El FdT pide un registro único para las apps de delivery: "¿AFIP registró sus transferencias?"

Con la presencia del dirigente gremial Pablo Moyano, los bloques de diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa para denunciar un “lobby” de las empresas que realizan deliveries a través de aplicaciones -como pueden ser Pedidos Ya, Glovo, Rappi y Uber Eats - que no quieren que se cree un Registro  Provincial, Único y Obligatorio para los trabajadores y trabajadoras de dichas plataformas digitales. 

La presencia de Moyano fue también para anunciar que “van a impulsar una ley nacional”, en igual sintonía que la provincial. Actualmente, el proyecto de ley se aprobó por unanimidad en el Senado bonaerense - compuesto por el Frente de Todos y Cambiemos -, pero se trabó repentinamente en la Cámara de Diputados. 

Sobre dicha “traba”, César Valicenti, presidente del bloque oficialista en la Cámara Baja fue concreto: “Más allá de que en los pasillos hay una mirada más contemplativa del proyecto por parte de ciertos diputados de la oposición, lo cierto es que un día reciben un llamado y cierran filas”. Y para que no queden dudas de quién realiza tal llamado, dijo: “Los conduce Mauricio Macri, él es su jefe político”.

Durante la conferencia de prensa, el senador provincial y secretario del gremio de Canillitas, Omar Plaini, contó que se reunió con los gerentes de dos empresas de delivery el año pasado mientras confeccionaba el proyecto de ley. Según denunció el dirigente, durante 2022 Pedidos Ya “realizó 21 millones de transferencias" "¿Fueron registradas por AFIP?”, se preguntó el sindicalista.

A modo de ejemplo y con una cuenta por demás sencilla, si cada una de las 21 millones de transacciones fue de $800, Pedidos Ya tuvo ingresos por $16.800.000.000. Los ingresos “fueron mayores”, confesó a este medio uno de los senadores presentes tras finalizar la conferencia. 

Además, el legislador contó que la misma compañía “tiene 50 mil trabajadores en el país y sólo los empleados de la tecnología están registrados en relación de dependencia que son unos 2.000 jóvenes”. Un informe al que accedió El Destape indicó que de los 50.000 trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya, “20.000 están radicados en la provincia de Buenos Aires”. Alrededor de “20.000 comercios están adheridos” a la empresa, de las cuales “el 80% - es decir, 16.000 - son gastronómicas”.  En el último mes, la compañía sumó un millón de usuarios bonaerenses. 

Del mismo informe se desprende que la empresa Rappi tendría un total de 23.000 repartidores en todos el país, y solo 600 “en relación de dependencia; 300 del área de tecnología y 300 administrativos”. En tanto, cuenta con “5.500 negocios adheridos”. 

En tanto, Plaini recordó el trabajo que viene realizando la provincia de Buenos Aires para regular el funcionamiento de las empresas: “En 2021 el ministerio de Trabajo realizó 200 inspecciones, y en el 98% de los casos no se cumplían con las normas, por lo que se los multó. En 2022, el ministro Walter Correa, avanzó con las inspecciones y sucedió lo mismo”. “Las empresas apelaron a los Tribunales de Trabajo N°2 y 4, y ¿saben qué? Ambos tribunales le dieron la razón al Ministerio de Trabajo provincial”, cerró el senador. 

En tanto, Pablo Moyano, sin pelos en la lengua, desafió: “¿Quién controla a estos tipos? Son empresas alemanas, canadienses; imaginense si una empresa argentina fuera a esos países y no cumpliese con los convenios de trabajo. Estos tipos se cagan en los convenios de trabajo y en la Constitución nacional”. El gremialista ratificó que “desde la CGT apoyamos el proyecto”. 

Finalmente, Marcelo Pariente, de la  Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), explicó durante la conferencia que “hay una situación de crisis real de estos trabajadores”, y recordó que “durante la pandemia el gobierno nos consideró trabajadores esenciales”. 

“Las empresas facturan montañas de dinero y no quieren reconocer a los trabajadores. La logística de nuestra actividad es un negocio que les sirve a las empresas y al sector de la gastronomía, pero a nosotros no nos sirve. No tenemos paritaria porque no tenemos un convenio colectivo de trabajo”, cerró. Participaron también la presidenta del bloque de Senadores, Teresa García, senadores, senadoras, diputados y diputadas del Frente de Todos. 

Qué dice la letra chica

El proyecto de ley crea un Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones, en el cual deberán registrarse las actividades de entrega y retiro de alimentos y objetos realizadas en autos, motos o bicicletas. Las empresas deberán registrar a las personas que realicen estas actividades y a los vehículos con los que las realizan.

El registro extenderá un certificado habilitante personal e intransferible al titular de la aplicación para cada trabajador y trabajadora y vehículo afectado a esta actividad. Además el ejecutivo podrá fijar las condiciones y requisitos de inscripción, identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores y trabajadoras habilitadas.

También controlará las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva la actividad. Además exigirá a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias que denuncie el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los trabajadores y trabajadoras. La inscripción deberá renovarse una vez al año.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que el objetivo de crear un registro apunta a visibilizar que dichos trabajadores y trabajadoras “no son provistos del transporte (bicicleta o moto), no poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones, ni licencias, ni límite a la jornada laboral, ni aguinaldo, ni vacaciones”. Es decir, “no poseen ningún derecho ni protección conforme lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional, los Convenios Colectivos y demás legislación laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total”.