Luego de la polémica medida del gobierno de Javier Milei sobre la restricción de la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados a través de del subsidio social, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre las recientes modificaciones en la política impulsada por el PAMI.
La decisión de la administración de La Libertad Avanza (LLA) de endurecer los requisitos para acceder a la cobertura del 100% de los remedios generaron una preocupación por su impacto negativo en uno de los sectores más vulnerables de la población. La medida del PAMI perjudicará a un universo de entre 2 y 3 millones de jubilados.
“Los jubilados y pensionados de nuestro país no pueden seguir siendo el sector al que se le exige más sacrificios. Estas modificaciones imponen una nueva carga burocrática y restrictiva que golpea directamente a quienes ya enfrentaron enormes ajustes en sus haberes”, sostuvo Agost Carreño.
El pedido de informe se centra en los cambios establecidos por la resolución 2431-2024, que, entre otras disposiciones, eleva los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos. “Lo que no resulta tolerable es la utilización de ardides administrativos para evitar la prestación de servicios que el derecho le garantiza a los afiliados al PAMI”, enfatizó el diputado por Córdoba.
Además, el legislador advirtió que el precio de los medicamentos incrementó por encima de la inflación en el último año, representando una carga desproporcionada para quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas. “Este recorte es un golpe más a un grupo que debería estar protegido, no castigado. El Estado debe garantizar un sistema de salud accesible y digno para los adultos mayores, que merecen vivir con tranquilidad después de toda una vida de trabajo”, remarcó.
El legislador instó a que las decisiones del PAMI se fundamenten en la sostenibilidad del sistema sin afectar los derechos de los beneficiarios: "Minimizar costos no puede implicar una precarización aún mayor de los servicios”, advirtió.
A través de un comunicado, el Frente de Jubilados de Río Cuarto calificó de “gerontocidio” a la medida del Presidente y criticó la inclusión en la lista de medicamentos de venta libre de productos esenciales como protectores gástricos, analgésicos, antiinflamatorios e incluso algunos antibióticos. Esto afectará a 73 mil beneficiarios de la ciudad y la región, de los cuales el 60% son considerados vulnerables.
A su vez, desde el Frente aseguraron que la falta de acceso a este tipo de remedios podría tener consecuencias fatales para su salud: “Cada jubilado que muere por falta de medicamentos es un asesinato silencioso”, indicaron.
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