Juan Martín Mena es secretario de Justicia desde el primer día de gobierno de Alberto Fernández. Desde ese lugar, ha denunciado el lawfare y promovió reformas que hagan más transparente y eficiente al Poder Judicial. Las revelaciones exclusivas de El Destape en la investigación de la Operación Olivos dejaron a la luz evidencias de esa trama de los poderes políticos, judiciales, mediáticos y de inteligencia para perseguir opositores.
- Empezamos casi con una pregunta personal. ¿Qué fue lo que sentiste al ver las pruebas que demostraban la veracidad de que lo que ustedes vienen denunciando hace un tiempo y que muchos trataban como un invento o una conspiración o fantasía?
- Una vez más, como sucedió el año pasado y el anterior con aquellas causas en las que se reveló ese sistema macabro de inteligencia ilegal que llevó adelante Mauricio Macri durante su gobierno, esta nueva investigación de El Destape da cuenta de la promiscuidad histórica con la que siempre se manejó Macri, un personaje nefasto que vivió toda una vida al margen de la ley y eso fue lo que hizo cuando asumió la Presidencia. Los hechos son de enorme gravedad y vienen a probar la feroz persecución política que utilizaba ni más ni menos que el Poder Judicial para llevarla a cabo. Nosotros denunciamos que las causas eran armadas, que no se garantizaba el derecho de defensa. Que nada de lo que surgía de esas causas tenía ningún efecto porque los jueces resolvían sus investigaciones al margen de la ley, desoyendo burdamente (y ahora se entiende y se comprueba, delincuencialmente) a las defensas. Resolvían las causas apartándose por completo del derecho vigente y de la Constitución y de los Códigos Penal y Procesal Penal. Nada era válido para la defensa en la tramitación de esas causas. Y ahora vemos el por qué. Macri daba las instrucciones ni más ni menos que en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos a los jueces que nosotros veníamos denunciando en cada uno de los expedientes por cómo tramitaban las causas. Y eso, emparentado con la complicidad y la participación de gran parte de los medios de comunicación y algunos pseudo periodistas, porque lo que revelan las investigaciones y la información que se está revelando en estos días es la coincidencia entre las reuniones de Macri con jueces y fiscales y minutos antes o minutos después con los periodistas y editorialistas que iban generando una realidad paralela para confundir a la gente. Como bien denunciábamos nosotros durante todo este tiempo el objetivo de Macri y de su alianza de gobierno era doble: por un lado la persecución a los opositores políticos pero por otro lado el encubrimiento y la garantía de impunidad para lo que ellos estaban haciendo en el gobierno.
- Ya vamos a meternos en las implicancias políticas de estas revelaciones pero primero quería detenerme un segundo en sus implicancias judiciales, jurídicas, porque estas son todas causas que están en curso y a partir de esta revelación van a tener novedades. Incluso si uno creyera en la explicación que dan estos jueces, estos fiscales, que hablan de encuentros sociales, que se juntaban a jugar al tenis o al paddle y no hablaban una sola palabra de los expedientes, aún así deberían haberse excusado por no ser imparciales. Si eran amigos y tenían un vínculo social con el Presidente eso los inhabilitaba para actuar en las causas. Y si no les creyéramos y se comprobaran las peores sospechas, estamos hablando de uno de los escándalos más graves de la historia argentina y deberían ir todos presos por ser parte de esta trama…
- Absolutamente. Los funcionarios judiciales involucrados cometieron gravísimos delitos, eso de ninguna manera puede verse disminuido o justificado por una relación social o diciendo que sólo jugaron un partidito de paddle. Resolvieron causas en las que debieron haberse inhibido, y al no hacerlo y al coordinar sus resoluciones judiciales ni más ni menos que con el Presidente de la Nación, ni más ni menos que en la sede del gobierno, cometieron gravísimos delitos. Se cargaron medio código penal. Entonces las excusas ahora respecto de la actividad social, el paddle, el tenis o las relaciones sociales no le interesan a nadie, acá lo que interesa es cómo violaron la ley en el ejercicio de su cargo. Y ni más ni menos lo hacen funcionarios a cargo de la administración de justicia. Eso es gravísimo. Como siempre decimos, desaparece el derecho cuando la administración de justicia deja de administrar justicia conforme la Constitución y la ley. Es una barbarie, por eso los delitos en manos de funcionarios que pertenecen al Poder Judicial de la Nación son sumamente más graves. Esto va a derivar en investigaciones penales, van a tener que dar muchas explicaciones respecto de qué conversaban, cuál era el contenido de esas reuniones y también sobre las responsabilidades políticas. Desde el Consejo de la Magistratura se van a requerir explicaciones respecto de lo que hicieron. En las mismas investigaciones se daba cuenta de las anotaciones personales del secretario privado de Macri que se conocieron en otra causa, en la del espionaje ilegal que se investiga en la justicia federal de Lomas de Zamora, donde el propio secretario del presidente anotaba los temas que tenía que charlar con los jueces, respecto del futuro de denuncias en sede penal o administrativa. Tendrán que ir los involucrados a dar explicaciones respecto del contenido de esas charlas. La situación es sumamente grave. Nosotros lo intuíamos y lo denunciamos porq el paredón con el que nos encontrábamos cuando que se rechazaban todas las medidas de prueba, cuando se violaba el debido proceso, cuando se detuvo gente por investigaciones llevadas adelante por estos tipos. Entonces ahora no se pueden hacer los giles, el Poder Judicial y el poder político tiene que reaccionar fuertemente frente a esto, primero para subsanar lo que ilegalmente se llevó adelante todos estos años, pero además para garantizar que no se repita. Estos hechos están denunciados ante Naciones Unidas, hay una causa en trámite en manos del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, por lo tanto todas estas nuevas pruebas y estos nuevos hechos que se conocen a raíz de la investigación de El Destape van a derivar en un sin número de presentaciones de causas que se investigarán en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, no solo judicial sino también administrativo y político. Más allá también de los reclamos que van a disparar cada una de estas causas, el Poder Judicial no se puede hacer el zonzo frente a esto. Yo no creo, es más firmemente descreo en la autodepuración del PJ, sino ya lo hubieran hecho. Es el poder del Estado que menos se democratizó y que más se resistió a la democratización en los últimos 40 años de democracia en nuestro país. Ahora vemos cuáles son las prácticas y los privilegios que pareciera que el Poder Judicial quiere mantener, entonces más allá de descreer en la autodepuración del PJ sí creo que es importante que aquellos que no están involucrados, y son muchos, en estas prácticas, también alcen la voz y condenen. Porque el silencio en esta materia es complicidad.
