No hubo sorpresas. Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri tienen control absoluto de la Legislatura porteña y hoy lograron que se sancione una ley que habilita que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño se entrometa en causas que tramitan a nivel nacional. Es inconstitucional y su objetivo claro: desde beneficiar a Macri en la causa Correo hasta que la Justicia porteña, dominada por el PRO y el radicalismo, intervenga en cuestiones laborales, comerciales y civiles en línea con la política antiderechos y del empresariado concentrado.
La maniobra viola tanto la Constitución como varias leyes y la jurisprudencia actual. A Larreta no le importó. Metió de contrabando el tema en un proyecto que buscaba simplemente regular las audiencias y notificaciones virtuales y su mayoría automática levantó la mano. Tuvo 38 votos a favor.
La jugada no es menor: plantea que toda causa que tramite en un Juzgado Nacional que tenga domicilio en la ciudad de Buenos Aires en lugar de tener como tercera instancia la Corte Suprema vaya al TSJ porteño. En Capital hay asentador Juzgados Nacionales de los fueros Comercial, Laboral, Civil y Criminal y Correccional.
El TSJ porteño responde directo a Macri. Tiene una mayoría automática que conforman Inés Weinberg, que Macri quiso colocar como Procuradora durante su presidencia; Santiago Otamendi, que fue viceministro de Justicia de Macri en la era del lawfare; y Marcela de Langhe. El fiscal general de la ciudad no es otro que Juan Bautista Mahiques, el armador de la persecución judicial durante el macrismo que encontró cobijo de Larreta ante la derrota electoral de 2019. Macri confía en ese equipo y quiere que el caso Correo esté bajo su custodia. Ahora Rodríguez Larreta y su legislatura dócil sancionaron una ley en ese camino pese a que choca con la legislación nacional.
“¿Por qué no se sinceran y nos traen los fallos ya escritos también? Esto es un escándalo” publicó la legisladora Lucía Cámpora luego de la sesión. Detalló distintas causas donde Larreta, Macri y también su socio porteño Martín Lousteau buscan este camino de Justicia a la carta. Uno de los casos que encontró se refiere a la empresa Pedidos Ya, que recurrió ante el TSJ porteña contra un fallo de la Justicia Nacional que reconocía la relación laboral con el repartidor. No es casual que quienes promueven esto son los mismos que hablan de la libertad de despido sin indemnización.
Entre los rechazos a esta maniobra figura el de la Cámara Nacional del Trabajo, que apenas se votó esto en la legislatura difundió una resolución donde expresó su “profunda preocupación” y dijo que la escribanía de Larreta ejerce un “evidente exceso de sus prerrogativas constitucionales”.
La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio hizo público su rechazo a esta modificación ya que “abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia Nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as”.
“La intención ya expresada por Larreta y Lousteau de que los trabajadores/as no tengan protección contra el despido arbitrario -y con el despido libre para las empresa los trabajadores/as pierden todos sus derechos- encuentra un camino alternativo en este proyecto: si mantienen derechos y la Justicia Nacional del Trabajo se los reconocer, la intervención posterior del Tribunal Superior de la CABA se los desconocerá”, sostienen desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio que preside Gustavo Ciampa.
La abogada Natalia Salvo, también referente de la Corriente, afirmó que esto significa "la muerte de la independencia de poderes, la garantía de impunidad para la causa correo y la destrucción de los derechos laborales".
El otro caso en el cuál esta maniobra busca influir es evidente: lo que votó la Legislatura porteña es un calco de la estrategia de los Macri con el Correo. Como la Justicia Nacional dejó de serles lo servicial que fue en los últimos 20 años ahora pretenden que el caso pase a la Justicia porteña, tal vez para que sume otras dos décadas sin resolverse y nunca paguen su deuda con el Estado. La decisión está actualmente en la Corte Suprema.
Los Macri insisten en que el TSJ porteño intervenga en el caso Correo Argentino, en el expediente donde tramita la deuda que tienen con el Estado Nacional desde hace 20 años y donde la jueza Marta Cirulli (jueza nacional) decretó y luego suspendió la quiebra de la empresa. El TSJ aceptó entrometerse, las juezas Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini (de la Cámara Nacional en lo Comercial) rechazaron la intromisión y el caso fue a la Corte Suprema, que ahora tiene que definir. Hasta el procurador interino Eduardo Casal, que firma con un sello del PRO, ya opinó que el TSJ no tiene competencia sobre un caso que tramita a nivel nacional.
Para justificar esta maniobra se utiliza el caso Levinas. Es por Gabriel Levinas, que fue denunciado por la familia del artista León Ferrari. El actual panelista televisivo había recibido 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, le prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.
Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo entonces la misma jugada que ahora quieren hacer los Macri: apeló ante el TSJ porteño para sacar el expediente de la órbita nacional. Al igual que con el caso Correo el procurador interino Casal dijo que el TSJ no puede meterse. Pero ambos están en manos de la Corte. Y mientras Larreta y Macri sacaron esta jugada de la Legislatura.
Desde la Asociación de Magistrados difundieron un comunicado donde rechazaron esta iniciativa de Larreta y Macri y afirmaron que se trata de "otro avasallamiento pretendiendo vulnerar las competencias de nuestra Constitución Nacional". El juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación, sostuvo en El Destape Radio que “la legislatura de la ciudad no tiene competencia para tratar el traspaso de causas al Tribunal Superior de Justicia”, que esto “viola la Constitución” y advirtió que trabajarían para impedirlo.
La lista Celeste de la Asociación de Magistrados, el sector más progresista, también advirtió que la Legislatura no tiene facultades para hacer esto y que esto “no sólo es contrario a toda lógica sino que además es una decisión violatoria de la Supremacía Constitucional, cualquiera sea el punto de vista donde se lo mire”.
El Colegio Público de Abogados de Capital Federal emitió un duro comunicado donde advirtió que esto vulnera “de manera siniestra la letra y el espíritu de nuestra Carta Magna”, dijo que esto rememora a intentos de “autonomía secesionista” y que “se intenta mediante un proyecto de ley la vulneración de la regla de la doble vía antes de intentar llegar a la CSJN e introducir inconstitucionalmente una tercera”, el TSJ porteño controlado por Larreta y Macri.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) repudió la maniobra y afirmó que “muestra el apuro y la desesperación de Horacio Rodríguez Larreta por controlar el Poder Judicial”. Para el Frente de Abogados Populares (FAP), la maniobra “persigue el sometimiento de la Justicia Nacional a la justicia porteña, digitada por quienes formaron parte de la Mesa Judicial de la Alianza Cambiemos, y cimentada en el absoluto control que sobre ella ejerce el Poder Ejecutivo de la Ciudad”. Agregaron que “el TSJ, integrado casi en su totalidad por militantes orgánicos de Cambiemos – entre ellos, Otamendi, ex secretario de justicia de Macri, y miembro activo de su Mesa Judicial- y so pretexto de defender la autonomía de la CABA, vienen realizando un avance sistemático por cada uno de los fueros nacionales” y que “el traspaso de la Justicia Nacional a la CABA no fue establecido ni por la Constitución Nacional ni por la denominada Ley Cafiero”.
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