El diputado Rodolfo Tailhade denunció penalmente a cuatro exfuncionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) macrista por asumir la defensa de familiares de un narcotraficante, tras dejar el gobierno. Es decir, aparecen con pocos meses de diferencia a un lado y otro del mostrador, “defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional".
Los acusados integraron la Dirección de Litigios Penales durante el macrismo y hasta enero de 2020 por lo que Tailhade consideró que al tomar la representación legal de los familiares de Javier "El rengo" Pacheco en un caso narco “violan las más elementales leyes de ética pública, profesional y moral” y “constituyen un claro perjuicio al Estado Nacional no solo por el incumplimiento de los deberes que conlleva la función pública, sino también por el aprovechamiento indebido de los medios adquiridos a través de ésta y utilizados en provecho propio”.
“La Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostuvo Tailhade.
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Los denunciados fueron los abogados Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero. Biancardi fue el jefe de la Dirección de Litigios Penales y tal como publicó este medio en octubre de 2019 cumplió un importante rol en la persecución judicial de opositores.
Es que la UIF fue uno de los brazos ejecutores del Lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri, algo que se resaltó en la reciente presentación de Tailhade.
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Por ejemplo, en la denuncia se detalló que el equipo de profesionales denunciados querelló en 17 causas penales que tenían como imputada a Cristina Fernández de Kirchner “promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la Vicepresidenta”.
De perseguir a CFK a defender a un narco
“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló Tailhade en su denuncia. Según el diputado, “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos.”
Martín Olari ingresó a la UIF en marzo de 2010 y “se especializó en la investigación del delito de lavado de activos, específicamente en el análisis de operaciones sospechosas que recibe la UIF”. En 2013 se sumó Gonzalo Romero a ese grupo de litigios. Dos años después ingresó Facundo Orazi. El último en entrar a la unidad fue Agustín Biancardi, quien asume en 2016 con la llegada de Macri. Fue Director de Asuntos Jurídicos y luego, al modificarse la estructura interna del organismo, Director de Litigios Penales. Desde allí se activaba en la UIF las querellas en las que el organismo tenía interés en participar.
Tras la partida de Macri del gobierno, los abogados denunciados renunciaron a la UIF y conformaron el estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores. “Biancardi y Olari ahora defienden a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos”, se indicó en la presentación judicial que se hizo eco de publicaciones periodísticas de Página12 y Clarín.
“Según la información periodística, los familiares de Pachecho son los defendidos por Biancardi y Olari, quienes sin ninguna duda adquirieron la experiencia necesaria para trabajar en estos casos durante el tiempo que se desempeñaron en la UIF. Y no sólo ello, las noticias dan cuenta que Biancardi y Olari ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del ‘arrepentido’ cuando es precisamente ese instrumento el que se utilizó de manera indebida en las causas contra la Vicepresidenta de la Nación, cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF”, agregó Tailhade.
Entre las diversas medidas de prueba que solicitó, el legislador nacional pidió que se investigue “si la UIF ha recibido algún reporte de operación sospechosa respecto de los imputados en la causa penal mencionada –no sólo los defendidos por Biancardi y Olari- mientras estos abogados se encontraban en función, o si el organismo prestó colaboración en la causa de Pacheco”.
“La manera en la que la UIF investiga y persigue el delito de lavado de activos es bien conocida por estos abogados que vengo a denunciar, y ese expertiz hoy lo utilizan para defender y asesorar a estos delincuentes que la Justicia argentina persigue”, criticó el diputado nacional.
La denuncia quedó asignada al juez federal Ariel Lijo.
Las "causas K"
En un pasaje de la denuncia, Tailhade recordó que los “cuatro abogados junto con las máximas autoridades de la UIF Mariano Federici y María Eugenia Talerico se dedicaron a perseguir opositores políticos”.
“Puntualmente, esa Dirección de Litigios Penales se abocó plenamente a las causas que comúnmente se denominan ‘causas K’, focalizadas a la persecución penal de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, una dirección nacional, integrada por quince abogados penalistas (entre ellos, los aquí denunciados) que trabajaban diariamente en el seguimiento de las causas penales, las que en su mayoría fueron iniciadas a través del mecanismo conocido como Lawfare, guiados por Biancardi como Director, Romero como coordinador junto con sus auxiliares Olari y Orazi”, añadió el denunciante.
De acuerdo a la reconstrucción que realizó el diputado, la UIF “querelló en 17 causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación. Fueron estas 17 querellas en las que estos profesionales participaron mucho más que activamente, promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la vicepresidenta”. “Son estos mismos cuatro abogados los que armaron todas y cada una de las causas penales conocidas como causas K y que tanto dieron que hablar en los medios de comunicación”, concluyó.
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