El presidente Alberto Fernández anunció en el discurso ante la asamblea legislativa que dio instrucciones para iniciar una querella criminal contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri implicados en la toma de deuda producida en 2018. Es la primera vez que esta decisión es tomada por un presidente.
Un conjunto heterogéneo de políticos y economistas salió a cuestionarla: se trató de una decisión de política económica fuera de la esfera de lo que puede tipificarse como un delito. Este principio parece ser bastante transparente y podría cerrar la discusión sosteniendo que en efecto se trata de una decisión en gestión pública común otros miles de decisiones. Sin embargo, desde hace al menos cuatro décadas la deuda externa no es un tema más de nuestra política económica, sino que se ha convertido en una verdadera ancla para el desarrollo.
El alto endeudamiento casi crónico implica destinar millones del presupuesto nacional al pago de intereses y deuda que parece interminable; pero no es solamente una cuestión presupuestaria: los acuerdos de deuda, cuando se trata de un organismo de crédito internacional, implica las condicionalidades sobre la política económica en general, las cuales van mucho mas allá de asegurarse los pagos a futuro, pues el objetivo central es mantener un modelo económico pro mercado, con la menor cantidad de regulaciones posibles sobre el sector privado. Se hizo evidente cuando en 2007 Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI. Años escuchando lo importante que era “honrar” las deudas, pero cuando se honraba de manera definitiva, nuestros economistas del orden recorrieron los medios enarbolando todos los temores sobre un futuro trágico, develando su verdadera preocupación: el FMI no siendo ya acreedor, dejaría de ser el veedor permanente de la economía argentina.
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La cuestión nunca fue pagar, sino mantener la sujeción, por algo fue la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, la que firmó el ingreso al FMI, pues la característica de los modelos que llevó adelante la derecha en la Argentina en distintos momentos, consistió siempre en fortalecer esa sujeción a la lógica económica de los países centrales, remarcando nuestro lugar de periferia. Justamente Enzo Faletto, uno de los referentes claves de la Teoría de la Dependencia, señalaba el lugar que ocupa la cuestión del endeudamiento. En uno de sus últimos trabajos (La Especificidad del estado en América Latina, se puede encontrar en la web) señalaba que para alcanzar un consenso sobre el desarrollo plantea: “La discusión se refiere al nivel y composición del gasto público, al monto del déficit fiscal y al tipo y posibilidades de endeudamiento”.
Cada vez que se produce un endeudamiento cuyo único fin es estimular la especulación financiera no solo es una oportunidad perdida para el desarrollo sino que lo condiciona de manera directa; hoy el gobierno podría estar diseñando más programas para el crecimiento y la inclusión, pero en cambio se ve impelido a dedicar muchos esfuerzos a resolver del modo más conveniente para el país, el nuevo desastre de deuda que heredó del macrismo (gobierno que por otra parte defaulteó deuda que él mismo tomó, en otro de los insólitos logros que alcanzó).
Todo gobierno inicia con una herencia que implica políticas y realidades que no generó; la derecha ha sido sistemática en sus tres ultimas ocupaciones de la Casa Rosada, tanto las constitucionales como las que no. La dictadura militar inició el ciclo de endeudamiento con una suba descontrolada de la deuda en un contexto mundial de disponibilidad de dólares y marcó el nacimiento de la patria financiera. El Menemismo, para sostener lo imposible, la paridad 1 a 1, llevó adelante un proceso de endeudamiento que la Alianza termina de llevar a la explosión. El macrismo en un solo período de gobierno, nos deposita otra vez en la misma situación.
La observación empírica nos deja una conclusión transparente: gobiernan para endeudar al Estado y cancelar las aspiraciones de desarrollo, ese grillete que condiciona a los gobiernos que los suceden ¿Cómo s e califica la reiteración de una política que ya demostró las terribles consecuencias que implica para todo un país? Por eso no es la primera vez que la democracia busca investigar el proceso de endeudamiento. Con el retorno de la democracia en 1983, se conformó una comisión bicameral para investigar la política en ese tema llevada adelante por la dictadura, como así también una investigación desde el BCRA, sin embargo, ninguna de las dos avanzó en un proceso penal. Todos conocemos el enorme trabajo del historiador Alejandro Olmos y su denuncia penal que derivó en una sentencia del juez Ballesteros en el año 2000 pero sin condenas: el endeudamiento se llevó a cabo para favorecer a privados.
Esto es, las políticas de deuda que desarrollaron esos gobiernos cancelaron las posibilidades de desarrollo, pero esas acciones tienen nombre y apellido, beneficiando a grupos económicos, tal cual afirma Ballesteros en su escrito. Recordemos también que los mismos economistas simpatizantes del endeudamiento han intentado varias veces obtener poder por encima de los tribunales: el ya fallecido ex presidente del BCRA Pedro Pou, exigía que las decisiones del Central no pudieran ser judicializables, en particular en el marco de fusiones de bancos. Exigencias del poder financiero al filo del 2001. La toma de deuda debe seguir un ciclo de procedimiento que incluye la consulta al Congreso de la Nación, primera norma que el macrismo incumplió.
Si es complejo obtener sentencias judiciales sobre estas acciones de política pública, bastante mas con el actual perfil de nuestro Poder Judicial, es imprescindible si deseamos un futuro con desarrollo lograr que las políticas de toma de deuda atraviesen una profunda discusión en la sociedad argentina y bloqueen, para siempre, todas las iniciativas pensadas para profundizar la desigualdad y el estancamiento, como lo ha expresado el presidente. No está nada mal que el Poder Judicial, diga lo suyo.