La arena judicial es uno de los territorios que sin duda mejor conoce el presidente Alberto Fernández. Sus años como profesor universitario de derecho, su formación como discípulo de Esteban “el Bebe” Righi, su paso por la jefatura de gabinete en los primeros Gobiernos kirchneristas y su vuelta al llano como abogado le permitieron mirar y relacionarse con Poder Judicial desde varias perspectivas. La identificación de su funcionamiento promiscuo es algo que el Presidente tiene claro y expresa en discursos y entrevistas. Lo que no pudo encarar en su primer año de gobierno y en contexto de pandemia es alguna solución de fondo.
Los frentes en la cuestión judicial son varios. El Gobierno coexiste con una Corte Suprema floja de papeles pero que no resigna su poder disciplinador, con la dificultad para concretar el reemplazo de un procurador interino que aún sigue directrices de Mauricio Macri, con el pantano no sólo de Comodoro Py sino de otros fueros menos mediáticos, donde jueces y fiscales toman decisiones con Clarín arriba del escritorio y la Constitución en el cajón.
En las primeras semanas de su mandato, Alberto tomó una decisión osada: cumplir con lo que dijo el día de su asunción e intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la que describió como “los sótanos de la democracia”. Con la intervención de la ex fiscala Cristina Caamaño, por primera vez en la historia la casa de los espías blanquea su presupuesto y denuncia las prácticas ilegales de la gestión anterior. Tal como consignó este medio entonces, ningún presidente cortó lazos con los servicios de inteligencia en sus primeros días de mandato. Fue una decisión inédita. Y no solo eso: también se modificó la ley de Inteligencia y prohibió que los espías participen en causas judiciales. Es, hasta ahora, su mayor aporte a la necesaria Reforma Judicial. Importante, muy importante, pero insuficiente dado el esquema multifronte del lawfare.
De la prevalencia del lawfare dio cuenta CFK en su propio balance del año, cuando escribió: “Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”. Ese vínculo medios-jueces no se puede cortar por ley ni por decreto, pero sí se puede reducir el poder de ambos. Que sea “mediática-judicial” indica algo: no hay Reforma Judicial que pueda funcionar con un sistema de medios concentrado, donde las sentencias se definen por las tapas de los diarios y el temor de algunos jueces de ocupar ese espacio ellos si toman otro camino.
En el entramado del lawfare tampoco se puede perder de vista el rol de la Embajada de Estados Unidos. El embajador actual, Edward Prado, es un ex juez del estado de Texas que en su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense dijo que venía a ayudar a “mejorar el sistema judicial”; el anterior, Noah Mamet, se quedó en el país para abrir negocios para las empresas norteamericanas. Todo es parte de la estrategia de seguridad yanki, plasmada en documentos públicos, tal como publicó en varias oportunidades El Destape.
Así las cosas, a poco de finalizar el 2020, tres de las cuatro patas del lawfare siguen intactas: el Poder Judicial, Clarín y sus medios satélite y la Embajada de EEUU. La cuarta, el nexo con los servicios de inteligencia, se cortó, al menos con los fondos públicos.
Es en ese contexto que Alberto encara una Reforma Judicial en dos planos. Por un lado, el envío al Congreso de un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado pero no avanza en Diputados. El objetivo del proyecto es diluir el poder de Comodoro Py, fortalecer la justicia federal en todo el país y mejorar la transparencia de los concursos. La intención de licuar el poder del fuero Contencioso Administrativo se cayó en la negociación para obtener la media sanción. Por el otro, ya están las propuestas que ya recibió del Consejo Asesor para la Reforma Judicial, un compendio de casi 1.000 páginas de donde el presidente tomará ideas para elaborar proyectos de ley que enviará al Congreso. En principio, tal como anticipó Roberto Navarro, una primera idea que surgió de allí es la creación de un tribunal que trate las arbitrariedades de la Corte Suprema.
En esas arbitrariedades entran, desde ya, hitos del año judicial. Por un lado, la confirmación de la condena contra Amado Boudou por parte de la Corte Suprema sin siquiera justificar su decisión; por otro, la no resolución del caso que mantiene detenida a Milagro Sala, próxima a cumplir 5 años de presa política. No son los únicos casos. También se acumulan en la Corte más de 60 causas por delitos de lesa humanidad sin resolver hace añares.
Es claro que la Corte actual no tiene idoneidad, pero Alberto no comulga (por ahora) con la idea de desarticularla vía juicio político. Los casos de conflicto de interés que reveló Horacio Verbitsky sobre Carlos Rosenkrantz, el rol de Ricardo Lorenzetti como comandante del lawfare y la violación a la Constitución que significa la permanencia de Elena Highton cuando ya pasó los 75 años habilitan de por sí alguna acción contra ellos. Que Horacio Rosatti haya aceptado violar la Constitución para integrar el tribunal y que a Juan Carlos Maquedo lo haya nombrado hace 18 años el senador Eduardo Duhalde mientras ejercía provisoriamente la presidencia los colocan también en un plano donde se puede discutir su permanencia en el máximo tribunal del país.
El presidente tiene claro que debe avanzarse en la aplicación del nuevo Código acusatorio, donde en resumidas cuentas los jueces dejarán de ser amos y señores de los expedientes y se limitarán a juzgar mientras los fiscales tendrán a cargo las investigaciones. En ese contexto, más allá de las necesarias reformas en la Corte Suprema, el cargo vacante más importante en materia judicial es el de Procurador General, la cabeza de los fiscales. Alberto tiene su candidato, el juez federal Daniel Rafecas, que luego de 15 años en Comodoro Py ya había elegido otro rumbo en un tribunal de menos exposición.
La cuestión está bloqueada no por la Constitución sino por la ley actual, que obliga a conseguir dos tercios del Senado para nombrar un Procurador. El gobierno avanzó en modificarla para que sea por mayoría absoluta, la mayoría del Consejo Asesor de la Reforma Judicial coincide con esa mirada pero Rafecas hizo trascender que quería los dos tercios. Luego del procurador, dicho sea de paso, también sigue vacante el cargo de fiscal general de Comodoro Py luego del reinado de Germán Moldes, uno de los pocos garantes del lawfare que eligió el retiro.
Lo de Moldes fue prácticamente único. Todos los ejecutores de la persecución siguen en sus puestos. Claudio Bonadio ocupó su juzgado, al que le decían la Embajada porque allí no corría el derecho argentino, hasta su fallecimiento. Su compinche de tropelías, el fiscal Carlos Stornelli, sigue en el cargo a pesar de estar procesado y con pedido de elevación a juicio por su participación en una red de espionaje ilegal. Los camaristas Pablo Bertuzi y Leopoldo Bruglia siguen en los puestos donde los colocó Macri a dedo. La Cámara Federal de Casación tiene 11 de 13 jueces que reportan ideológica o personalmente a Macri, cuya estrategia de copamiento de las instancias de revisión judicial es, hasta ahora, un éxito.
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