Curarse en salud: Kueider, los jubilados y un sistema que cruje

El tratamiento adecuado para las enfermedades crónicas más frecuentes en personas mayores, como la hipertensión o la diabetes, puede extender la expectativa de vida hasta veinte años, además de garantizar una mejor calidad de vida durante ese tiempo. Sin acceso a la medicación, la historia es muy distinta. Las dolencias progresan rápidamente, las consecuencias de ese avance provocan un deterioro acelerado de las condiciones del paciente, los síntomas, sin cuidados paliativos, impactan más fuerte, la vida se acorta, a veces una década o más.

El resultado consiste en familias que se truncan antes de tiempo, nietos que no llegan a conocer a sus abuelos, proyectos que se pierden, carencias que se acentúan, soledades que no tienen vuelta atrás. Millones de jubilados recibieron esta semana una noticia que para muchos se asemeja a una condena a muerte. El gobierno que se embandera con una ideología anti regulatoria y celebra la eliminación de barreras burocráticas decidió imponer al sector más vulnerable de la población una ordalía kafkiana que deben afrontar para sobrevivir.

Mientras que, hace unos meses, los hogares tuvieron un plazo de noventa días para tramitar subsidios a la luz y el gas, un trámite mucho más sencillo, en este caso más de dos millones de jubilados se enteraron el domingo pasado que desde ese mismo día dejaba de regir su cobertura. El apuro sólo tiene una explicación: a partir de fin de año se termina el impuesto PAIS, que costea los medicamentos gratuitos, y el gobierno no piensa buscar otra fuente de financiamiento. Las vacaciones baratas en Brasil o Miami este verano se van a pagar con la salud y la vida de los viejos.

El trámite online tuvo que ser modificado a mitad de la semana porque el sistema no funcionaba. En las oficinas de PAMI los empleados no contaban con la información para ayudar a las miles de personas que se acercaron para gestionar el acceso a la medicina que requieren. El jueves por la mañana un hombre de 67 años ingresó a la sede central del PAMI en Córdoba con un bidón de cinco litros de nafta y un encendedor. Llegó a rociarse con el combustible pero el personal pudo detenerlo justo a tiempo, antes de que causara una tragedia.

La restricción al acceso a medicinas gratuitas impacta, además, después de un año de gobierno de La Libertad Avanza en el que el poder adquisitivo de los haberes se hundió y el precio de los remedios más utilizados por pacientes mayores subió mucho más que la inflación promedio, aunque el ministro de Economía Luis Caputo mienta lo contrario. “Sólo un 11% de los jubilados son pobres”, dijo el funcionario en una entrevista con el canal paraestatal LN+, en la que también aseguró que durante este período “le han ganado a la inflación por veinte puntos”.

De acuerdo a la consultora exQuanti, en un estudio elaborado con datos del INDEC, entre septiembre del año pasado y de este año la cantidad de jubilados pobres se duplicó, de 17,9 a 35,7 por ciento, y la indigencia se triplicó de 1,8 a 6,6 por ciento. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso agrega que “el poder de compra promedio” de los haberes “registra una caída real de 23,3 por ciento” si se comparan los primeros diez meses de 2023 y 2024. Así se explica el superávit financiero de 5,2 billones de pesos que acumuló la ANSES en ese período.

Simultáneamente, el CEPA dio a conocer esta semana datos sobre el aumento del precio de los remedios. Empujados por la devaluación, primero, y luego por la desregulación que se puso en práctica desde la Casa Rosada, “desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 210,7 por ciento, superando ampliamente la ya elevada inflación de ese mismo período: 201,5 por ciento”.

De acuerdo al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, el ajuste significará un recorte de 250 mil millones de pesos por mes, unos tres mil millones de dólares al año. Esta semana la revista Forbes dio a conocer la lista actualizada de las 50 fortunas más grandes del país, que acumulan un total (en blanco) de 78 mil millones de dólares. Una tasa anual del 2 por ciento a ese patrimonio, tal como la que se propone en antros comunistas de la calaña del G20 o la OCDE, permitiría recaudar más de la mitad de lo que se ahorra retaceándole medicinas a los jubilados.

