La jueza Ana María Figueroa presentó un duro escrito ante el Consejo de la Magistratura donde denunció una maniobra orquestada entre la Corte Suprema y varios de sus colegas de la Cámara de Casación para desplazarla de su cargo justo antes de que interviniera en la reapertura de dos causas contra CFK. Afirmó que la Corte violó la ley, que los jueces de Casación liderados por Mariano Borinsky tomaron por asalto la Presidencia de ese tribunal que estaba a su cargo, y resaltó que es víctima de violencia de género ya que todos los ejecutores de esta maniobra son varones que en casos similares actuaron al revés con jueces hombres. En el escrito, al que accedió El Destape, Figueroa reclama recuperar su cargo tal como establecieron el Congreso y el Poder Ejecutivo. Como esto lo tiene que definir el Consejo de la Magistratura Figueroa recusó a Rosatti, presidente por asalto del Consejo, y a Diego Barroetaveña, que participó de todo este armado, para que no intervengan en la decisión final.
La historia es conocida: la jueza Figueroa iba a cumplir 75 años en agosto. En abril anunció su intención de continuar en el cargo por 5 años más. Tal como establece la Constitución, el presidente Alberto Fernández envió el pliego de Figueroa al Senado para pedir un nuevo acuerdo por 5 años. Los senadores podían rechazar el acuerdo pero la oposición eligió otro camino: como no tenía los votos para rechazarlo se negaron a tratarlo. Apenas la jueza cumplió los 75 años intervino la Corte Suprema que por una simple resolución administrativa y sin ningún caso judicial dispuso el cese de Figueroa en su cargo en Casación, algo inédito, sin precedentes y por fuera de toda ley. La remoción de un juez es potestad del Consejo de la Magistratura, no de la Corte y menos por un papel administrativo que se usa para otorgar vacaciones o comprar una resma. Justo después de que Figueroa quedó afuera los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña reabrieron las causas Memorándum con Irán y Hotesur contra CFK.
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"Si bien tengo la ocasión de expresar que no considero ajustada a derecho las decisiones adoptadas por los señores jueces ROSATTI y BARROETAVEÑA, de todos modos, constituye un dato objetivo e incontrastable que tomaron parte en la ejecución de la controvertida maniobra que denuncio", denunció Figueroa.
La jueza Figueroa pide lo obvio: que se cumpla la ley. El Congreso ya definió su continuidad y el Presidente ya firmó el decreto para que vuelva a su lugar en la Cámara de Casación. Cita, de hecho, 9 casos en los cuales el Congreso demoró su decisión, en el interín el juez en cuestión cumplió los 75 años límite que marca la Constitución pero se quedó en su despacho hasta que se resolviera como corresponde.
En el escrito al que accedió El Destape, la jueza Figueroa le pide al Consejo de la Magistratura que "tenga a bien disponer de los medios necesarios para que se ordene la inmediata mantención en mi cargo" y dice que su trabajo como jueza fue "turbado de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
¿A que se refiera con "turbado de facto" por la Corte? A que el máximo tribunal del país se sumó a la campaña mediática que quería a Figueroa fuera de Casación porque iba a intervenir en dos causas clave contra CFK: Memorándum con Irán y Hotesur. La entente del lawfare buscaba reabrir estas dos causas armadas, donde CFK ya fue sobreseída por inexistencia de delito. Tenía que decidirlo con otros 2 jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, ambos designados por Macri.
Hay dos versiones, ambas verosímiles. Una que la votación iba a salir 2 a 1 en favor de reabrir los expedientes pero que el voto de la jueza Figueroa, que ya tenía escrito y guardado en su caja fuerte, iba a dejar expuesta la orfandad de argumentos jurídicos de la maniobra electoral cuyo único objetivo era poner de nuevo a CFK en las tapas de los diarios. La otra que iba a salir 2 a 1 en contra de reabrir esas causas armadas y que la avanzada para desplazar a Figueroa tenía el doble efecto de anular su voto y de panquequear a otro de los jueces a través del miedo.
