Primero de enero de 2023. En 295 días la Argentina elegirá a su próximo presidente. Se cumplirán, para esa época, cuarenta años de democracia ininterrumpida en el país. O mejor dicho: ¿se cumplirán, para esa época, cuarenta años de democracia ininterrumpida en el país? La respuesta a esa pesadilla con forma de pregunta permanece como una incógnita recortada sobre un fondo de terrorismo doméstico, espionaje y persecución judicial.
A pesar del denodado esfuerzo que hacen muchos en mirar para otro lado, cada vez resulta más difícil ocultar el trato promiscuo entre empresarios, políticos, jueces y fiscales que, embarcados en contubernios fuera de la ley y contra la Constitución, dañinos de la cosa pública y ajenos a cualquier voluntad popular, como en las quintas donde coinciden los fines de semana, juegan para el mismo equipo. Los árbitros, incluidos.
El deterioro acelerado del consenso democrático de 1983 nos arrastró al peor escenario. Iremos a elecciones con la dirigente más importante del país virtualmente proscripta a partir de una sentencia viciada del mismo Poder Judicial que sistemáticamente boicoteó la investigación del atentado terrorista contra su vida por parte de personas que frecuentaban grupos de ultraderecha financiados por el entorno del expresidente Mauricio Macri.
En la cúspide del entramado paraestatal que ejecuta ese plan se encuentra una Corte Suprema irregular e ilegítima, cuyo presidente es Horacio Rosatti, que se votó a sí mismo para ocupar ese cargo y luego conspiró para tomar el Consejo de la Magistratura, el órgano que debe controlar a los jueces. Un golpe institucional en cámara lenta coordinado con la oposición política y sponsoreado, como el viaje a Lago Escondido, por el Grupo Clarín.
La filtración de datos del teléfono del todavía ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, no tuvo que ver con una operación compleja ni tuvo un costo elevado, como informaron algunos medios, sino que fue una operación sencilla, con complicidad o negligencia de la compañía telefónica, que debería descalificarlo para su cargo, independientemente del contenido de las conversaciones.
Corresponde, sin embargo, tener prudencia, porque el material pudo haber sido manipulado maliciosamente antes de darse a conocer. Dicho esto, como sucedió con la revelación anterior, la de Los Huemules, que terminó resultando fidedigna, las pobres explicaciones del protagonista y el silencio del resto no ayudan a montar una defensa creíble. Pueden haber recortes o algún adorno pero el núcleo de lo expuesto queda bien definido.
El contenido de los supuestos chats da cuenta de todo un catálogo de conductas delictivas: desde coimas hasta espionaje ilegal, con vista panorámica sobre una asociación ilícita de amplio espectro entre el Poder Judicial y Juntos por el Cambio. Aparecen personajes de todas las temporadas: desde el caso D’Alessio (2018) hasta coparticipación (2022). El ministro de Seguridad de las palomas resultó una pieza clave de la mafia. Sorpresa.
Lo más valioso de la revelación, sin embargo, es la radiografía del golpe institucional. Si le damos crédito a las conversaciones reveladas, el fallo de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y le pedía al Congreso que aprobara una nueva ley fue sólo un pretexto para poder aducir una situación de excepcionalidad y poder asumir por sí mismo la presidencia de ese instituto.
De acuerdo a esos diálogos presuntos entre la mano derecha de Rosatti, el periodista Silvio Robles, y D’Alessandro, mientras la Corte firmaba que era el Poder Legislativo quien debía dar una nueva norma al Consejo, el juez le bajaba línea a la oposición para que bloquee la votación en la cámara de diputados, facilitando su desembarco. Luego, también coordinaron la estrategia para quitarle un asiento al oficialismo y dárselo al senador Luis Juez.
En estos días tan especiales, donde cada cual vuelve a su pago para pasar las fiestas con seres queridos, la coordinación de algunas acciones políticas puede verse demorada, por eso todavía no se hizo la presentación de un pedido de juicio político contra Rosatti, que podría llegar antes que los Reyes Magos, impulsada por el gobierno nacional, las provincias, el kirchnerismo, al menos un sector del sindicalismo y los movimientos sociales.
El futuro de D’Alessandro es incierto. El candidato Horacio Rodríguez Larreta decidió sostenerlo otra vez, quién sabe si cuidando a una pieza clave de su equipo, a los otros participantes de los chats o, acaso, a sí mismo. Quienquiera que haya conseguido acceso al teléfono del ministro debe tener en sus manos, todavía, las conversaciones con el propio jefe de gobierno. Por ahora, prefiere apostar a que todo se disipe antes de la campaña.
Aunque en los reportajes apuntan contra el kirchnerismo, en Parque Patricios ya asumen que estas filtraciones son parte de la interna. Entre los supuestos chats que se publicaron aparece el fiscal que tiene la causa que complica al diputado Gerardo Millman por un altercado con una mujer que no era su esposa y un auto a nombre de una empresa contratista del Estado en un área que él controlaba. Otro mensaje mafioso.
Millman, que a diferencia de D’Alessandro fue corrido rápidamente por su jefa política, Patricia Bullrich, podría quedar excluido de la cámara de diputados en marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. La Coalición Cívica ya hizo saber que no va a salvarle las papas del fuego y el radicalismo aún evalúa qué decisión tomar. Incluso dentro del PRO hay quienes evalúan que dejarlo caer puede dar un mensaje positivo de cara a las elecciones.
En este escenario resulta muy difícil trazar un panorama para los próximos meses pero la lógica indica que el conflicto, lejos de calmarse, puede espiralizar, ingresando en territorio inexplorado. La mafia ya ha demostrado su falta de escrúpulos y límites para ir contra el adversario o garantizar su impunidad. Todo lo que ya se hizo, incluyendo el atentado a CFK, puede volver a hacerse. Máxime si salen a la luz sus delitos y se sienten acorralados.
El Frente de Todos tiene por delante un triple desafío. Primero dar una batalla desigual contra un poder golpista que va a llevárselo puesto si no reacciona. Segundo, hacerlo sin desestabilizar a una economía que, con todo, se encamina a una temporada récord y un tercer año de crecimiento consecutivo. Tercero, ordenarse políticamente para llegar a las elecciones en condiciones de competir. A veces, da la sensación de que esto último es lo más difícil.
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