Los planes de Javier Milei son muy distintos y al final del camino está la eliminación del PAMI. El principal obstáculo probablemente no sea la oposición, que poco se opone, sino los negocios que su propio gobierno habilitó con esa caja y que se desarrollan bajo la órbita de una de las personas más poderosas en el esquema de La Libertad Avanza. Esa trama de corrupción explica por qué el gasto del organismo este año es el más alto desde 2019, a pesar de que se recortaron sensiblemente las prestaciones, tal como informó Fernando Alonso en El Destape esta semana.

La mecánica es conocida por todos en ese ambiente. Los centros de salud que dependen del PAMI se están vaciando. Los profesionales renuncian por los bajos salarios, los insumos escasean, las autorizaciones se demoran. Ante ese panorama se tercerizan servicios en prestadores privados, que le cobran al organismo una suma mayor al costo que hubiera tenido atender al paciente dentro del sistema público. Los funcionarios que intervienen tienen intereses en ambos lados del mostrador y muchas veces, además, se embolsan una comisión por las molestias.

A poco de cumplir un año, la corrupción estructural comienza a recortarse como una de las características de este gobierno y puede ser un problema para sus protagonistas cuando baje la espuma, que siempre baja tarde o temprano. El caso del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares en efectivo, podría ser la pista necesaria para empezar a conocer con más detalle cuáles fueron los mecanismos que utilizó Milei para conseguir que el Congreso le entregase facultades extraordinarias y no le pusiera un freno a sus atropellos.

Kueider ingresó a la cámara Alta en 2019 en la boleta del peronismo, con la banca del entonces gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Al final del mandato de Alberto Fernández rompió el bloque del Frente de Todos. Al comienzo del gobierno de Milei el senador insinuó algunas críticas pero rápidamente se acopló a las necesidades del oficialismo. Victoria Villarruel primero y luego Santiago Caputo se encargaron de forjar ese vínculo. Kueider acompañó al gobierno en todas las votaciones clave.

El 3 de marzo Kueider cruzó la frontera con Paraguay por primera vez desde 2019. Lo hizo acompañado por Iara Guinsel Costa, la misma mujer que estaba con él cuando fue detenido esta semana tratando de cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar. Ella entonces llevaba apenas una semana como empleada en el Senado con categoría A1, con un sueldo al día de hoy de más de dos millones de pesos mensuales. El 6 de marzo Kueider volvió a viajar a Paraguay por tierra, esta vez sólo.

El siguiente capítulo fue el tratamiento de la ley de Bases. Su voto era necesario no solamente en el recinto sino antes, para que el texto impulsado por el gobierno obtuviera dictámen en el plenario de comisiones. Con su intervención se habilitó el tratamiento y con su voto el oficialismo alcanzó los 36 necesarios para forzar un desempate que Villarruel definió de acuerdo a lo previsto. Eso fue el 13 de junio. Hay dos salidas de Kueider y Guinsel Costa a Paraguay registradas en Migraciones los días 16 y 21 de junio. También hubo otra el 13 de octubre.

En un primer momento, tras ser detenido de madrugada, el Senador se negó a explicar el origen de la suma y por qué la llevaba a Paraguay. Luego señaló que el dinero pertenece a su empleada. El fiscal Alcídez Giménez Zorrilla, a cargo de la investigación, informó que “ella se presentó como representante de una sociedad anónima llamada Golden Sur S.A. y afirmó que el dinero era para una inversión en Paraguay” pero que “no presentaron ningún documento que justifique el origen de esos fondos o su finalidad”.