- ¿El Estado va a presentarse como querellante? ¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia?
- Todavía desde que se conoció la investigación se están evaluando distintos cursos de acción. Lo que sí puedo decir es que esto no va a quedar simplemente en una investigación periodística. Esto va a ser firmemente investigado y vamos a promover todas las herramientas posibles. No sólo para subsanar lo que hicieron sino principalmente para tratar de garantizar que no se repita. Nosotros tenemos que tomar todas las medidas para dar cuenta de lo que sucedió y que se sancione firmemente a los responsables, en eso no tengan dudas que vamos a trabajar fuertemente.
- A la luz de las relaciones que tenía Sergio Moro, un juez que después fue ministro de Bolsonaro, acá en Argentina, ¿la aparición de estas evidencias muestra un circuito del Lawfare en toda Latinoamérica?
- Hay una matriz común. Hubo un plan regional, por eso la persecución tiene ribetes o coincidencias comunes. No dudo que este fue un plan regional que tenía por fin destruir, estigmatizar, a líderes nacionales y populares que gobernaron en la última década y media. Sin dudas cuando uno analiza las circunstancias de Brasil con esa promiscuidad también entre Moro y sectores políticos de Brasil que ahora se conocieron efectivamente, fruto de los fallos del Tribunal Federal de Justicia brasilero, bueno lo mismo sucedía acá. Y recordemos que durante los años de gobierno de Macri, Sergio Moro era recibido acá como una institución judicial, fue recibido por la máxima autoridad judicial en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia y se sacaba fotos con el Moro argentino que era Claudio Bonadío, que impulsaba las investigaciones contra CFK. Ahora se empiezan a conocer todas estas pruebas que dan cuenta de cómo esta matriz común que se llevó adelante era ejecutada por el Poder Ejecutivo de entonces y con la complicidad directa, en términos penales podríamos hablar de participación, porque los funcionarios judiciales involucrados cometieron gravísimos delitos. Uno habla del Lawfare, que parecería algo lejano, difícil de explicar, pero estamos hablando de que se cargaron medio código penal, cometieron delitos de prevaricato, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, hay un sin número de delitos que estos funcionarios judiciales cometieron, y es inadmisible que el propio administrador de justicia sea el que viola la ley con fines políticos para la persecución y el encarcelamiento de opositores. Es por eso la gravedad que tiene esto y así serán también las consecuencias que van a derivar de estos hechos que se están empezando a conocer.
- ¿Pueden estos funcionarios continuar en sus cargos?
- Demandaría que tengan un resabio de algún tipo de ética, descreo que a tipos que participaron de estas cuestiones les quede algún atisbo ético para apartarse inmediatamente de los cargos. Si lo tuvieran, renunciarían hoy mismo. No creo que tengan todavía algún tipo de ética en su ser como para esperar esa actitud, por lo tanto se tendrán que llevar adelante las investigaciones que correspondan y activarse los mecanismos institucionales previstos en la Constitución y en la ley para cuando un funcionario judicial comete este tipo de delitos.
- ¿Creés que estas revelaciones van a ayudar a allanar el camino de la reforma judicial que propuso el gobierno o, por el contrario, hará que la oposición las resista aún más y cierre fila para proteger a los delincuentes?
- El horizonte está bien claro y está fijado por el propio Presidente en su discurso del primero de marzo. Él remarcó, como lo hizo durante la campaña electoral, como lo hizo durante la pandemia, lo que tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder. Y para eso está la reforma. La oposición tendrá que pronunciarse claramente sobre todo esto. Obviamente que hay sectores de la oposición que son cómplices y partícipes de esta maniobra, dudo que de ellos nazca alguna salida. Pero si hay sectores más democráticos, que tienen otros intereses, yo espero que se sumen a una discusión seria, porque este Poder Judicial no satisface a nadie. Y si no le tendrán que explicar a la gente. Porque una cosa es la persecución penal a opositores, pero este mismo Poder Judicial es también el que permitió que se afecten las jubilaciones, que se le destruya bolsillo a la gente con tarifazos, que se endeude el país por los próximos 50 años con una deuda impagable y que avaló día a día el plan económico y político que llevó adelante Macri. Por lo tanto, si tienen el interés de seguir participando políticamente en el marco de nuestra democracia, yo creo que vamos a poder contar con algún sector de la oposición que se siente a discutir esto y que tome las reformas institucionales necesarias para reducir las posibilidades de que esto se repita.
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