El año comienza con todas las desigualdades a la vista. En el 2020 quedó marcado el mapa de los dramas sociales que golpean a la Argentina y muestra, además, un camino repleto de derechos vulnerados y demandas urgentes. Ahora toca gobernar lo conocido mientras el mundo entero sigue en alerta por la pandemia.
El pronóstico del 2021 es reservado. En el gobierno advierten que la situación social vive al borde del colapso y, mientras intentan contener la emergencia social profundizada por la pandemia, trazaron una estrategia para el nuevo año con el objetivo de comenzar a revertir las principales injusticias.
En el Presupuesto 2021 no está previsto un “paquete COVID” y se “redefinen prioridades” para potenciar programas que colaboren directamente con el avance de la estimada recuperación productiva y del empleo, según informaron fuentes oficiales.
La expectativa está puesta en la recuperación o reconstrucción de la actividad económica que empuje hacia arriba a quienes quedaron ahogados por una crisis histórica a nivel global. Según las proyecciones estimadas por el gobierno, la economía se recuperará con un crecimiento de entre el 5 y 5.5%.
Mientras los próximos meses estarán atravesados por la campaña de vacunación, nadie puede descartar nuevas restricciones y suspensiones de actividades si llegan una segunda o tercera ola de contagios. En la Casa Rosada ya calculan y aseguran que habrá recursos para asistir a los sectores más golpeados por la crisis.
No hay margen para ajustes. El gasto primario real del Estado crecerá un 7,6% respecto a 2020 sin las erogaciones extraordinarias y necesarias para afrontar el impacto de la pandemia, y también respecto a 2019 en 8,4% en términos reales. Con esos números, en el oficialismo aseguran que el único ajuste previsto para este año está en la reducción del pago de los intereses de la deuda. Esos recursos se destinarán a inversión pública, programas sociales, salud, educación y desarrollo, ciencia y tecnología.
La urgencia también deberá estar concentrada con especial atención en las políticas relacionadas con niñez y adolescencia. El dato más alarmante de la crisis social es el de pobreza infantil: el 64,1% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de esa línea, y el 16% vive en hogares con ingresos de indigencia, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Ante ese panorama dramático en la vida de los menores de edad, en el tramo final del año se anunció la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que incorpora entre 700.000 y 1.000.000 de niños y niñas que no accedían a ese derecho que instrumenta la ANSES, en gran medida por falta de documentación.
En la madrugada del 30 de diciembre se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de los Mil Días, junto con la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone una ampliación de derechos para las personas gestantes que consiste, fundamentalmente, en la ampliación de la Asignación Universal por Embarazo por tres meses adicionales para cubrir los nueve meses de embarazo, una asignación anual por salud para cada niño o niña hasta que cumple los 3 años de edad y la extensión de la asignación por nacimiento o adopción a todas las y los trabajadores, incluso aquellos que se desempeñan en el mercado informal de trabajo.
Se anunció también la creación de 800 nuevos jardines para niños y niñas desde los 45 días a los 5 años, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de ingresar al sistema educativo desde los primeros pasos y así disminuir la desigualdad. Para este año está prevista la construcción de 300 centros de desarrollo infantil en distintas localidades del país, seleccionadas por el nivel de necesidad, para estimular la educación temprana y colaborar con la inserción laboral de las mujeres.
Desde el ministerio de Desarrollo Social lanzaron el programa Potenciar Inclusión Joven que otorga becas de hasta doce meses a las personas que están entre los 18 y los 29 años. Reciben 8500 pesos para poner en marcha proyectos productivos o comunitarios o culturales con el objetivo central de acompañarlos desde el Estado en el ingreso al mercado laboral y en su formación profesional.
La hoja de ruta para auxiliar y sacar del fondo a las millones de personas que viven en la pobreza se estructura en tres políticas públicas centrales que tendrán continuidad.
