Un conjunto de asociaciones de juristas y abogados laboralistas presentaron un amparo este domingo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que el presidente Javier Milei firmó el 12 de diciembre. Los firmantes pidieron que el decreto se declare "inconstitucional" y que se dicte una "medida cautelar urgente de NO INNOVAR" y argumentaron que la disposición nacional viola una decena de artículos de la Constitución Nacional.
El escrito está dirigido a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y le piden expresamente a la justicia que suspenda la aplicación de DNU "en todo su articulado" y que mantenga el "régimen vigente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que aquí se plantea".
La acción de amparo lleva la firma de la abogada Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas; Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas; Matías Ignacio Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina; Sabina Frederic, presidenta de la asociación civil Instituto de Políticas sobre Delitos de Seguridad y Violencia en Foco e Iris Pereyra de Avellaneda, presidenta de la asociación civil Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
MÁS INFO
El amparo denuncia el quebrantamiento de principio constitucionales superiores, “tales como el respeto a la división de poderes, la forma republicana de gobierno y la división tripartita del Poder Constituido” y advierte “una severa crisis
institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional de los intereses de los distintos colectivos que integran las asociaciones que aquí representamos”.
“El decreto aquí impugnado importa en su contenido material en orden a las normas que pretende afectar, múltiples e intolerables violaciones a las garantías constitucionales, los derechos humanos, y al bloque federal de convencionalidad en su conjunto, por lo que generará y una gravísima conmoción social, y vulneración a la soberanía nacional y de su territorio nacional”, apunta.
En este sentido, solicitaron “la suspensión de la aplicación del DNU 70/23 en todo su articulado, manteniendo el régimen vigente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. El documento enfatiza en que "estamos frente a un DNU que implica derogar y modificar más de 80 leyes con carácter permanente y general que el Congreso no la podría hacer con la aprobación de una de las cámaras. Si se permite al Poder Ejecutivo, constituiría una violación flagrante de la organización federal y democrática del sistema de gobierno dispuesto por la Constitución Nacional".
"Se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y de toda normativa o acto que derive de su vigencia o dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts.29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3), por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes", agrega el amparo.
Y completa: "Para el caso de corresponder, se solicita se declare para el tratamiento parlamentario del DNU 70/2023, la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 26.122 por violar los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en nuestro régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que informan todo el texto constitucional y están particularmente presentes en los arts. 1°, 29, 76, 82y 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional"