A medida que pasan los días se multiplican los testimonios de jueces que dan cuenta de la presión que el gobierno de Mauricio Macri ejerció en el Poder Judicial para disciplinar a los magistrados y digitar causas.
Este viernes, diputados y senadores del Frente de Todos ampliaron la denuncia penal contra la Mesa Judicial PRO, integrada por el propio Macri y ocho funcionarios de su más estrecha confianza. Para los denunciantes ese equipo jurídico llevó adelante un “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” para perseguir opositores y obtener fallos a medida. “Operaba como una fuerza de tareas ilegal, al margen de toda institucionalidad”, afirmaron los denunciantes. Los brazos ejecutores de la persecución –denunciaron- fueron el Ministerio de Justicia, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
En la nueva presentación, se citan las declaraciones de varios magistrados que se sumaron a los dichos de la camarista Ana Figueroa, que había afirmado que recibió la visita de un alto funcionario del Ministerio de Justicia para saber cómo iba a fallar en un caso político sensible. Agregaron los casos del juez laboral Luis Raffaghelli; la jueza federal de San Martìn, Martina Forns; del exjuez laboral Enrique Arias Gibert; del camarista Alejandro Slokar. Todos ellos declararon las distintas presiones que se realizaron desde el Poder Ejecutivo.
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Los denunciantes agregaron también las palabras del exsenador del PRO, Federico Pinedo, quien reconoció que el Poder Ejecutivo hacía “recomendaciones” a los jueces antes de que firmaran sus sentencias.
Para los denunciantes, la Justicia debe investigar todos estos hechos por configurar delitos de acción pública “muy graves”. Consideran que hay sobradas pruebas de acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso de autoridad. Algunos de los magistrados citados afirmaron a El Destape que están dispuestos a ir a declarar a tribunales si los citan en el marco de esta pesquisa.
La denuncia
La denuncia de los legisladores nacionales apunta a Macri y a su equipo jurídico, conformado por: el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y consejero Juan Bautista Mahiques (hoy Fiscal General porteño); el extitular de la AFI, Gustavo Arribas; los exsecretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas; el exprocurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías; y los abogados Fabián Rodríguez Simón y Daniel Angelici.
De acuerdo a la denuncia, la mesa judicial macrista “decidía el curso de acción de los asuntos judiciales que más le interesaban (…) que eran las causas penales contra los funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner y contra ella en particular”. Esta avanzada judicial fue la clave en la que centró su discurso público el gobierno de Macri, que fue replicada por los medios de comunicación hegemónicos.
Las reuniones de esta Mesa estaban comandas por Torello, que oficiaba de anfitrión. Lo que “deja en evidencia que el ex presidente Macri estaba perfectamente al tanto de la mesa judicial y tenía especial interés por los asuntos que allí se trataban”, ya que Torello era su asesor y hombre de extrema confianza.
Es por esto que para los denunciantes existió “ un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial de la Nación” diseñado y ejecutado, según la denuncia a la que tuvo acceso El Destape, por los altos más grados del poder “configurando los delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad, encubrimiento, prevaricato, falsificación de documentos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y asociación ilícita”.
Las presiones
La denuncia sumó los testimonios de magistrados que esta semana revelaron aprietes durante el macrismo. El juez de la sala VI de la Cámara del Trabajo, Luis Raffaghelli, dijo en la AM750 que existió “una presión muy ostensible sobre la Cámara del Trabajo en el gobierno anterior y que aquel fuero 'no fue ajeno a las cuestiones que denunció la jueza Figueroa'”.
Según el relato de Raffaghelli, la intimidación llegó de parte de funcionarios del Gobierno “mediante la sistemática denuncia ante el Consejo de la Magistratura”. Es que tal como relató este medio en los últimos años, el consejo fue uno de los brazos ejecutores de la presión sobre los jueces que no fallaron de acuerdo a los intereses del macrismo mientras fue Gobierno.
