Argentina se convirtió este jueves en el primer país en América Latina en sancionar una ley para proteger y asistir a personas en situación de calle y familias sin techo. Con 44 votos positivos, 3 negativos y 7 abstenciones, se convirtió en ley la iniciativa fue impulsada por el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, y redactada junto a organizaciones como Proyecto 7, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica Movimiento Popular.
"Este camino recién comienza. Ahora a esperar por su reglamentación e implementación. Sigamos avanzando en políticas que construyan una Patria con Tierra, Techo y Trabajo para todas y todos", publicó Fagioli en sus redes sociales.
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“Esta conquista es fruto de la lucha colectiva de los sectores populares, de las organizaciones sociales que vienen laburando hace años en esta problemática y de la posibilidad de tener voces que representan al sector dentro de los espacios legislativos”, comunicaron desde el Frente Patria Grande luego de la sanción.
Entre sus principales puntos, la ley establece un relevamiento anual para conocer la cantidad de personas que viven en las calles del país -en especial de los grandes centros urbanos-, la creación de una red nacional de centros de integración social, un sistema federal de atención telefónica y móvil para intervención inmediata; capacitación obligatoria a todas las personas que intervienen en la atención de personas en situación de calle; y acceso gratuito a documentación personal.
Durante la sesión de este jueves hubo respaldos y también críticas a la iniciativa que, al mismo tiempo y en las afueras del Congreso, impulsaban las organizaciones sociales con una movilización que terminó en celebración.
La senadora correntina Ana Almirón, del Frente de Todos, señaló que “los sectores vulnerables no pueden esperar y necesitan respuestas urgentes. Es la primera vez que el Congreso de la Nación trata una norma que garantiza derechos a personas en situación de calle, que provoca una desigualdad y tiene que ver con una demanda estructural y un problema de la sociedad y como sector de la política”.
“Venimos a reparar esa desigualdad y esa vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las personas en situación de calle”, agregó Almirón.
Uno de los discursos más duros en contra del proyecto, cargado de acusaciones sin sustento y de prejuicios hacia las personas que viven en la calle, fue el de la senadora santafesina María Alejandra Vucasovich, que se despedía esa misma tarde del Senado luego de llegar en reemplazo de Carlos Reutemann.
“No sabemos cuánta plata le vamos a afectar en el presupuesto de un país en bancarrota. No entiendo qué quieren decir cuando hay ampliación de derechos. Solo veo intenciones de generar recursos y de llevarlos para las marchas”, dijo Vucasovich.
El radical Víctor Zimmermann, de Chaco, cuestionó que el proyecto no fue analizado por las comisiones de Población y de Presupuesto y Hacienda; y aunque respaldó el proyecto también marcó que “es imprescindible que los gobiernos provinciales y municipales estén en el ámbito de aplicación”.
La oradora final fue Guadalupe Tagliaferri, senadora porteña del PRO, que también cuestionó que “el problema de esta ley es que no es federal”. Al igual que su colega santafesina, también sugirió sobre los recursos destinados a la aplicación de la ley que “no se sabe la cantidad de plata ni a qué organización se la van a dar”.
“Esta ley es ambiciosa, pero como está planteada es para repartir plata para los grupos sociales amigos y dejar desdibujado al poder de cada provincia”, cerró Tagliaferri.
El ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación de esta ley, con participación de los ministerios de Salud, de Mujeres, Géneros y Diversidad, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), además de los ámbitos universitarios, sindicales y organizaciones sociales.
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