Luego de que la semana pasada realizaran un paro de 48 horas, los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe no retroceden ni un centímetro en su plan de lucha contra la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro. En asamblea y por amplia mayoría, los empleados definieron una nueva medida de fuerza para este miércoles 13 y realizarán un cese de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo.
El hall de los tribunales de la ciudad fue otra vez el escenario para que los judiciales pronuncien su malestar contra el Gobierno provincial: exigen mejoras salariales, un cronograma de ascensos, ingresos y promociones y, a su vez, rechazan la reforma jubilatoria que la Legislatura sancionó meses atrás de manera polémica.
El representante del sindicato de Judiciales, Juan Pablo Langella, afirmó que "se decidió un paro por 24 horas en toda la provincia de Santa Fe, esperando los decretos que se comprometieron oportunamente el señor ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el ministro de Economía, Pablo Olivares".
En ese sentido, adelantó que, en caso de que no se realice la firma de los decretos adeudados, continuarán con las medidas de fuerza. "Estaremos todas las semanas", confirmó el gremialista en diálogo con AIRE de Santa Fe. Son unos 118 decretos paralizados por el Ejecutivo, que afectan a unos 535 trabajadores judiciales.
Como consecuencia, los tribunales santafesinos encendieron las alarmas: realizaron tres paros durante octubre, noviembre comenzó de la misma manera y es la primera vez en 30 años que los empleados llevan adelante estas medidas drásticas. En diálogo con El Destape, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, Jorge Perlo, recordó que "las últimas luchas fuertes fueron en los 90", cuando hubo tres o cuatro semanas seguidas de medidas de fuerza hasta que en 1994 se sancionó la "Ley de Enganche", el mecanismo por el cual actualizan sus sueldos.
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En tanto, también apuntó contra la polémica reforma previsional que fue aprobada en septiembre pasado, que vulnera los derechos de los trabajadores y jubilados con la justificación de sanear "el déficit" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. A partir de las desprolijidades e improvisaciones del oficialismo y la complicidad de algunos miembros de la oposición en la Cámara baja, Pullaro logró la luz verde a la Ley 14.238, justificándose en que se alcanzará una reducción de entre un 20 y 30% de las pérdidas.
Con la sanción de la reforma del sistema previsional, Perlo advirtió que los empleados del Poder Judicial "empezaron a cobrar menos", debido a que el nuevo aporte a la Caja ronda entre el 15 y el 21%. "Nos saquean el bolsillo", apuntó, a la vez que expuso que un salario de un ingresante "se encuentra en los 800 mil", pero "le quedan en mano 650".
Santa Fe: discrepancia con el Colegio de Abogados por las reiteradas medidas de fuerza
El proceso de lucha sindical perdió algo de respaldo interno entre empleados que no esperan titularizaciones y que ya bajaron la guardia tras el pago de los retroactivos. Desde la Federación de Colegios de la Abogacía de la provincia de Santa Fe vienen solicitando al Sindicato el levantamiento de la medida de fuerza y a la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de suspender los términos. En distintos comunicados, aseguraron que los perjudicados terminan siendo "los propios santafesinos".
“Exigimos se priorice el bien común: basta de medidas de fuerza que lo afectan. Advertimos los graves perjuicios que genera la paralización de actividades en el Poder Judicial, como la privación de acceso a la justicia para la ciudadanía santafesina, lo que implica quebrantar la convivencia social”. La nota fue dirigida a la Corte Suprema y la situación empieza a tomar otra consideración.
Al respecto, Langella agradeció las muestras de solidaridad que llegaron desde distintas partes de la Provincia y apuntaron contra el comunicado de los abogados. "Lo que ocurre es que las autoridades del Colegio de Abogados se expresaron a favor de la ciudadanía, pero nosotros también lo somos y defendemos la Constitución provincial y, por lo tanto, los derechos laborales", afirmó Juan Pablo Langella.
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