Milei y un golpe en cámara lenta: democracia o Capital

El miércoles, a pesar de una intensa tarea de lobby empresarial para frenarlo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que regula fuertemente el negocio de las apuestas online. La iniciativa protege a los menores de edad, prohibe la publicidad tradicional y por otros medios como los influencers en las redes sociales o las figuras deportivas, obliga a registrarse en el país a las plataformas que operen aquí, pone un tope al límite diario de dinero que puede cargarse en los sitios de juego y prohibe la utilización de tarjetas de crédito y de tarjetas que se utilicen para cobrar cualquier forma de ayuda social. El jueves el Gobierno hizo saber que, si el Senado aprueba esa norma, va a vetarla.

Aunque puede parecer un atropello más entre tantos que comete a diario este gobierno, anunciar el veto de la ley contra la ludopatía es una decisión reveladora que permite apreciar las dos características centrales que configuran la matriz del experimento al que Javier Milei decidió someter a la Argentina. Por un lado confirma su carácter autocrático al desconocer la autoridad del Congreso para legislar y atribuirse a sí mismo esa función. Por otro, embanderado con el negocio de las apuestas, la más estéril de las actividades económicas, que no deja absolutamente nada, ni promesas improbables de derrame, ratifica que su claudicación ante el Capital (en la que nos arrastra a todos los argentinos) es completa.

Una hipótesis: una nueva forma de golpe de Estado en cámara lenta está en marcha. Una para la que no tenemos anticuerpos. A Milei no le hace falta cerrar el Congreso, como hacían los militares. Durante el primer año de su gobierno el Poder Legislativo fue impotente. No pudo legislar ni controlar al presidente. Cuando se aprobaron, con amplias mayorías, una mejor fórmula jubilatoria o el presupuesto para las Universidades, el gobierno vetó las leyes en nombre del equilibrio fiscal. Cuando se trató la reforma de la ley que regula los DNU Milei también amenazó con vetarla. En este caso la excusa fue la estabilidad institucional. En el caso de la ley contra la ludopatía no hay excusas. Es una demostración de fuerza desnuda.

En la Casa Rosada ahora dicen que avanzarán con su propio proyecto para regular las apuestas online y su impacto en la juventud el año que viene. ¿Lo redactará Juan Bautista Ordóñez, el flamante secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que antes de asumir como funcionario de este gobierno era el gerente para la Argentina de Codere, una de las multinacionales que dominan el mercado de las apuestas online? Prometen sacarlo por decreto en caso de que el Congreso no lo apruebe a libro cerrado. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo se arroga la prerrogativa de legislar, algo explícitamente prohibido por la Constitución, al mismo tiempo que obtura la labor natural del Congreso.

Hubo una maniobra similar alrededor del proyecto de Ficha Limpia. Después de operar para que fracase la sesión en la que el PRO intentaba avanzar con esa iniciativa, que pone a cualquier dirigente político a tiro de proscripción, Milei hizo saber que en el futuro presentará su propia versión de esa ley. No le escatimó el apoyo porque sea mala, como sostuvieron en las redes el Gordo Dan y otros parlantes de la ultraderecha que coinciden con Cristina Fernández de Kirchner en denunciar lawfare contra Donald Trump. Le escatimó el apoyo porque no era su ley. El mensaje que deja el presidente al final de la secuencia es mucho más poderoso: el único que decide cuándo y cómo se proscribe soy yo.

Uno de los destinatarios es Mauricio Macri, impulsor de la Ficha Limpia original y uno de los brokers más importantes de Comodoro Py a partir de los nombramientos en lugares clave que firmó en su presidencia. ¿Podrían los jueces que él empoderó volverse en su contra? Es una pregunta recurrente en el círculo rojo, donde no pasa desapercibido que el ex mandatario cada vez tiene menos poder porque el oficialismo se va quedando con sus votantes, con sus dirigentes y con sus banderas. La decisión de la Cámara de Casación Penal contra su primo, Angelo Calcaterra, que será investigado por coimas en el marco de la causa Cuadernos, se lee en lo que queda del macrismo como una amenaza.