Raffaghelli mencionó las presiones que sufrieron él y sus colegas del fuero laboral tras la reincorporación de trabajadores en la ex AFSCA, o luego de un fallo a favor del gremio bancario que el Gobierno no quiso homologar. También hizo referencia al ataque que sufrió la doctora González Burdridge, jueza de primera instancia, que reincorporó trabajadores despedidos arbitrariamente en Vialidad Nacional, y al que hubo contra la fallecida magistrada Dora Eva Temis que ordenó la reapertura de la paritaria nacional docente.
Además, recordó que el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca,“visitó" a los camaristas "con una delegación de máximo nivel de su Gabinete” para “proponernos y consensuar nuestra doctrina, nuestros fallos”. Y remarcó que “hubo muchos episodios en los que se reiteraron esas formas para presionar debido a que lo que buscaban era disciplinar”.
Según el relato “letrados de los representantes del Ministerio de Trabajo llamaban telefónicamente a la Sala de turno de la Cámara Nacional del Trabajo cuando empezaron los despidos masivos a fin de ‘consultar’ si habían o no entrado las causas cuando la realidad es que el tono de esos llamados eran, para los camaristas, claramente intimidatorios”. Sin embargo, Raffaghelli se esforzó en aclarar que no lo hacían los funcionarios “sino asesores de funcionarios o letrados profesionales”.
En busca de nombres, el entrevistador Mariano Martín sostuvo que “los trabajadores de Télam sindicaron como el lobbista al abogado Juan José Etala”, un abogado reconocido. El juez respondió “usted es muy buen investigador”, sin negar el nombre, como ocurrió con el testimonio de Figueroa.
Raffaghelli estuvo denunciado en el Consejo de la Magistratura. El instructor de su expediente fue Mahiques, el hombre al que apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la declaración radial de la jueza Figueroa.
Otro de los casos mencionados en la ampliación de la denuncia es el de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien reveló: “En mi caso el operador de Garavano fue Esteban Conte Grand, que se desempeñó como jefe de Gabinete de la cartera de Justicia”, pero aclaró que “había numerosos operadores y era verdad lo de la mesa judicial del macrismo”.
Ella fue perseguida por fallar a favor de un amparo contra el tarifazo PRO y también sufrió una denuncia en el Consejo de la Magistratura. De acuerdo a los denunciantes, Graciela Ocaña participó activamente de ella y fue, “por supuesto, ejecutada por Mahiques”.
En la ampliación de la denuncia también se cita el testimonio del senador nacional por Chubut y extitular de la UFI AMI, Mario Cimadevilla quien aseguró que pudo “comprobar en persona que el gobierno de Macri, a través del ministro de Justicia Germán Garavano, pretendió que los jueces no actuaran de acuerdo a la ley sino a los deseos de ese gobierno y eso es, lisa y llanamente, una presión”.
También se hace referencia a las palabras del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, quien dijo a El Destape Radio que durante el macrismo “existió persecución ideológica y hubo un intento de disciplinamiento de muchos jueces”.
Ante la cantidad testimonios, el exsenador de Cambiemos, Federico Pinedo, afirmó en diálogo con Futurock: “Muchas veces se le dice a un juez 'cuidado con lo que va a hacer con esto’” porque “puede hacer quebrar a la Argentina, téngalo en cuenta”. Y se justificó al asegurar que “así funcionan los poderes”, es algo “totalmente común, institucional, conocido, público”.
Los caminos judiciales
La denuncia de los legisladores contra la Mesa Judicial PRO aún no tiene un juez que la investigue. El caso había ingresado al juzgado de Daniel Rafecas pero se lo giró a su par Sebastián Ramos, quien investiga una denuncia que se abrió por los dichos de la jueza Figueroa. Como Ramos no aceptó la denuncia, el caso se elevó a la Cámara Federal porteña, que deberá definir qué magistrado es que el que tiene la competencia para abrir esta investigación. El tribunal de alzada está presidido por Martín “Doctrina” Irurzun, quien fue fotografiado en un bar junto a uno de los denunciados, Pepín Rodríguez Simón. Dos de los otros tres camaristas de esa instancia llegaron por decisión de Macri, a dedo. Se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi
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