Presupuesto: el Gobierno de Milei busca sacar dictamen pero necesita de los gobernadores

Con los tiempos de ordinarias ya casi vencidos, el oficialismo convocó para este martes a reunión de comisión para emitir dictamen del Presupuesto 2025. Pero permanecían las dudas acerca de que pudiera reunir los votos necesarios porque los gobernadores no conseguían que el presidente Javier Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, atendieran sus reclamos y amenazaban con emitir un proyecto propio. El cruce de mensajes seguía hasta último momento -Milei y Caputo estuvieron en la reunión del G20, en Brasil- y no había certezas. En la Casa Rosada ya adelantaron que si no había consenso no tienen inconvenientes en volver a administrar con un presupuesto prorrogado, con lo que el Presidente contaría con mayores atribuciones para mover partidas a su gusto. 

Fue notorio el ritmo cansino que le imprimió el oficialismo a la discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda al proyecto. Los funcionarios desfilaron en forma espaciada, con pocas respuestas a los planteos de la oposición. "La propuesta de Presupuesto es la presentada por el Presidente de la Nación el 15 de septiembre", replicó Espert a una pregunta del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para dar por cerradas las especulaciones en cuanto a la incorporación de modificaciones. Luego de eso, el jueves pasado, hubo un encuentro de gobernadores dialoguistas en el CFI en el que pusieron en común sus broncas por la falta de respuestas a sus demandas por parte del Ejecutivo. Continuaron cruzando mensajes durante el fin de semana largo y sospechaban que este martes volverían a toparse con la negativa del ministro Caputo a los cinco puntos que llevaron como condición a su apoyo.

"Hemos conversado con los gobernadores por el Presupuesto, mostraron una predisposición a avanzar. Tienen claro que la posición del Gobierno es mantener el equilibrio fiscal. Si hay una presión para un mayor gasto de recursos o se pretenden modificar el cálculo tributario, la verdad es que el Gobierno no está preocupado porque se apruebe el Presupuesto. Debiera aprobarse porque es lo que corresponde institucionalmente", advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con El Destape Radio. Desde hace días, el Ejecutivo desliza la amenaza de que, en realidad, tienen que ser los gobernadores quienes deberían preocuparse por la aprobación del Presupuesto porque así se garantizarían los recursos, aunque los consideren escasos. De lo contrario, quedaría en manos del Presidente la atribución de distribuirlos. Sería la primera vez que un presupuesto se prorroga por segunda vez consecutiva.

Ante esta negativa, una vez más los gobernadores dialoguistas amenazan con rebelarse junto a los bloques del PRO, Encuentro Federal, UCR y Democracia para Siempre, donde tienen mayor influencia. Gracias a esa influencia, la semana pasada ayudaron al oficialismo a evitar el quórum en la sesión especial que habían convocado en Diputados para modificar la ley de DNU y rechazar el decreto que modificó las condiciones de canje de deuda. El presidente de la Cámara, Martín Menem, y el propio Francos, los llamaron para advertirles que si apoyaban esa sesión, se caían todos los acuerdos por el Presupuesto. Los gobernadores cedieron pero los acuerdos presupuestarios se cayeron igual. Para el Gobierno un win-win, para los gobernadores un lose-lose.

En las últimas semanas, Milei fue recibiendo por tandas a los mandatarios provinciales, en el inicio de un diálogo que le venían reclamando dede su asunción. Los gobernadores plantearon allí -a vuelo de pájaro- los problemas más graves de sus provincias, con algunos reclamos generales como la reanudación de la obra pública y las deudas a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Respecto a lo primero, el Gobierno prometió ir estudiando cada caso. Respecto a lo segundo, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, lanzó un sistema de compensación por el cual -en caso de que Nación efectivamente sea quien esté en deuda- se puedan compensar mediante inmuebles o terrenos fiscales. 

Sin embargo, las promesas generales que recibieron en su paso por los despachos de Presidencia y de Economía no los vieron concretados en el proyecto de Presupuesto que el oficialismo quiere poner a votación este martes. Espert avisó que el proyecto que se votaría era el que se había enviado, sin modificaciones. Los gobernadores se quedaron sin saber para qué los convocaron a charlar si sus inquietudes no serían tomadas en cuenta. Para más, los mandatarios provinciales que pertenecen al PRO y a la UCR creen que el Gobierno tiene favoritismo por sus colegas de origen peronista que hoy se muestran cercanos al oficialismo como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua. Ellos cuatro fueron los primeros en ser recibidos en la Casa Rosada y quienes resultaron más favorecidos en el reparto discrecional de ATN.

Enterado, Mauricio Macri habilitó a Cristian Ritondo, su jefe de bloque, a preparar un dictamen propio de Presupuesto con redacción de Luciano Laspina. Encuentro Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, ya había preparado el suyo, que incluye aumentos a jubilados y universidades, y los radicales de Rodrigo de Loredo también pensaban en alguna variante. Todos ellos insistirán con la agenda de cinco puntos que plantean los gobernadores, dos de ellos con fallos judiciales que los respaldan como las ya mencionadas compensaciones a las provincias que no transfirieron las cajas jubilatorias y a las deudas que persisten del pacto fiscal 2017. A eso, le agregan que se coparticipe el impuesto a los combustibles que se supone que debería destinarse a obra pública, lo mismo con lo que retenía la AFIP, hoy disuelta, y, por último, que no haya favoritismos en el reparto de los ATN.

Unión por la Patria va con su propio dictamen, que podría ser el más votado si el oficialismo y sus habituales aliados se dividen. Si hay dictamen de mayoría -necesitan 25 votos-, se trataría en el recinto el jueves. En caso de que haya acuerdo, tendrá su media sanción y pasará al Senado para que se apruebe en la última semana de sesiones ordinarias, que terminan a fin de mes, sin indicios de que el Gobierno piense en convocar a extraordinarias. En cambio, si no hay consenso por el Presupuesto, la oposición buscará conseguir quórum para la sesión especial para reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, la misma que intentó la semana pasada y fracasó por culpa de los gobernadores. Habrá que esperar para saber qué tanto enojo acumularon esta vez los gobernadores amigos.