los $88 mil millones. En ese sentido, el gobierno bonaerense detalló en el escrito la millonaria cifra del fondo en disputa.
“La Provincia reclama el remanente equivalente a la suma de $11.164.000.000 (más intereses a la fecha de pago), por la diferencia que surge entre el 1,18% del monto total efectivamente recaudado en el mes de noviembre de 2023 por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la ley nacional Nº 23.548 (de coparticipación de recursos federales) y lo transferido a la provincia de Buenos Aires en el mes de diciembre pasado, ya que dichas transferencias presentan un mes de rezago respecto a la recaudación nacional”. A esa deuda debe sumarse la del vigente: “Adicionalmente, se requiere el desembolso correspondiente al 1,18% de la recaudación de diciembre 2023, a transferir en enero del corriente año, por la suma de $33.676.934.796, y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero del corriente por $43.959.428.629 (más intereses a la fecha de pago)”.
El no giro de dicho fondo, es decir, el incumplimiento por parte del Estado Nacional, “ha ocasionado graves perjuicios a esta Provincia, generando una brusca y sustancial reducción de los recursos para la provisión y financiamiento de bienes y servicios públicos”. Es por ello que el gobierno solicitó a la Corte que “haga lugar a la medida cautelar ordenando al Estado Nacional el pago del saldo adeudado, y se declare inconstitucional el decreto 192/2024”.
“El perjuicio es manifiesto, público, notorio y puede constatarse sencillamente: todos los indicadores objetivos de incidencia bonaerense en la Nación son holgadamente superiores al coeficiente de 22% que determina su asignación automática de recursos”. Finalmente, y en términos per cápita, la provincia más poblada de la Argentina, “se consolidó como la jurisdicción subnacional con menor disponibilidad de recursos. En 2023 recibió $180.000 por habitante, $300.000 menos que el promedio del resto de la jurisdicciones”.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires “recibe el 22% de los recursos coparticipables y concentra el 38,2% de la población, aporta el 35% del PBI Nacional, tiene el 42% de la población económicamente activa, el 50% del valor agregado industrial, mientras que concentra el 38% de la matrícula educativa, el 38% de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social: residen el 58% de las personas pobre y el 61% de las indigentes”.
Entre los argumentos al reclamo, se citaron fallos anteriores dictado por la propia Corte que tenían competencias similares relativas a coparticipación federal de impuestos. Algunos de los reclamos similares en favor de la provincias fueron en Santa Fe, San Luis y hasta Capital Federal.
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