La expresidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez apuntó también contra Juan Bautista Mahiques, a quien consideró un implacable representante de Mauricio Macri en la persecución de los jueces y las juezas que fallaban en contra de los intereses de su gobierno.
“Mahiques fue un representante que cumplió acabadamente con el mandato que le indicó el Poder Ejecutivo Nacional. Logró generar, entre jueces y juezas, ese intento de poder, de disciplinamiento y de amedrentamiento”, dijo Vázquez. La jueza de la Cámara Nacional del Trabajo se refirió concretamente contra el actual fiscal general de la Ciudad después de que Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, denunciara haber sufrido presiones de un alto funcionario del Ministerio de Justicia que dirigía Germán Garavano para firmar con rapidez el fallo que reabría la denuncia de Alberto Nisman. Si bien Figueroa no mencionó a Mahiques, rápidamente trascendió que se trataba de él, lo que generó incluso dos denuncias ante la justicia federal. Cerca del fiscal general insisten en que él no tuvo nada que ver.
Mahiques es actualmente el fiscal jefe en la Ciudad de Buenos Aires, pero, durante la gestión de Macri, fue el subsecretario que tuvo a su cargo dos de los asuntos más sensibles: la relación con los jueces y la situación de las cárceles. Era, además, uno de los integrantes de la mesa judicial del macrismo, que generalmente se reunía en la oficina de Pablo Clusellas en Casa Rosada para decidir qué jueces se nombraban o cuáles destituciones se procuraban.
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Sin embargo, en este caso, Vázquez habló de la responsabilidad funcional de Mahiques en tanto representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que se dedica a la selección y sanción de los jueces. Vázquez era una de los tres jueces que integraban el cuerpo entre 2014 y 2018. Ella, de hecho, fue la primera mujer en presidirlo hasta días antes de la asunción de Macri.
Según la magistrada, se desató una persecución especialmente fuerte durante 2017 – coincidentemente con las elecciones de medio término. En ese año, tuvo lugar, entre otras cosas, el jury contra el camarista Eduardo Freiler y la renuncia forzada de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
“Hubo persecuciones, como fue el caso de la sesión plenaria, que fue dantesca, de promoción del jury a Eduardo Freiler, cuando el Consejo no estaba integrado. De manera que Juan Bautista Mahiques cumplió acabadamente con el mandato que le habían indicado como representante del Poder Ejecutivo para este proceso de formación de una estructura judicial en puestos claves”, dijo Vázquez. La exconsejera se refirió así a cómo durante la gestión Macri se desmontó una de las salas de la Cámara Federal, tribunal clave porque revisa las actuaciones de los jueces, con la renuncia de Jorge Ballestero, la destitución de Freiler y el traslado de Eduardo Farah a un tribunal oral.
Esa sala – con la disidencia de Farah – había sido la que convalidó que Daniel Rafecas desestimara la denuncia de Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por firmar el memorándum de entendimiento con Irán. Rafecas, actual candidato a procurador general de Alberto Fernández, terminó denunciado en el Consejo de la Magistratura. “Fue paradigmático el caso de Rafecas, también en el que hice un voto particular, poniendo en evidencia que la persecución contra Rafecas estaba direccionada exclusivamente al contenido de su sentencia, más allá de algunos otros elementos que se agregaron”, agregó Vázquez.
Como jueza laboral, Vázquez destacó que el fuero fue muy atacado durante la administración Macri por oponerse a los despidos en la agencia estatal Télam o por ordenar que se convocase a la paritaria docente. “La presión a los jueces y a las juezas que dictaban sentencias que no eran del agrado del Gobierno era fortísima. Y como decía, eran implacables. Por un lado, estaban las declaraciones del presidente Macri en los medios e incluso mencionaba jueces o juezas, como fue el caso de Martina Forns o Dora Temis o en concreto de los colegas míos. Jueces y juezas del trabajo eran desprestigiados públicamente cuando dictaban sentencias que favorecían los derechos de los trabajadores”, denunció Vázquez.
“No sólo lo hacían a través de los medios de comunicación hegemónicos, sino a través de denuncias concretas ante el Consejo de la Magistratura. Eran denuncias que, en vez de ser desestimadas inmediatamente porque claramente eran denuncias por el contenido de las sentencias, se les daba trámite en la Comisión de Disciplina y se sorteaban a alguno de los consejeros para que instruyera los procedimientos en marcha”, explicó.
La jueza, además, denunció haber sufrido presiones por parte del diario La Nación, que le dedicó un editorial llamándola “sinvergüenza”. Vázquez lo asoció al hecho que durante su presidencia promovió que se designara a Alejo Ramos Padilla como subrogante en el juzgado federal de Bahía Blanca para activar las causas por delitos de lesa humanidad – que tenían como acusados, entre otros a Vicente Massot (dueño de La Nueva) y al camarista Néstor Montezanti.
Montezanti está acusado por crímenes cometidos durante los años de la Triple A. En 2015, se le inició un jury para destituirlo pero renunció con el cambio de gobierno y Macri le aceptó rápidamente la denuncia. Fue recién indagado en 2018 pero todavía no se resolvió su situación procesal.
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