El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, presentó el Presupuesto 2023 estimado en 6,9 billones de pesos y la Ley Impositiva en la Cámara de Diputados provincial. Para el año que viene se prevé un déficit primario de 1,2% y un déficit financiero del 3,7%, y habrá un pedido de endeudamiento por 168.000 millones de pesos, lo que representa menos del 3% del Presupuesto. Los mismos se pedirían a organismos internacionales y se destinarán a diferentes obras troncales.
El presupuesto, según detallaron, mantiene como ejes prioritarios de gestión “el incentivo a la producción, una mayor inclusión social, y mejoras en la infraestructura provincial”. El titular de la cartera de Economía expuso los principales lineamientos del presupuesto y afirmó: “Este proyecto de Presupuesto 2023 profundiza las políticas necesarias para avanzar hacia un desarrollo con inclusión en la Provincia. En ese sentido, hemos incrementado la inversión de capital sostenidamente entre 2020 y 2022, y proyectamos cerrar el año 2022 con un crecimiento real de 45,4%, lo que permitió situar los niveles de inversión un 80% más altos que en 2019”. A lo que sumó: “Para 2023 prevemos una nueva expansión real del gasto de capital del orden del 24%, que expresa la continuidad y congruencia de este modelo de Provincia: productiva, inclusiva e integrada”.
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Este es el segundo presupuesto con perspectiva de género en territorio bonaerense. “La incorporación de la perspectiva de género en la construcción del presupuesto parte de considerar que la desigualdad de género es estructural y requiere ser atendida de manera urgente”, dijo López.
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Los principales ejes de inversión para 2023
La producción, el empleo y la inclusión social serán uno de los tópicos centrales previstos para el año que viene. “El desafío principal es sostener y potenciar la recuperación económica ya iniciada para continuar incentivando la industria, el sector agropecuario y la creación de empleos formales”, dijo el ministro.
La inversión en políticas productivas ascenderá a $14.427 millones, lo que implica un incremento de 14% real respecto al 2022. Los Ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y el Instituto Cultural tendrán un rol clave en este eje, en conjunto con el aporte de la Banca Pública.
Para 2023 la inversión en políticas sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia alcanzará un máximo histórico: $283.733 millones. “Esto representa un incremento del 8% real respecto a este año y un 89% en términos reales respecto a 2019”, explicó López.
En tanto, en el proyecto de ley del presupuesto se plantea una inversión de capital total de $553.635 millones, aumentando un 24,9% en términos reales respecto de 2022. El 83% de dichos fondos serán destinados a educación, salud, seguridad, vivienda, vialidad, e infraestructura hídrica y energética.
“En 2023 se prevé seguir avanzando en las obras claves para la reconstrucción de la Provincia, que incluyen la construcción de estaciones transformadoras de energía; obras de vivienda; de vialidad como el mantenimiento de rutas y caminos rurales; obras de Iluminación, señalamiento y de seguridad vial; la construcción de plantas potabilizadoras de conducción de agua potable, acueductos, desagües pluviales y cloacas; obras de hidráulica, destinadas al mejoramiento y limpieza de cursos de agua en varios municipios de la provincia; entre otras”, explicaron desde Hacienda.
La salud es otro de los ejes del Presupuesto. “Mantener y consolidar los avances en materia de salud pública seguirá siendo una prioridad aún luego de la pandemia”, manifestó López.
La inversión no salarial para 2023 para el sistema sanitario, que incluye equipamiento, insumos e infraestructura, será de $162.350 millones, representando un incremento del 88% en términos reales respecto al año 2019 y de 5,8% respecto de 2022.
Durante la presentación, en la estuvieron la vicegobernadora, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, el ministro explicó qué se hará en la educación pública. “Los niveles de inversión en obras y equipamiento son históricos, superiores en un 435% en términos reales respecto de 2019 y del 48,8% respecto de 2022”, detalló López.
En 2023, el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación alcanzará los $1.827.587 millones, de los cuales $64.257 millones serán para obras y equipamiento. En particular, el presupuesto contempla $23.900 millones para el programa Escuelas a la Obra, $4.327 millones en tecnología educativa, y $3.273 millones para fortalecimiento edilicio de jardines.
Los ministerios de Seguridad y el de Justicia y Derechos Humanos contarán con un presupuesto total para equipamiento e infraestructura de $62.093 millones. Ello implica una mejora del 406% en términos reales con respecto a 2019. Se destacan $39.150 millones para equipamiento; $20.786 millones para la infraestructura penitenciaria; y $6.980 millones para infraestructura en Seguridad, entre otras.
Finalmente y con la creación del ministerio de Ambiente, se jerarquiza la política ambiental en la Provincia de Buenos Aires. Tal es así que cuenta con un presupuesto de $11.969 millones en 2023 y representa un aumento de 47% real respecto a 2022.
Ley Impositiva
La Ley Impositiva 2023, indicaron que “está diseñada sobre la base de la recuperación económica, y permitirá proyectar recursos que se canalicen a generar y sostener políticas públicas productivas con inclusión social”.
En el caso de Ingresos Brutos se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del incremento del 95% del monto máximo de facturación. Además, se incluye una exención por 12 meses a nuevos y nuevas contribuyentes del Régimen Simplificado.
En lo que hace al impuesto Inmobiliario se establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. La gran mayoría de los y las contribuyentes tendrán aumentos iguales o menores al 60%.
Sobre el impuesto Automotor se reduce la alícuota media a pagar por las y los contribuyentes, con un tope de crecimiento del gravamen de 40% que garantiza una disminución de la carga impositiva.
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