Otra de las atribuciones clave e indelegables del Congreso es decidir el destino de las partidas del presupuesto y luego asegurarse de que se ejecutan de acuerdo a lo establecido. Como se anticipó desde estas líneas a comienzos de septiembre, por decisión del gobierno, este año el presupuesto tampoco va a pasar por el recinto. Más poder concentrado en manos de Milei, que tendrá la libertad de financiar y desfinanciar a voluntad cada área de un Estado que, según repitió esta semana, desprecia en forma infinita. En el interín pasaron tres meses en los que los gobernadores y diputados bailaron al ritmo del minué elegido por la Casa Rosada, haciendo concesiones sin obtener mucho a cambio.

El Poder Judicial tampoco le puso un freno. La Corte Suprema tiene en sus manos la validez del DNU 70/23 (que la cámara de Diputados también podría derogar por mayoría simple) y todavía no tomó cartas en el asunto. En 30 días quedará virtualmente paralizada cuando Juan Carlos Maqueda deje su cargo por haber cumplido 75 años. Habrá que ver si el gobierno intenta tomar la corte por asalto nombrando a Ariel Lijo y García Mansilla por decreto (una opción que, en los últimos días, perdió fuerza porque los propios candidatos le hicieron llegar a Santiago Caputo sus reservas con esa modalidad) o si, en cambio, si se siente cómodo gobernando con el máximo tribunal seriamente limitado en sus capacidades.

¿Cómo llegamos, en menos de un año, a que un tipo sin experiencia política, que fue elegido con el 30 por ciento de los votos en primera rueda, que tiene menos de 40 diputados y apenas un puñado de senadores, que no tiene estructura partidaria, tenga al alcance de la mano una suma del poder público inédita en la historia moderna de este país, que vulnera la Constitución Nacional, ignora los principios básicos de republicanismo y resulta una burla a la idea misma de democracia? Bueno, llegamos porque se dejó pasar cada ocasión que hubo para ponerle un freno. Porque una enorme mayoría de los actores de peso prefirió negociar o especular en vez de enfrentarlo en forma decidida.

La política lo normalizó en tiempo récord mientras la oposición parece más preocupada por resolver sus rencillas internas que por ponerle un freno. Una parte del sindicalismo ya pactó. El Poder Judicial se desentendió olímpicamente de su mandato constitucional de control. Siga siga. Los medios de comunicación compiten para ser cada cual más oficialista y el gobierno, que para esto sí tiene plata, multiplica las voces amigas en cada vez más canales, al tiempo que busca silenciar las críticas. Todo eso sucede, al fin y al cabo, porque el gran Capital, que es el encargado de lubricar esas voluntades, encontró en Milei un presidente que les queda muy pero muy cómodo y les da más de lo que piden. 

Y eso nos trae a la segunda característica que se observa en la decisión de vetar la ley contra la ludopatía para proteger las ganancias de las empresas de apuestas online, además del autoritarismo creciente del gobierno anarcocapitalista. Se trata de la sumisión absoluta de la cosa pública a los intereses del Capital y la aplicación de su escala de valores a todos los aspectos de la vida de los argentinos, que evidentemente valen menos para Milei que las ganancias de los casinos digitales. Ese compromiso corporativo no solamente hace más extrema la desigualdad y el desequilibrio de poder sino que también altera profundamente la naturaleza de nuestra democracia.

Lo dejó en claro la presencia de Karina Milei en la Cámara de Diputados el miércoles por la tarde, cuando se discutía la ley. El mensaje, decodificado a la luz del anuncio sobre un eventual veto a la iniciativa, era dejar claro que el gobierno, además de los legisladores oficialistas, se encuentra embanderado con los intereses de las empresas de timba electrónica. La secretaria general de la Presidencia no sólo es la encargada de la estrategia política de La Libertad Avanza para 2025 y 2027 sino que también es la encargada de recaudar fondos para esa campaña. Sucede que las casas de apuestas, con acceso a fondos casi ilimitados, son generosos sponsors de los políticos que cuidan sus intereses.

En el proyecto de reforma política que envió el gobierno al Congreso y se dispone a discutir en sesiones extraordinarias, escondida dentro del caballo de Troya de la eliminación de las PASO, aparece una modificación a la ley financiamiento electoral que, al mismo tiempo, limita los aportes públicos a los partidos políticos y eleva sensiblemente el techo del financiamiento privado. De aprobarse, sería el último paso de la privatización de la democracia argentina, que había comenzado durante el gobierno de Macri, cuando otra reforma, aprobada con votos peronistas, habilitó el financiamiento corporativo y prohibió que los sindicatos puedan apoyar de manera monetaria una campaña política.

