Deuda y espionaje: sin memoria, verdad y justicia no hay Nunca Más

Luis Muiña, el asesino y secuestrador que formó parte del grupo de tareas en el Hospital Posadas durante la última dictadura y al que esta Corte Suprema había beneficiado en 2017 con un fallo que ordenaba la aplicación del 2x1 para abreviar su condena, falleció el miércoles pasado, preso. Sólo una enorme manifestación popular en repudio a esa decisión obligó al máximo tribunal a retroceder sobre sus pasos y evitó que fuera liberado. Esa fue la única vez que la sociedad, en la calle, pudo torcerle el brazo a una decisión corporativa durante los cuatro años que duró el gobierno de Mauricio Macri. Es difícil no preguntarse qué habría pasado si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debía enfrentar una resistencia social similar. Es probable que la historia hubiera sido diferente.

Lo cierto es que a esta altura del partido parece evidente que después de la crisis de 2001 la Argentina no generó (para usar una metáfora en boga) los mismos anticuerpos que había sabido producir tras la dictadura y que permiten que el consenso del Nunca Más siga vigente, aunque con algunos bollos, casi medio siglo después del golpe. Es cierto que ahora llegó al Congreso una diputada, Victoria Villaroel, que niega el terrorismo de Estado, y hay otros, como Ricardo López Murphy, que cuestionan abiertamente la cifra de 30 mil desaparecidos. El rechazo social a esas expresiones sigue siendo altísimo, incluso en parte de su electorado. Y lo que es más importante: los militares efectivamente dejaron de ser un problema para la democracia argentina hace mucho tiempo.

Por el contrario, cuando se cumplen veinte años de la crisis de diciembre, figuras centrales de esa tragedia, como Domingo Cavallo, son reivindicadas por toda la oposición y sus consejos económicos guían a sus equipos técnicos mientras que otros protagonistas de ese violento derrumbe, como Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y el propio López Murphy, hoy ocupan lugares eminentes en esa coalición, que ganó con amplia ventaja las elecciones de medio término y tiene chances concretas de volver a ser gobierno en 2023. Y el FMI otra vez está en el país, merced de un crédito impagable tomado, según dijo Macri, para financiar la fuga de capitales de los mismos bancos que en 2001 se quedaron con los ahorros de los argentinos.

Seguramente la explicación de por qué un trauma generó semejante reacción en la sociedad durante al menos tres generaciones mientras que el otro parece no haber dejado defensas sea compleja y deba tener en cuenta muchas variantes. Voy a limitarme a hacer foco en una sola diferencia, que salta rápidamente a la vista: los crímenes cometidos por la dictadura fueron juzgados en un proceso transparente de cara a la sociedad, mientras que los responsables del enorme daño causado a los argentinos en 2001 no tuvieron que responder por sus delitos. Los efectos de juzgar, cuando lo hace un tribunal idóneo y confiable, no solamente se limitan al castigo. Pueden marcar un camino. Hipótesis: no hay ni puede haber un Nunca Más sin memoria, verdad y justicia.

Este gobierno planteó, en sus primeros días, la necesidad de que la Argentina trace dos líneas rojas: un Nunca Más a “los sótanos de la democracia” (en la primera asamblea legislativa de Alberto Fernánez, al asumir la presidencia, el 10 de diciembre de 2019) y un Nunca Más a “un endeudamiento insostenible” (en su segunda asamblea legislativa, el primer día del período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo de 2020). Sin soslayar el efecto que tuvo la pandemia, dos años más tarde esas premisas parecen más lejos que entonces: el Poder Judicial actúa cada vez más abiertamente como un actor parapolítico que no está expuesto a supervisión ni sanciones, mientras que el ciclo de endeudamiento que abrió Macri parece cada vez más lejos de una conclusión definitiva.

“Hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más", prometió Fernández en su primer discurso como presidente. Fue el pasaje que despertó más aplausos, en el recinto y en la calle, y dominó las portadas de los sitios de noticias y las tapas de los diarios.

Dos años más tarde, el panorama es muy diferente. Esta semana, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal Porteña en Comodoro Py, decidieron echar por tierra la hipótesis de una asociación ilícita detrás de hechos comprobados de espionaje durante el gobierno de Macri. "Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país", escribieron. Llorens todavía no pudo justificar sus visitas a la Quinta de Olivos. Bertuzzi fue puesto en ese cargo a dedo por el propio Macri.

