Durante los días 7,8 y 9 de septiembre la policía de la provincia de Buenos Aires realizó un reclamo de mejoras económicas, que derivó en una sublevación policial y marchas en las residencias de Olivos, donde estaba el presidente Alberto Fernández, y en la de La Plata, sede que habita el gobernador Axel Kicillof junto a su pareja y dos hijos. Hasta el momento se desconoce si en dichas jornadas hubo actuaciones de oficios por parte de la justicia.
En ese sentido, desde el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, realizaron un pedido de informes al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Marcelo Conte Grand, para que “informe las cuestiones vinculadas a la actuación del Organismo Constitucional a su cargo, con relación a los sucesos acaecidos con motivo de los reclamos llevados adelante por agentes en actividad, exonerados y retirados de la Policía Bonaerense a partir del lunes 7 de septiembre del corriente, siendo que durante los mismos se produjeron hechos de una gravedad institucional inusitada”.
Por los hechos sucedidos, desde la Cámara de Diputados bonaerense pidieron saber las instrucciones que impartió Julio Conte Grand, si solicitó intervención y/o colaboración de otros organismos estatales, nacionales o provinciales; y si realizaron alguna investigación para conocer la identidad de aquellos ciudadanos que manifestaban ser cesanteados de la Policía Bonaerense y se encontraban con un arma y vestidos con uniforme policial en los lugares mencionados.
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También lo realizado por el Ministerio Público Fiscal ante la flagrante actuación del personal policial de la Provincia de Buenos Aires, las causas que fueron iniciadas por los fiscales a raíz de los hechos, la intervención de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal a cargo de Francisco Pont Vergés,
Julio Conte Grand es uno de los hombres que responde directamente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Conoció a la dirigente en su paso por procuración de la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri fue jefe de Gobierno porteño. Abogado católico y un referente del Opus Dei, en 2015 asumió como secretario Legal y Técnico de la entonces gobernadora Vidal, quien luego lo nombró en la procuración General de la Suprema Corte de Justicia, cargo que mantiene actualmente.
El expediente fue tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados y, el bloque de Juntos por el Cambio lo rechazó. Al no firmar el escrito ni realizar un despacho en minoría, la fuerza mayoritaria opositora rechazó tácitamente el mismo y consideró que no fue grave lo sucedido ni la falta de respuestas de la Justicia. En tanto, el oficialismo acompañó y firmó el mismo.
Fundamentos del reclamo
El pedido se basa en que, las marchas a las residencias, “fueron sitiadas con elementos de seguridad de propiedad del estado bonaerense y utilizados por aquellos que tienen el monopolio de la fuerza para prevenir y no para utilizarlos contra el orden democrático de las Instituciones legalmente establecidas, entendiendo hasta aquí que todo lo sucedido debió habilitar la actuación inmediata del Ministerio Público Fiscal”.
Durante los focos de protesta, “los uniformados no solo hicieron en muchos casos abandono de servicio, sino que además utilizaron los patrulleros en gran número para ponerlos al borde de rutas y accesos, ubicarlos en los lugares de protesta, y en el más grave de los casos fueron usados para ‘sitiar’ la residencia oficial en donde se encontraba el Gobernador con su familia”.
“Ante la magnitud y gravedad de las circunstancias, entendemos que el Procurador General ha tomado directa e inmediata intervención, instruyendo a los Fiscales que componen el Ministerio Público, para que realicen las denuncias correspondientes ante la comisión de los delitos en curso”, explicaron desde el Frente de Todos.
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