En el ministerio que conduce Daniel Arroyo, con fuerte participación de las organizaciones sociales en la gestión, destacan que el plan Argentina Contra el Hambre es considerada la herramienta principal. La Tarjeta Alimentar llegó a un millón y medio de familias, en su mayoría madres jóvenes con chicos menores de seis años. Entre los meses de enero y octubre del 2020 se destinaron $74.700 millones a esta política lo que representa un 0,3% del PIB, según datos oficiales.
El desafío es mejorar la educación alimentaria para que se priorice el consumo de leche, carnes, frutas y verduras para mejorar la nutrición de niños y niñas. También se mantendrá la cobertura de asistencia alimentaria que en 2020 se amplió hasta llegar a unas 11 millones de personas en un trabajo coordinado con la red comunitaria que existe en cada barrio.
El segundo eje, pero no por eso menos importante, será profundizar el plan Potenciar Trabajo, que hoy alcanza a unas 700 mil personas que llegan al mercado laboral de la mano del Estado en cinco rubros: la construcción, la industria textil, la economía del cuidado, el reciclado y la producción de alimentos. El objetivo es reactivar el mercado desde abajo, fortalecer los mercados de cercanía y la producción en la economía popular. En 2020 se realizaron más de 80 mil altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no pudo recuperar su nivel de actividad.
Y en tercer lugar está la tarea de urbanizar los barrios populares. El objetivo es llegar a 400 por año de un total de 4400 relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El área pasó al ministerio que conduce Daniel Arroyo y tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos para la formulación, elaboración e implementación de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscritos, y la ejecución de proyectos de obras tempranas.
Los trabajos deberán adjudicarse en un 25%, como mínimo, a las cooperativas de trabajo o grupos asociativos de la economía popular integradas, en lo posible, por los propios vecinos de esos barrios.
La construcción de obra pública y viviendas se perfila como una de las columnas centrales a las que apuesta el gobierno nacional para reactivar el mercado laboral. En esa línea, el protagonismo lo tendrá el el programa “Casa Propia – Construir Futuro", anunciado en diciembre por Alberto Fernández. El objetivo oficial para la gestión del ministro Jorge Ferraresi es realizar 264 mil soluciones habitacionales con distintas temáticas en los próximos tres años.
Se proyectaron 220 mil unidades habitacionales a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear, del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), del Programa Provincias y Municipios, y del programa Reconstrucción Argentina. Además, generar 20 mil lotes con servicios para aquellas familias que no cuentan con un terreno, y brindar 24 mil créditos para construcción.
En el presupuesto para el segundo año de gobierno del Frente de Todos también se estima una recuperación real de los salarios que estimule el consumo, una variable imprescindible porque representa el 70% del PBI de la Argentina.
En esa línea es que se relanzó el REPRO II, el Programa de Recuperación Productiva, a cargo del Ministerio de Trabajo, que otorga subsidios de $9.000 por cada trabajadora y trabajador para el pago de los salarios de empresas privadas con dificultades puntuales en la recuperación
En el gobierno nacional también destacan que se sostiene, además, la política de medicamentos gratuitos del PAMI que alcanza a 2,3 millones de jubiladas y jubilados que perciben un ahorro promedio mensual de entre $1.000 y $3.200 cada uno. El 90% recibe al menos un medicamento y 4 de cada 10 reciben todos de manera gratuita. Este programa implica un esfuerzo fiscal por parte del Estado Nacional en torno a los $7.800 millones mensuales.
Como antecedente quedó un año atípico en el que desde el Estado se invirtieron casi $133 millones por hora en asistencia social a personas y empresas. La suma total destinada a las provincias mediante medidas como el IFE, el ATP, créditos o bonos, superó los $740.000 millones de pesos, equivalente al 2.8% del PBI.
El desafío es enorme y sobran variables que pueden modificar un panorama volátil en un mundo que atraviesa las peor crisis económica, social y sanitaria del último siglo, pero en gran medida dependerá de la voluntad y la capacidad política del gobierno de Alberto Fernández que la situación social termine el año mejor de como comienza.
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