El vocero presidencial Manuel Adorni informó que las organizaciones sociales que marcharon el pasado 20 de diciembre para manifestarse contra el plan de ajuste económico implementado por el presidente Javier Milei deberán pagar 60 millones de pesos por los gastos del operativo de seguridad aplicado.
En la conferencia de prensa que brinda diariamente, Adorni indicó que identificaron a 14 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, y consignó que el gasto por el despliegue del protocolo de seguridad con motivo de la marcha ascendió a 60 millones de pesos. "Será la factura que se le pasará a los movimientos sociales", confirmó el vocero presidencial y dijo que se van a intimar a las organizaciones "para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía".
Por otra parte, comunicó que se recibieron 16.150 llamadas en la línea 134, de las cuales 1.200 "se podrían relacionar directamente" con estas 14 organizaciones, a quienes acusan del delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de los planes sociales.
"Hemos realizado la denuncia en los Tribunales Federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales. Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 que efectivamente se da el detalle de quiénes son y en qué organización operan", informó Adorni.
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Cuáles son las 14 organizaciones sociales que mencionó el Gobierno
- Polo Obrero
- CCC
- Movimiento Evita
- La William Cooke
- MTR 12 de abril
- Cuba MTR
- Libres del Sur
- Dario Santillan
- La Dignidad
- FOL
- Barrios de pie
- Torres
- MTE
- Mov Patria Justa
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Protocolo Bullrich: cómo calcula el Gobierno los costos
El Protocolo Bullrich para "mantener el orden público" fue llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación por primera vez en la manifestación convocada por la Unidad Piquetera el pasado 20 de diciembre. Ahora, desde la cartera que lidera Patricia Bullrich indicaron a través de la Resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, cómo es el calculo de los costos que deberán enfrentar las organizaciones sociales.
La medida publicada hoy precisa que en la evaluación de los costos se debe tener en cuenta "las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo".
Asimismo, en los considerandos, se indica que el protocolo prevé que se "podrá demandar judicialmente a las organizaciones" así como a "las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".
"Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", dice la resolución.
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