La legisladora porteña de Unión por la Patria (UP) Graciana Peñafort realizó un pedido de informes para conocer si la Ciudad de Buenos Aires adhirió o no al protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, así como también requirió conocer si la administración de Jorge Macri requirió la presencia de fuerzas federales durante la movilización del pasado 20 de diciembre.
El pedido de informes fue presentado en la Legislatura de la Ciudad y, según indica, establece 30 días para que el Gobierno de una respuesta sobre distintos puntos que refieren a la intervención de las fuerzas federales. Esto es la Policía Federal y la Gendarmería, ambas estuvieron presentes en la movilización que convocaron organizaciones políticas de izquierda, sociales y de derechos humanos para conmemorar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que acabó con la salida del entonces presidente Fernando de la Rúa; tras un Estado de sitio que dejó 39 personas fallecidas en medio de la represión.
En el documento, Peñafort describió que en declaraciones televisivas el secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz, sostuvo que "la intervención de las fuerzas federales no había sido solicitada ni autorizada por el Gobierno de la Ciudad". Cuando le consultaron por qué la Policía Federal estaba allí, Kravez respondió: "Pregúntele a Patricia", en referencia a la ministra de la cartera nacional.
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En ese sentido, el escrito tiene seis puntos y solicita saber si la Ciudad adhirió a la resolución 943/2023 del protocolo presentado por Bullrich que llamó para "el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación"; en caso de que lo hubiera hecho, saber por qué no fue publicitado en el Boletín Oficial; así como también conocer si hubo un pedido para requerir el "auxilio" de las fuerzas federales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 24 de la ley de Seguridad Interior 24.059, que rige para estos casos.
También, solicita saber si se cumplen los supuestos que exige la misma normativa para estos casos, que están determinados en el artículo 23 y establecen que el empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal "estará estrictamente sujeto" a los siguientes casos:
a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada;
b) Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal;
c) En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.
Por último, se solicita un informe que "documente toda documentación que dé cuenta de las comunicaciones cursadas entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades nacionales referidas a las protestas que se efectuaran en el día 20 de diciembre de 2023".
"Resulta imprescindible a los fines de resguardar y tutelar la autonomía territorial del a Ciudad, tener detallado las condiciones en las que se autorizó, si así se hizo, el avance de fuerzas federales en el territorio de nuestra ciudad", sostuvo la legisladora en los fundamentos de la presentación.
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