En las últimas semanas el gobierno de Axel Kicillof se propuso “ordenar” una sensible temática como son el uso de tierras en la provincia. A lo largo de los últimos 25 años, a través de exenciones, proyectos especiales y un sinfín de herramientas gubernamentales hubo una constante desregularización y desnaturalización de cada parcela en la provincia de Buenos Aires. La Unidad Provincial de Tierra y Vivienda busca poner un fin a tales irregularidades.
Para ello, la ministra de Gobierno, Teresa García anunció la elaboración de un “mapa de la tierra de la Provincia” que permitirá identificar qué parcelas son urbanizables para avanzar sobre una política única en materia de Tierra y Vivienda. Es decir cuántas áreas son públicas o privadas, cuáles están en condiciones de ser urbanizadas, dónde hay agua potable y dónde faltan servicios. En ese sentido, García tendrá reuniones con las y los intendentes provinciales esta semana.
Para comenzar llevar adelante dicha iniciativa, el 18 de agosto pasado, mediante la resolución 493/2020, el ministerio de Gobierno modificó la resolución 400/2019 que creaba un Régimen para la Regularización de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados y lo denominó Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados (E.P.C.I.C.).
“Las tierras de la Provincia son de los y las bonaerenses, no se pueden vender”, afirmó García
En diálogo con El Destape, Teresa García, afirmó: “A través de la resolución 400/2019 encontramos muchos barrios inscriptos y lo que hicimos fue mandar a analizar a Fiscalía la situación de cada uno”. Desde Fiscalía de Estado se emitió un informe pormenorizado del que surgió que debía tenerse especial atención a la situación, y debían requerir al organismo intervenciones que sean necesarias para evitar dictar actos administrativos que puedan ocasionar daños a terceros y/o al Fisco Provincial. “Hay varios ejemplos en los que Fiscalía dijo que no no era conveniente construir y edificar y se hizo igual. Por eso no descartamos iniciar acciones legales”.
Si bien días atrás la ministra detalló que en la provincia de Buenos Aires había unos “900 barrios cerrados que debían ser regularizados”, García detalló que “son muchos más que 900, a medida que vamos avanzando encontramos nuevas realidades”.
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La zona norte de la provincia de Buenos Aires es uno de los principales sectores donde los emprendimientos comenzaron a radicarse décadas atrás. Así, en San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando y Tigre y en los barrios de dichas ciudades como El Talar, Don Torcuato, San Isidro, Martínez, Boulogne, Munro, Villa Ballester, Ombú, San Martín, Churruca, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, San Fernando y Tigre se dieron los primeros barrios cerrados, clubes de campo y/o countries. Luego empezó a extenderse por el conurbano en distritos como Cañuelas, La Plata, Ezeiza, Marcos Paz, Lujan, Cardales y Campana, entre otros.
Al respecto ya hubo reuniones con ochos desarrolladores en Pilar, Escobar, Presidente Perón, San Vicente y Malvinas. Las mismas comenzaron en febrero del corriente. Sobre la política de tierras fiscales indicaron que el objetivo es uno solo y muy clara: “No se pueden vender”, afirmó García y agregó: “Las tierras de la Provincia son de los y las bonaerenses”.
Legislatura bonaerense
Una vez concluido el mapa de tierras, las Leyes 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y 14.449 de acceso justo al hábitat podrían ser modificadas a través de las Cámaras de Diputados y Senadores provinciales. “Cuando tengamos el mapa terminado nos vamos a dar cuenta de cómo ha cambiado el uso y el hábito del uso de la tierra”, se sinceró la funcionaria.
El segundo paso será modificar las normas que fueron elaboradas 30 años atrás. “Eso va a llevar más tiempo porque implica rever y analizar varias leyes paralelas relacionadas a distintas áreas como la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), entre otros”, agregó la ministra de Gobierno.
Política a cuatro años
El Plan Bonaerense de Suelo Vivienda y Hábitat prevé una inversión total de $190.186 millones, destinados a la construcción de 33.600 viviendas nuevas; la reactivación de 9.738 obras de viviendas cuya edificación se encuentra frenada; el desarrollo de 85.353 lotes con servicios; 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat; 507 proyectos integrales de urbanización en barrios populares; y la construcción de 6.213 viviendas y 5.846 lotes como parte del programa Procrear.
La Unidad Provincial de Tierra y Vivienda estará integrada por los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Desarrollo de la Comunidad, Hacienda y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos; así como también por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana (OPISU).