En la última reunión de la Auditoría General de la Nación (AGN) con el radical Jesús Rodríguez como presidente, el Colegio de Auditores Generales aprobó dos informes de fuerte impacto político. Uno hizo foco en las graves irregularidades que se detectaron en la renegociación de los contratos de la concesión de los peajes del Acceso Norte, un negociado que cerró el gobierno de Mauricio Macri con AUSOL. El otro, sobre la deuda pública contingente que generó la emisión de títulos por parte del Ministerio de Finanzas que comandaba Luis “Toto” Caputo, que se hizo para garantizar el programa de energías renovables y provocó una deuda indirecta de 7.368 millones de dólares.
Caso Peajes
La AGN realizó una auditoría de gestión sobre el ex Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que intervinieron en la renegociación integral del contrato de concesión que firmó el gobierno de Macri con Autopistas del Sol S.A (AUSOL, que comandaba el Grupo Albertis S.A), en 2018. AUSOL tiene a su cargo el cobro de los peajes de la autopista Panamericana en sus ramales Pilar, Campana y en Tigre y la Avenida General Paz y firmó la extensión de la concesión en 2018. En la negociación con el macrismo, la empresa buscó recuperar las supuestas inversiones que hizo desde 1994, cuando Carlos Menem le dio las concesiones de los Accesos Norte y Oeste.
El estudio de la AGN se enfocó en el período la parte de la renegociación que va del 17 de febrero de 2016 al 2 de julio de 2018, que es cuando se aprobó al acuerdo con el gobierno de Macri. Fue tal el escándalo que rodeó a este caso que está judicializado y el presidente Alberto Fernández anunció que intentaría anular esas renovaciones. El negociado se cerró en 2018 y garantizó cientos de millones de dólares en ganancias para la multinacional Abertis, exsocia del Grupo Macri en AUSOL. La renegociación promiscua, que fue revelada por El Destape en julio de 2018, incluyó tarifas dolarizadas y dejó la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado si no se respetaba el acuerdo. La AGN confirmó estas y otras irregularidades.
El punto de partida de este negociado se ubica el 7 de diciembre de 2015 cuando la española Albertis S.A, que era la principal accionista de AUSOL, inició una demanda por 358,6 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el CIADI), que es un tribunal arbitral internacional. Fue una forma de presión para allanar la negociación el gobierno entrante en términos más favorables para la empresa. Macri asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre siguiente.
La demanda, tal como le había advertido al gobierno macrista la Procuración del Tesoro, se inició directamente en el CIADI sin pasar previamente por los tribunales locales.
En este marco, el 28 de junio de 2016 el gobierno de Macri inició el proceso de renegociación integral del Contrato de Concesión con AUSOL SA.
De acuerdo a la AGN, el gobierno de Macri firmó un acuerdo totalmente desfavorable para el Estado:
- La Dirección Nacional de Vialidad le reconoció a AUSOL 540,5 millones de dólares a pesar de que el Grupo Albertis había realizado un reclamo por 358,6 millones de dólares en su demanda ante el CIADI.
- Para la aprobación de la propuesta de renegociación no se dio intervención al Congreso por lo que se incumplió la Ley 25.790.
- Según el Decreto 367/2016, el acuerdo entre el Estado Nacional y AUSOL debe estar fundamentado técnicamente previo a su firma pero eso no se dio.
- La Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también destacaron que no hubo un informe técnico que legitimara el acuerdo alcanzado, que reconoció a la empresa 540,5 millones de dólares.
- La Procuración del Tesoro de la Nación también expresó que gran parte de los reclamos de Albertis se encontraban prescriptos. No obstante ello, el gobierno de Macri consideró legítimo el monto reclamado en la demanda ante el CIADI.
Además:
- Se condonaron penalidades a AUSOL sin justificación.
- Las cláusulas sobre resolución de controversias incorporadas al contrato habilitan a AUSOL a dar por terminado el acuerdo y reclamar sin limitación alguna lo que la empresa considere como incumplimientos del Estado Nacional.
- El nuevo Plan “garantiza a AUSOL fondos mínimos equivalentes al 7,69% de la inversión neta y una tasa interna de retorno del 8% en dólares injustificadamente”.
- Como contraparte no asegura el cumplimiento de obras previstas ni el mantenimiento de un servicio público de calidad.
- Finalmente, “el acuerdo limita las facultades del Órgano de Control en materia tarifaria y elimina el derecho de los usuarios al levantamiento de la barrera cuando se supera un tiempo máximo de espera o se generan filas de más de 15 vehículos”.
Fueron parte del encuentro el presidente del organismo Jesús Rodríguez y los auditores generales Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. Votaron todos a favor salvo Pichetto que lo hizo en contra y Nieva que votó parcialmente en contra (lo hizo en algunos puntos del informe).
Es de esperar que el trabajo se sume al expediente judicial que tramita ante el juzgado federal Nº 6 de Comodoro Py, que actualmente subroga el juez Ariel Lijo.
Otra deuda de “Toto” Caputo
Otro caso de peso político que trató el Colegio de Auditores Generales el último miércoles fue el de la deuda pública contingente generada también durante el macrismo por la emisión de títulos para garantizar programa de energías renovables. Según se aprobó en el informe auditor, esa emisión, que implementó el ministerio de Finanzas a cargo de Caputo, provocó una deuda indirecta de 7.368 millones de dólares.
La AGN examinó al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) en relación al uso de títulos públicos como garantía de iniciativitas y ejecución de inversión en la producción de energías renovables. El objetivo fue evaluar la deuda pública contingente generada por letras del Tesoro para ser otorgadas como garantía al FODER y el programa Renovar. El FODER es un fideicomiso público que garantiza el pago de energía.
El informe que trataron los auditores lo realizó la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública que preside Javier Fernández y se centró en la gestión y cumplimiento de las Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad durante el período del 1º de 2016 al 31 de diciembre de 2019.
Según explicó Fernández ante sus colegas, “el informe analizó: 1) El marco normativo y contractual de las Letras del Tesoro nacional dadas como garantías del FODER; 2) Las condiciones de instrumentación de las letras; 3) La registración de las letras; 4) El mecanismo de activación de las condiciones de opción de venta; 5) El impacto fiscal”.
La AGN concluyó que “el uso de títulos públicos para garantizar el programa de energías renovables generó una deuda indirecta por USD 7 368 millones” y que “ese mismo stock de Letras en garantías del FODER representó el 2,29% del total de la deuda y el 61,5% la deuda indirecta”.
Según el organismo de control, “la alta probabilidad de que la deuda indirecta se transformara en deuda directa, obliga a pensar en las distintas herramientas que podría haber utilizado el Estado Nacional para hacer frente al pago”. En esa línea, citó como ejemplo “la emisión de una Letra Intransferible al BCRA: aunque de bajo costo financiero para el gobierno nacional, hubiese tenido una repercusión importante en el Balance de Activos Externos del BCRA ya que dicha financiación representaba a diciembre de 2019 el 16,4% de las Reservas Internacionales del Banco”. Pero el gobierno de Macri no se hizo nada de eso.
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