El presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, ratificó que el gobierno nacional no reconoce a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) como instancia para solucionar la anulación de los contratos del Estado con privados durante el gobierno de Mauricio Macri por la administración de las autopistas Acceso Norte y Oeste.
"Si nosotros estamos discutiendo la legitimidad del propio acuerdo, mal podemos aceptar ese tribunal, que además es lesivo de nuestra soberanía", afirmó Atanasof en declaraciones a Página 12, en referencia al pedido de arbitraje internacional iniciado por las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), concesionarias de las autovías Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente.
Según trascendió, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6, a cargo de Enrique Lavié Pico, hizo lugar a la demanda iniciada por el Gobierno nacional que busca la nulidad del contrato de concesión del Acceso Norte a Ausol. Por el contrario, todavía no hay respuesta sobre el mismo reclamo por el Acceso Oeste, actualmente en manos de GCO.
Además de justificar el pedido de nulidad de los contratos, el funcionario afirmó que, de haberse mantenido el acuerdo firmado en la gestión de Cambiemos, un usuario de la autovía estaría abonado "casi un millón de pesos" por el servicio.
"El acuerdo de la gestión de Macri contemplaba unas veinte actualizaciones tarifarias a la fecha. Significa que el peaje de Panamericana hoy debería costar $1830. O sea que un bonaerense que va a trabajar con su auto todos los días debería abonar más de 80 mil pesos de peajes al mes. Casi un millón de pesos al año. Un salario mínimo y medio", explicó.
En ese sentido, observó que ese esquema "sólo les servía a los accionistas", a la vez que subrayó que la política tarifaria de las autovías bajo el macrismo era "dolarizada, a pesar de que el fallo “CEPIS” de la Corte Suprema de 2016 lo impide"
El mes pasado, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habían anunciado que el Gobierno iba a declarar nulos los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Oeste, con las empresas Ausol y GCO, firmados durante el macrismo.
Las obras anunciadas en las autovías se enmarcaban en el sistema de Participación Pública Privada (PPP) firmadas con el macrismo y rescindidas por la gestión nacional del Frente de Todos, que "se podían hacer con un 70% (de presupuesto) más bajo", había afirmado Fernández.
Atanasof señaló que "el Ministerio de Obras Públicas tuvo que salir a desactivar una bomba, en plena pandemia, con una caída de la circulación y la recaudación del 50 por ciento" y aseguró: "Lo logró, sin un solo despido y a un costo bajísimo para el Estado".
Según remarcó el funcionario nacional, las empresas le reclaman a la gestión de Macri "por supuestas inversiones por 850 millones de dólares de inversiones no amortizadas a lo largo de varios años". Sin embargo, agregó, "quien debía certificar o aprobar esas inversiones en nombre del Estado era Vialidad y nunca lo hizo".
En ese sentido, sostuvo que "esas inversiones sólo existían, unilateralmente, en las declaraciones de las empresas", sin ningún "peritaje" que lo sustente y, pese a eso "Macri las reconoce y acepta la deuda". Ante esto, apuntó, "las empresas, entre ellas Socma, van por más y plantean un esquema de interés del 8 por ciento anual en dólares, porque el Estado se iba a tomar un plazo de diez años en un caso y doce en el otro", que además era "capitalizable" porque "ante cualquier mora se sumaban al monto original". Y cerró: "Con lo cual se generaba una bola de nieve. Llegó a sumar 1160 millones de dólares. Libre de impuesto a las ganancias, porque hasta eso le habían concedido Macri y (el ex ministro de Transporte Guillermo) Dietrich. A esto dijimos basta".
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