La camioneta en la que viajaban, una 4x4 Chevrolet Trailblazer negra, patente AE797OJ, está a nombre de Rodolfo Daniel González, un empleado de planta en el Congreso que desde 2019 está en comisión en el despacho de Kueider y también es socio del Senador en Betail, una empresa que está siendo investigada por la compra de tres departamentos. Cuando la revista local “Análisis” puso la lupa sobre la empresa, en marzo de este año, esos inmuebles fueron transferidos a nombre de Iara Guinsel Costa.

Las implicancias de este caso pueden tener repercusiones insospechadas. Unión por la Patria pidió una sesión para esta semana con la intención de expulsar a Kueider del Senado. El oficialismo retrucó proponiendo expulsar a todos los legisladores con causas abiertas, sin importar la instancia de la investigación. En las redes sociales, Milei y Cristina Fernández de Kirchner, que se eligieron mutuamente como adversarios en este capítulo, se pasaron la pelota varias veces tratando de deslindar responsabilidades sobre el legislador corrupto.

Enfrascados en esa disputa no advierten el riesgo que corren de terminar mimetizándose a los ojos de una sociedad que ya le dio a su dirigencia demasiadas chances. Al oficialismo cada vez le cuesta más diferenciarse de la casta y cuando esa diferencia desaparezca se habrá acabado el crédito. A la oposición, el exceso de tacticismo y la búsqueda de la ventaja cortoplacista no los deja ver que este caso no sólo daña a la imagen pública del gobierno sino que infringe una herida más en la confianza de la sociedad en las instituciones de la política y la democracia.

En ese contexto, resulta relevante detenerse un momento en la ejecución a sangre fría de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, la más importante aseguradora de salud de los Estados Unidos, a la que los medios argentinos no le dieron una amplia cobertura. A Thompson le dispararon por la espalda en la vereda del hotel Hilton, en pleno Midtown de Manhattan, cuando se dirigía a la conferencia anual de inversores de su compañía. La policía todavía no pudo identificar al autor, que actuó con el rostro cubierto y huyó a pie y luego en bicicleta.

La hipótesis más firme hasta ahora es que el crimen es una respuesta a las políticas abusivas de las empresas de seguros de salud en Estados Unidos. Los casquillos de bala encontrados en la escena tenían escrito con marcador indeleble tres palabras en inglés: “delay” (demorar), “deny” (denegar) y “depose” (deponer), en referencia a tres tácticas que utilizan los abogados corporativos en esa industria para evitar asumir el costo de tratamientos requeridos por sus clientes, muchas veces con resultados fatales.

UnitedHealthcare, la empresa que conducía Thompson, encabeza el ránking de denegación de servicio con una tasa del 32 por ciento de rechazo de cobertura. Uno de cada tres tratamientos solicitados era negado. Eso duplica el promedio de la industria, en un país donde ese problema es generalizado. En los últimos años el deterioro del poder adquisitivo hizo que para muchas familias el costo del seguro de salud se haya convertido en una carga impagable. El 66 por ciento de las bancarrotas en Estados Unidos se explican por deuda médica.

Pero lo más llamativo del caso Thompson fue la reacción en la opinión pública, muy distinta a otros casos de terrorismo doméstico. En las redes sociales no hubo “pensamientos y plegarias” para los familiares de la víctima y los memes y bromas habituales celebraban la ejecución como un acto reparatorio. El asesino se convirtió rápidamente en héroe de la clase obrera y, después de la aparición de un par de imágenes poco claras de su rostro tomadas por cámaras de seguridad, hasta en sex symbol. Cada hora que se estira la fuga su figura se fue volviendo más grande.

Los medios tradicionales se alarmaron. El Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, se preguntó: “Un CEO de seguros de salud fue asesinado, ¿por qué la gente lo celebra?”. Con demasiada urgencia como para esperar a obtener una respuesta a esas elucubraciones teóricas, después del crimen las principales empresas del rubro ocultraon los nombres y datos de sus ejecutivos que estaban publicados en sus páginas web corporativas. Como sabe cualquiera que se dedique a ese negocio, es más barato prevenir que curar.