El lunes a la noche comenzó el reclamo de un sector de la policía bonaerense por mejores sueldos y condiciones de trabajo. A tres días de movilizaciones, el conflicto escaló y llegó a brindar imágenes que generaron repudio de parte del arco político, sindical y social: una quinta de Olivos rodeada por patrulleros y personal armado, acciones tildadas como contrarias a la democracia pese a la legitimidad original de la protesta, tal como manifestó el propio Alberto Fernández en la tarde del miércoles.
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras y sentimientos, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores. Otros fueron echados de la fuerza por diversos motivos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por drogas.
Los voceros del reclamo
El capitán Sandro Amaya fue el vocero que, en Olivos, rechazó una reunión con el presidente Alberto Fernández mientras rodeaban la quinta con patrulleros y personal armado. Fue exonerado de la fuerza por una causa por drogas. Según se detalló en C5N, está imputado en una causa que instruye el Juzgado Federal 2 a cargo del juez Suárez Aráoz, a través de la Secretaría 6. Ante los medios de comunicación, no quiso reunirse con el jefe de Estado porque no se permitieron cámaras en la negociación, como ocurre en cualquier situación de este estilo.
Mariano Ezequiel Alderete es otro de los exponentes de un reclamo que llegó al límite de la violencia simbólica, en este caso desde Puente 12, en La Matanza. Se definió como apolítico, sin embargo el discurso le duró poco ya que aseguró que una de las causas que lo llevó a movilizarse fue la concesión de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez para después retractarse ante los medios.
Sin embargo, sus redes sociales lo dejan al descubierto: un feliz cumpleaños a Mauricio Macri, "orgulloso de pertenecer al 51,4%" que lo votó en 2015, "la patria es el otro, y esto no es un slogan. Piel de gallina" por una publicación de María Eugenia Vidal, posteos de grupos en contra de Cristina Kirchner e incluso de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia en la que se desempeña.
El "capitán Díaz" habló a los gritos esta mañana desde Puente 12 que, con una campera camuflada, aseguró que el Gobierno les tiene "miedo". Se trata de un hombre que participó de un motín en el Grupo Halcón y está actualmente en disponibilidad.
Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, también se convirtió en una de las caras visibles de este reclamo. Pese a su poca actividad en redes sociales, se puede encontrar un retuit a una publicación de Elisa Carrió en 2016. La exdiputada actualmente es una de las voces que comenzó a instalar la idea de una desestabilización o levantamiento popular. "Viva la patria,fuera los chismes!Si me llaman a declarar voy a comentar todos ls delitos cometidos x Cristina Kirchner en ls últimos 12 años", dijo la dirigenta de la Coalición Cívica en ese entonces y el referente policial estuvo de acuerdo, porque replicó el mensaje.
El decreto 1505 del 1 de julio de 2002, Expediente 2137-275735/96, estipula: "Excluir al ex Subinspector Luis Tonil del acto que dispuso su prescindibilidad, Resolución 59/97 causal de extinción de relación laboral la cesantía dispuesta por decreto 155/01". No se especifica el motivo pero la situación llamó mucho la atención. Votante de María Eugenia Vidal en 2015, según publicó en redes sociales, a los dos años de gestión se arrepintió de haberlo hecho.
En tanto, Nicolás Masi fue despedido durante la gestión de Eduardo Duhalde, según argumentó él, por ser sindicalista. Una nota del diario La Nación alertaba en 1997 por una posible huelga policial en la provincia. "Hay indicios concretos de que se trataría de una amenaza vertida por un ex policía que dice representar a sus compañeros. El supuesto comunicado que firmaba un "Comando de las 18" (por el número de unidades regionales en la provincia) estaba firmado por el ex oficial principal Nicolás Masi, separado de la fuerza por inconducta hace tres años", dice el artículo.
Hoy, Masi es el referente del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba), sin personería. El Ministerio de Trabajo de la Nación niega el otorgamiento de personería gremial a las organizaciones que agrupan a los efectivos policiales. Una postura que obtuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia.
“Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra un derecho general a la sindicalización, no impide que dicho derecho sea restringido cuando se trata de personal policial”, sostuvo el máximo Tribunal. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó en este sentido la portación de armas por parte de los efectivos y sostuvo que “las restricciones al derecho a huelga de los miembros de la fuerza pública y el derecho de constituir organizaciones sindicales no vulnera” lo establecido en los tratados internacionales".
Según recopiló Chequeado, un medio al que no se puede tildar de oficialista, el decreto 2015/09 de la provincia de Buenos Aires establece que “el personal policial no podrá en ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones que comprometan la dignidad o el decoro de la función policial”. También prohíbe “acatar decisiones de asociaciones gremiales o profesionales contrarias a la prestación normal de los servicios”.