Bullrichismo y libertarios en modo campaña mientras se tensa la relación PRO-LLA

Al mismo tiempo que la relación entre el oficialismo y el PRO volvió a mostrar cortocircuitos, el bullrichismo y La Libertad Avanza aceleran con la campaña 2025. En Buenos Aires, dos figuras de peso, potenciales candidatos, se mostrarán juntas con una recorrida netamente económica. Se trata de José Luis Espert, a quien Javier Milei ya postuló como cabeza de lista para Diputados el año que viene, y Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero anotado para la gobernación en 2027.

Valenzuela jugará de local ya que la recorrida será en Villa Bosch. Ambos estarán en una estación de servicio desde donde promocionarán una de las medidas impulsadas por el intendente: en Tres de Febrero no se cobra tasa vial al combustible. La iniciativa municipal fue celebrada, en su momento, por el gobierno nacional y el jefe comunal ya recibió varios reconocimientos de Milei y Luis Caputo por este tipo de medidas.

El cacique encaró una política de reducción de impuestos municipales en el distrito, decisiones que lo ubicaron muy cerca de La Libertad Avanza y su discurso de austeridad, pero complementado con un perfil más productivo. En paralelo a esta iniciativa, su intención es reducir gastos del Estado para concentrarlos en dinamizar el sector privado.

Dado el perfil económico de Espert, la actividad se concentrará en lo económico, pero también tendrá una pata social, ya sea con un café, recorrida por las calles y algunas conversaciones. La primera sección electoral es una de las más pobladas y, por ende, clave para pensar la elección con 4.795.793 votantes, según el último censo.

“El profe” Espert fue postulado por Milei como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, una puja todavía no resuelta con el PRO que tiene su propio nombre para el distrito, el de Diego Santilli. Los dos espacios esperan llegar en las mejores condiciones posibles al año que viene para repartir las listas.

El panorama se planteó complejo. Mientras el PRO pide un 40% de la boleta, los libertarios analizan ir en soledad, aunque eso implique una derrota. Analizan que es mejor perder con los propios, los “puros”, que ganar pero repartiendo cargos.

Valenzuela, en tanto, se anotó para disputar la gobernación en 2027 y cada diez o quince días sale del Conurbano para empaparse de la realidad del interior bonaerense. El intendente maneja una excelente relación con el gobierno y, puntualmente, con Milei con quien cada tanto cruza mensajes. Prueba de ello es que el Presidente lo invitó a su hotel después de las exposiciones en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata. 

En Buenos Aires, el PRO Libertad de Patricia Bullrich y La Libertad Avanza ya avanzaron en una confluencia, se fusionaron en la Legislatura y, si bien con matices, se consideran sectores “puros” para acompañar el proyecto nacional de Milei. Estas tribus son las que quieren acordar con segmentos del macrismo, solo con algunos dirigentes, pero no de forma institucional.

El PRO de Mauricio Macri atraviesa, una vez más, un momento turbulento para su relación con la Casa Rosada. Como anticipó El Destape ayer, lejos de cumplir con un acuerdo de convivencia básico, los libertarios hicieron la individual y promovieron el anuncio de un agregado al proyecto del Presupuesto 2025: el desfinanciamiento de las PASO. Lo tuvieron que suspender.

Después de muchas broncas internas, el PRO y La Libertad Avanza habían acordado (a pedido del primero) una consulta constante de todos los asuntos parlamentarios. El Gobierno tenía que informarle al macrismo, antes de embarcarse en cualquier aventura, las iniciativas a impulsar para delinear la mejor estrategia y evitar errores, como ocurrió en el pasado. Los amarillos no quieren volver a poner el cuerpo, la cara ni los votos para solucionar las jugadas erradas del oficialismo.

El miércoles, ese acuerdo incipiente tambaleó. El gobierno no le consultó al PRO por la iniciativa de desfinanciamiento de las PASO y todo volvió a tensarse. La semana que viene, cuando vuelvan a encontrarse en una reunión de (in)coordinación parlamentaria, probablemente salga a la luz este cortocircuito.

La paz duró poco. Durante un par de semanas, Cristian Ritondo y Santiago Caputo lograron verse a solas, cara a cara, para encarar tareas de coordinación en general, siempre orientadas a lo parlamentario. Los encuentros habían sido descritos por el macrismo como positivos, pero sucedió este desencuentro.

Por eso, cerca del ex presidente habían preferido mostrarse cautos a la hora de analizar la relación. Para los amarillos, un vínculo de confianza y respeto necesita tiempo para construirse y las buenas intenciones del gobierno tenían que, eventualmente, plasmarse en hechos concretos. Una vez más, con esta actitud, la cuestión quedó empantanada.

Más allá del aviso previo, el PRO tiene una visión, respecto de las PASO, muy distinta a la del gobierno. El macrismo no las quiere eliminar, sólo apunta a que no sean obligatorias. El bloque amarillo tiene presentado un proyecto de ley para cambiar las PASO por PAS, tanto para los partidos políticos como para los electores.

Según el texto, se busca permitir que las agrupaciones políticas, de manera voluntaria, puedan elegir a sus candidatos en una misma fecha en todo el territorio nacional pero, en caso de lograr listas únicas, no hacerlo y proclamar directamente a los postulantes. “Desde su implementación fueron muy pocos los casos en los cuales las agrupaciones políticas decidieron elegir en elecciones internas verdaderamente competitivas a sus candidatos” por lo que “al resultar obligatorias “aún en casos de listas únicas” las PASO se transformaron en una virtual elección general anticipada”, se argumentó desde el macrismo.

Para el PRO, las PASO “vulnera los derechos políticos de los electores” al obligarlos a votar en comicios internos en los que los partidos o coaliciones no eligen ninguna candidatura, pero también “vulnera los derechos de las agrupaciones políticas quitándoles autonomía y libertad” para definir las candidaturas. Según fundamentaron, las internas contribuyeron a debilitar los partidos políticos al eliminar incentivos de afiliación y participación activa, sumado “al proscriptivo piso del 1,5% exigido para participar en las elecciones generales que afecta particularmente a los partidos minoritarios”.