En un planteo inusual, ya que generalmente los jueces tienden a no enfrentarse con la Corte por temor a represalias, la jueza Figueroa es muy dura con Rosatti y sus colegas del máximo tribunal. Dice que la resolución administrativa con la que la Corte la sacó de su cargo fue "al margen de la ley y de inusitada gravedad institucional", que fue "un simple acto administrativo sin base legal y por ello nulo, por la falta de competencia de la CSJN para cesar a una magistrada, interpretando sin caso judicial", que es "especialmente agraviante que con el dictado de una resolución administrativa se vulnere la división de poderes con interpretaciones por fuera de la Carga Magna, sin competencia o atribuciones constitucionales por quienes la suscribieron -a través de una vía administrativa y sin caso judicial-, y que se pretenda negarle ejecutoriedad a decretos con legítimo origen y conforme atribuciones del Presidente de la Nación y del Honorable Senado de la Nación".
"Los jueces federales y nacionales somos funcionarios de alto rango e independientes -siguió Figueroa-, por lo tanto no debemos ser tratados como empleados cuya investidura es cesada por una resolución administrativa. Pues conllevaría su negación de estabilidad, y su sometimiento a las órdenes arbitrarias y al margen de la ley. En un sistema republicano, los jueces y las juezas de la Nación no somos empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Frente a todo esto, como Figueroa le reclama volver a su cargo al Consejo de la Magistratura, surge otro inconveniente: ese organismo fue tomado por asalto por le propio Rosatti, que preside a la vez la Corte y el Consejo también por fuera de la ley. "Por elementales cuestiones de decoro, solicito la abstención de cualquier intervención del doctor ROSATTI en la decisión definitiva a adoptar por el Plenario pertinente", dice el escrito de Figueroa. Pide lo mismo sobre Barroetaveña, a quien identifica como parte de la maniobra y que es consejero de la Magistratura por los jueces.
Un capítulo aparte es el rol de los otros jueces de la Cámara de Casación en la maniobra para desplazarla. Figueroa lo detalló así: "el día posterior a mi cumpleaños 75 (10/08/2023), por parte de la Cámara Federal de Casación Penal impulsado por los jueces Mariano BORINSKY quien de facto se constituyó en Presidente del cuerpo, Diego BARROETAVEÑA, Guillermo YACOBUCCI, Daniel PETRONE y Gustavo HORNOS, realizaron una reunión clandestina, sin publicación previa, fuera del espacio institucional de la Sala de Acuerdos, en el despacho del primero de los nombrados, cuando la suscripta me hallaba en mi lugar de trabajo y en funciones como Presidenta del cuerpo, y modificaron de hecho la composición de superintendencia (es la tarea de control administrativo a cargo de la Presidencia de Casación, que ejercía Figueroa)".
En criollo: Figueroa denuncia que sus colegas Borinsky, Barroetaveña, Yacobucci, Petrone y Hornos fueron parte de la maniobra para sacarla del medio. Borinsky y Hornos eran los que se reunían con Macri en la quinta de Olivos justo antes de reabrir por primera vez la causa por el Memorándum con Irán, justo la misma que ahora reabrieron Barroetaveña y Petrona. En el mismo lodo.
En su escrito la jueza Figueroa dedica varias páginas a la cuestión de género. "En lo personal fui víctima de violaciones de derechos y especialmente agraviada por una cuestión de género donde los actores de la judicatura, de ambas instancias, fueron todos varones que actuaron discriminatoriamente en mi contra por ser mujer independiente", planteó. Detalló que los varones que se reunieron clandestinamente para apartarla pusieron como excusa que no le daba tareas en causas a su personal cuando saben bien que el Presidente de Casación no interviene en causas mientras dura su mandato y que nunca le hicieron ese planteo a un presidente varón de ese tribunal.
"En el presente caso denota que es poco tolerado la participación de las mujeres como pares; son aceptadas las que se asumen dentro de los roles estereotipados, sumisas, 'femeninas', no así las mujeres autodeterminadas que trabajamos por la independencia del Poder Judicial, en estricto acatamiento a la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", afirmó Figueroa.
El final sigue abierto, ya que su regreso depende del Consejo de la Magistratura, manejado por Rosatti.