Ahora que está claro que el debate no pasa por el presupuesto sino que la universidad pública simplemente no forma parte de los planes de Javier Milei, adquiere otra relevancia el hecho de que no quiere resolver el conflicto; quiere ganarlo. El gobierno nacional apuesta a quebrar la resistencia de los sectores que están movilizados en su contra para luego vaciarlos, venderlos, abandonarlos o disolverlos, en la medida que se pueda. Como si la política se disputara, en su manual, con las tácticas de una guerra de tierra arrasada. Agresión y desgaste.
“¿Qué vamos a hacer con las tomas? Nada”, explican en la Casa Rosada, convencidos de que el tiempo, esta vez, juega a su favor. Cuentan con que las protestas no puedan sostenerse en el tiempo y eventualmente la desmovilización termine dando paso a una aceptación del nuevo status quo, que llegó para quedarse, prometen. Esa es la parte del desgaste. Pero se trata de una respuesta tramposa. Si bien no se abren instancias de negociación ni está en sus planes anunciar medidas para que desescale, el gobierno sí está actuando en las tomas.
La incursión de una patota de militantes libertarios en la asamblea de la Universidad de Quilmes munidos con gas pimienta; los infiltrados en la última marcha federal, aparentemente reclutados en redes sociales para actuar en apoyo de las fuerzas de seguridad; la presencia policial atemorizante en las inmediaciones de tomas y clases públicas son episodios unidos por la mano firme del gobierno, que necesita provocar violencia para atemorizar a estudiantes, docentes y no docentes en lucha y al mismo tiempo deslegitimar un reclamo con fuerte arraigo en toda la sociedad.
Eso queda claro en la retórica de los principales voceros del oficialismo, empezando por el propio Milei que desde su tribuna en X comparte en dosis parejas datos falsos y violentos improperios. El Adorni de Manuel Adorni, Javier Lanari, dijo (y el presidente retuiteó) que las tomas constituyen delitos. El diputado José Luis Espert dijo (y el presidente retuiteó) que la policía debería desalojar las protestas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo (y el presidente retuiteó) que “así comenzaron los guerrilleros” en la década del 70.
La táctica por ahora no da resultado. Había 22 instituciones tomadas hace una semana, antes de que el Congreso blindara el veto a la ley de financiamiento universitario. La noche que siguió a esa sesión ya eran más de 60 facultades y edificios ocupados. Pasó el fin de semana largo y el lunes el número ya superaba el centenar, un récord absoluto. En todas las provincias argentinas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, se hicieron tomas. En todas las 62 universidades públicas del país se tomaron medidas de fuerza.
Mañana se llevará a cabo un nuevo paro nacional por 24 horas y ya se habla de la posibilidad de repetirlo la semana que viene, pero por más tiempo. También se está buscando fecha para la tercera marcha federal. Entre la primera y la segunda pasó casi medio año; ahora el intervalo quedará reducido a menos de un mes. La protesta, mientras tanto, se está volcando a las calles y las rutas. Sin canales de diálogos abiertos con el gobierno, cada asamblea decidirá la forma de sostener en el tiempo las medidas de protesta.
Eventualmente deberá demostrar la política si está a la altura. Los dirigentes opositores, que van a las marchas para tener fotos para subir a sus redes sociales, se vieron sobrepasados por una reacción popular que no estaba en sus cálculos. El desafío, ahora, es encontrar una forma efectiva de torcer el brazo del gobierno y resultar decisivos en el desenlace de esa confrontación. La sociedad movilizada ya no aceptará simplemente mensajes de solidaridad diseñados para juntar likes o excusas para explicar una nueva derrota legislativa.
El tratamiento del presupuesto 2025 es la ocasión para hacerlo. En el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se suspende (gracias a las facultades delegadas por la ley de Bases) la ley de financiamiento educativo que contempla un piso de 6 puntos del PBI para el gasto en ese área. “El Estado no está en condiciones de cumplir esas obligaciones”, se excusó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en su exposición en el Congreso. Entre los bloques opositores hay diálogos ya no para rechazar el dictamen oficialista sino para intentar aprobar uno diferente.
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