Este jueves, en un artículo en El Destape, Diego Genoud rescató una columna publicada por el economista Jeffrey Sachs en la que sostiene que la crisis de la democracia en la política de Estados Unidos tuvo un punto de quiebre en el fallo de la Corte Suprema de ese país de 2010 conocido como Citizens United contra la Comisión Federal Electoral. En esa decisión, el máximo tribunal determinó que era inconstitucional ponerle un límite al gasto de campaña de las grandes corporaciones, lo que abrió la puerta a un cambio profundo. A partir de entonces, dice Sachs, “dos grupos se adueñaron de la Casa Blanca y el Capitolio: los individuos súper ricos y los lobbies corporativos”.

La politóloga Wendy Brown, en su libro “El pueblo sin atributos”, coincide en señalar ese fallo de la Corte norteamericana como un punto de quiebre pero va un poco más allá en sus conclusiones. Al argumentar el voto de mayoría, el juez Anthony  Kennedy dice que ponerle un límite a la cantidad de dinero que una corporación puede donar a una campaña política equivale a limitar la libertad de expresión. En esa operación se le atribuyen a las corporaciones los mismos derechos que a los individuos, lo cual significa, en la práctica, una lesión existencial a los derechos individuales, toda vez que entran en una competencia desigual por el ejercicio de esos derechos contra corporaciones infinitamente más poderosas.

Pero eso no es todo, advierte Brown. Con ese argumento, que iguala la libertad de corporaciones económicas para influir en la opinión pública con la libertad de expresión, la Corte Suprema pone en pie de igualdad la opinión política y el dinero. O, como dice Brown, “le da al discurso el status de capital”, quitándolo del ámbito de lo público y volcándolo hacia lo privado. Y así es como la razón neoliberal toma por asalto la política, “rehace la esfera política como un mercado” y “reemplaza valores distintivamente políticos como los derechos, la igualdad, la libertad, la autonomía, la justicia, el Estado y lo público por equivalentes económicos de estos términos”, agrega la autora.

“Esta decisión hace mucho más que permitir que los fondos corporativos transformen las elecciones. Al insistir en que las corporaciones deben compartir los derechos del hombre, al anunciar el discurso corporativo como vital para la democracia y al descartar las preocupaciones sobre la igualdad en el acceso o los efectos del discurso político, ciertamente, el tribunal otorga licencias y legitima el poder corporativo ilimitado en política. Pero también hace algo más profundo y significativo: al someter la política, los derechos, la representación y el discurso a la economía, subvierte componentes clave de la democracia liberal: la soberanía popular, las elecciones libres, la libertad política y la igualdad”, escribe Brown. 

“Al plantear cada actor y actividad en términos de mercado, anula el significado político de ciudadanía y borra la distinción crucial entre los órdenes económico y político, esencial para la versión más modesta de la soberanía popular. Sustituye la deliberación y las voces políticas democráticas con una formulación del discurso como capital y la libertad de expresión como un derecho capital sin obstáculos. Al considerar que la regulación o los límites gubernamentales son enemigos de la libertad en todas partes, el tribunal combina los flujos de capital y de expresión en una sola corriente, compartiendo características y derechos contra un enemigo común: el Estado regulador”, concluye.

La ecuación es sencilla. Darle poder ilimitado a las corporaciones implica necesariamente cercenar la soberanía popular. Una y otra cosa son incompatibles. Es ellos o nosotros. El Capital sin límites o la democracia. El Capital sin límites o el planeta. El Capital sin límites o, en fin, la humanidad. Milei vino a completar esa tarea en la Argentina: entregarle el país al Capital, a costa de la soberanía, el bienestar y el futuro de 47 millones de personas. Lo está haciendo con éxito, mientras la inmensa mayoría de la clase dirigente negocia, especula o intenta llevar agua para su molino, sin comprender cabalmente la naturaleza del peligro que nos acecha. Cuando se den cuenta puede ser demasiado tarde.