La Corte Suprema rechazó todos los planteos de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad por la obra pública en Santa Cruz

El máximo tribunal falló por unanimidad contra los planteos de la vicepresidenta. La decisión allana el avance del jucio oral, que está por entrar en etapa de alegatos.

21 de junio, 2022 | 14.56

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, rechazó todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa de la Obra pública vial en Santa Cruz. El caso está en juicio oral, por ingresar en la etapa de alegatos, es decir, en la etapa final.

En esta causa, una de las paradigmáticas del Lawfare, CFK está acusada de ser "jefa de una asociación ilícita" por obras concedidas en la provincia de Santa Cruz. El expediente gira en torno al presunto direccionamiento de la obra pública vial en beneficio del empresario Lázaro Báez en aquella jurisdicción.

La decisión de rechazar doce incidentes relacionados al caso fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ante los pedidos de la defensa de la expresidenta y de otros acusados de anular el juicio que ingresará en etapa de alegatos el próximo 11 de julio. Esta decisión allana el camino para que haya una resolución del proceso para fines de este año.

Los cuatro supremos resolvieron tres planteos que realizó el abogado defensor de CFK, Alberto Beraldi. El primero porque el Tribunal Oral Federal N° 2 no aceptó toda la prueba que propuso la defensa; el segundo por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal; y el tercero porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.

Entre los planteos rechazados se destaca una queja por casación denegada de la defensa de CFK contra el rechazo a un planteo de falta de acción por falta de jurisdicción (competencia de la justicia de Santa Cruz) y cosa juzgada (sobreseimiento previo de justicia provincial en relación con los mismos hechos). De haber prosperado, este planteo podría haber hecho caer el caso. Los cortesanos resolvieron denegar la presentación “por falta de fundamentación autónoma”. Sustentaron su decisión en que “la parte no demostró haber refutado, en su recurso de casación, los argumentos esgrimidos por el tribunal oral para desestimar los planteos de falta de jurisdicción y cosa juzgada, ni tampoco efectuó una descripción prolija de los antecedentes de la causa relacionados con sus agravios”, se explicó desde la Corte.

Entre los argumentos que esgrimió la Corte para rechazar los planteos de CFK, se destacan:

  • Que "rechaza el agravio referido a la no habilitación de la instancia casatoria para revisar el rechazo del planteo de cosa juzgada, fundamentalmente a partir de la no demostración del requisito de 'identidad subjetiva”', toda vez que la ex Presidenta no fue juzgada en sede provincial.
  • Que señala una "ausencia de fundamentación suficiente en orden a la demostración de la 'identidad de objeto'" entre la causa provincial y la elevada a juicio.
  • Que alega "una deficiente fundamentación del recurso al momento de rebatir los fundamentos del tribunal de mérito para rechazar el planteo de falta de acción por cosa juzgada, con sustento en la 'imprecisión' o indeterminación del objeto de la causa tramitada en sede provincial".
  • Y concluye "que la parte no demostró que la sentencia apelada sea equiparable a definitiva, a partir de una reseña de los precedentes de la CSJN sobre la cuestión".

El caso 

La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Javier Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.

Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación en diciembre pasado: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista, quien también dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal.

¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.

En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión. Durante aquella ponencia, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio.

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