La línea de investigacíón suscrita por los camaristas, que rechazaron todos los pedidos de recusación, es que hubo una banda de espías que trabajaban en la AFI y hacían inteligencia ilegal sobre más de 300 objetivos, incluyendo opositores políticos, dirigentes de primera línea del propio macrismo (Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, entre otros) y hasta familiares del entonces presidente sin que en la Casa Rosada ni en el despacho del titular de la Agencia, Gustavo Arribas, se supiera del asunto. El fallo revocó el procesamiento de Arribas y también confirmó la falta de mérito de Darío Nieto, el secretario personal de Macri, que cuando tuvo que hacer frente a una orden de allanamiento se encerró en su auto para borrar el contenido de su celular. 

Esta causa de espionaje se había iniciado en Lomas de Zamora pero la cámara de Casación, también afín al expresidente, decidió en febrero de este año y con argumentos poco convincentes, pero que jamás serán revisados, trasladarla a Py, donde era cantado que la investigación acabaría por naufragar. Lo mismo puede suceder con la que involucra al espía Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, que esta semana confirmó su mudanza del Juzgado Federal de Dolores a Comodoro Py. Las querellas temen que esta decisión sea la cabecera de playa para sacar de Dolores otras dos causas, que son las que más preocupan a Macri: la que investiga la instalación de bases de la AFI en el Gran Buenos Aires y la que va detrás del espionaje a familiares del ARA San Juan.

Lo que resulta claro a esta altura es que los tribunales siguen respondiendo a la misma matriz que diseñaron el expresidente y su mesa judicial, hecho que no se modifica por los fallos que tardíamente reconocen la inexistencia de delito en la mayoría de las causas con las que se intentó perseguir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Corte del 2x1 desafía abiertamente al gobierno, esgrimiendo fallos como espadas, en una batalla que lesiona, antes que nada, a la institucionalidad del país. Los poderes electos por la voluntad popular quedan a la merced de cuatro tipos que nadie votó y que arrastran severos problemas de legitimidad. Es imposible, así, un Nunca Más a los sótanos de la democracia como prometió Fernández para su gobierno.

El otro asunto pendiente no solamente lo planteó el mandatario cuando habló, el 1° de marzo de 2020, de un "Nunca más a un endeudamiento insostenible”, a “decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas y de espaldas al pueblo” y a “la puerta giratoria de dólares que se fugan dejando tierra arrasada a su paso". La idea la había mencionado CFK tres semanas antes, el 8 de febrero en la Feria del Libro de La Habana, en Cuba, adonde había viajado a presentar su libro Sinceramente. Pero la vicepresidenta a su vez la había tomado de un tuit que había publicado dos días antes el ministro de Economía, Martín Guzmán, para celebrar la aprobación de la ley de Sostenibilidad de la Deuda: “Que este sea el principio de un Nunca Más a los ciclos de sobreendeudamiento”.

Ese mismo 1° de marzo el presidente prometió una investigación sobre el proceso de toma de esa deuda con el FMI con consecuencias penales para los responsables. No se trataba de judicializar la decisión política de haber tomado el crédito, aún con los costos enormes que trajo para todo el país, sino las irregularidades que se detectaron en el trámite, que no solamente no pasó por el Congreso, algo que la ley en ese entonces autorizaba, sino que se salteó los pasos burocráticos mínimos que se establece para controlar esa clase de préstamos antes de asumir un compromiso de tal magnitud. El expediente está en manos de la jueza María Capuchetti, que responde a Daniel Angelici. No registró avances hasta ahora.

Así como la crítica lapidaria que hizo esta semana el FMI a la gestión de Macri de ese programa, reconociendo la fuga de capitales y la utilización política de los fondos asignados, es importante pero no alcanza si no se acuerdan condiciones convenientes para que la Argentina pueda afrontar esa deuda impagable; la negociación que lleva adelante Guzmán es importante, urgente y hasta puede resultar exitosa, pero nunca alcanzará, por sí sola, para clausurar la puerta y que otros gobiernos no vuelvan a sobreendeudar al país, en una nueva versión de nuestras crisis recurrentes. Solamente una investigación detallada, transparente y ante los ojos de la sociedad puede construir el consenso necesario que se requiere para dar ese paso.

Los tiempos se aceleran. Los protagonistas de la última crisis no tardaron veinte años en lavarse la cara, como sucedió con sus correligionarios de 2001, sino que ya, apenas dos años después de dejar el país arrasado, ya dan consejos a través de sus cuentas en las redes sociales y pronto volverán a emitir sus diagnósticos y opiniones en canales de televisión, sin que nadie les pregunte o los cuestione por su rol en aquel desastre. La próxima crisis no va a tardar dos décadas en llegar; está a la vuelta de la esquina si no se hace nada para evitarlo. Ahí van los compromisos del Frente de Todos: nunca más crisis, nunca más lawfare, nunca más deuda. Pero sin memoria, verdad y justicia no puede haber Nunca Más.