El dirigente del Polo Obrero Jeremías Cantero es uno de los blancos del fiscal Gerardo Pollicita y el Gobierno de Javier Milei. Por orden judicial, lo allanaron y su celular será peritado en el marco de la causa en la que se lo investiga por posible extorsión a beneficiarios y beneficiarias de planes sociales, como el Potenciar Trabajo que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En medio de fuertes reclamos por el recorte de la asistencia social y del alimento para los comedores populares, Cantero se defendió durante una entrevista con El Destape Mundo AM 1070 y explicó la dinámica de la organización dirigida por Eduardo Belliboni. Denunció que, en realidad, "el Estado es el que le sacó la comida" a las personas.
Según figura en la solicitud de indagatoria del fiscal Pollicita, Cantero era el encargado de coordinar el funcionamiento de “varios comedores en esta ciudad [por la Capital Federal] e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”. En lo formal, se desempeñaba dentro de la estructura jurídica de la “Asociación Civil Polo Obrero”, en donde Cantero figura como titular en la Comisión Revisora de cuentas o como vocal suplente, dependiendo el período observado.
"Puede ser que haya alguna persona que incurra en alguna conducta de corrupción, si eso ocurre en nuestra organización será separado por las asambleas. Como en cualquier ámbito, hay abogados corruptos, en nuestra organización son separados los que llevan adelante métodos punteriles", aseveró Cantero.
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El dirigente explicó que los programas sociales "se encuentran congelados" y, frente a este ajuste y en medio de la actual crisis económica, lo que se hace en los barrios es "conformar listas de espera para reclamar la ayuda social para que llegue a la totalidad de quienes la necesiten". Según dijo, "es responsabilidad del Gobierno realizar una evaluación para determinar si corresponde o no otorgar una ayuda social a esa persona". Sin embargo, esa práctica no se lleva a cabo. "No hay ningún tiempo de evaluación, los programas están congelados, a pesar de que la pobreza no para de crecer", sentenció.
Además, apuntó que desde que asumió el Gobierno ultraderechista de Javier Milei "se han sumado 4 millones de personas a la pobreza y hay millones que caen en la indigencia y no tienen para comer". En esa línea, opinó que esta gestión "tiene directamente una política de destruir todo tiempo de asistencia social, ya eliminaron la comida a los comedores populares y el programa que era el Potenciar Trabajo, que no es que soy un defensor, porque lo que acá hace falta es trabajo genuino con todos los derechos que corresponden pero es el único programa que existe y la única ayuda que tienen algunas familias".
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Al ser consultado si él extorsionó a personas para que asistan a las movilizaciones bajo la amenaza de que les cortarían los programas sociales explicó: "El único que tiene la posibilidad de dar baja a los programas sociales es el Gobierno" y aclaró que, pese a que puede que haya algunas personas que no conozcan esa información la dan a conocer en sus espacios de trabajo, específicamente en Rivadavia 1, La Carbonilla y Mariano Ferreira, lugares que quedaron bajo la mira de la Justicia.
Por el contrario, alegó que el que "viene dando bajas" es el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello. Más de 50 mil personas ya cayeron en el recorte desde enero. Y catalogó algunas situaciones como "muy injustas y discriminatorias, pese a que después salieron a decir que el 30 por ciento eran un error". Allí, contó, muchas eran familias: "Hay una compañera con tres chicos que vivía en La Quiaca (Jujuy) y cruzó a Villazón (Bolivia), dos ciudades que son parte de una misma comunidad, pero le dieron de baja el programa social por considerarlo un viaje. A otras se los cortaron por haber viajado a visitar a un familiar enfermo", relató.
Al ser consultado por el aporte 2% solicitado a las familias, señaló que los comedores tienen que autosustentarse y que ese aporte es "solidario". "Algunos podrá pagar menos, otros no podrán y está todo bien", dijo.
Además, sumó que hay un "registro de participación que muchas veces tiene que ver con cuestiones de seguridad", pero no sólo con ello, sino también para llevar un estado de situación "en algún comedor reciben alguna ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Un comedor donde antes comían 100 personas ahora comen 10 y lo que hacemos es reclamarle al Estado, el que le sacó la comida es el Estado. Lo que hacemos es reclamarle. Cuando reclamamos, nos movilizamos y cuando nos movilizamos, nos tiran balas de gomas. Entonces lo que quieren es que el pobre ni siquiera tenga la posibilidad de ir y anotarse en un comedor", dijo.
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