Violencia de género: por qué falla la Justicia ante las denuncias

¿En qué falla la Justicia cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género? ¿Cómo puede ser que, aún con una perimetral, el agresor se acerque a ella, la golpee e incluso la mate? ¿Cómo es posible que no se tomen las denuncias o se desoigan? Esas son algunas de las preguntas que surgieron tras el femicidio de Úrsula Barhillo y que tienen respuestas: hay una falta de escucha atenta, de empatía, de perspectiva de género y de seguimiento de las medidas adoptadas.

Es la revictimización de la víctima que acude a pedir ayuda y encuentra una pared enfrente. “El problema central es estructural y tiene que ver con el sesgo de género, la falta de credibilidad respecto de las víctimas de violencia de género. Hay una práctica judicial y de seguridad de partir del descreimiento de lo que dicen, no se las toma en serio. Y ni hablar si están atravesadas por otras vulnerabilidades, si tienen menos redes o herramientas para exigir” ayuda “y el sistema, en vez de acompañar, hace todo lo contrario. Hay una falta de valor, hay una matriz patriarcal muy arraigada también en el sistema de justicia”, explicó Mariela Lobozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, a El Destape.

Sobre esto, Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por razones de Género del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, analizó que “hay una falta de escucha atenta, que implica tener empatía. Por eso, cuando se habla de perspectiva de género no es algo abstracto”. Y tiene que estar presente en todo el proceso, desde la toma de la denuncia hasta en el seguimiento judicial. Esa perspectiva, junto al análisis de indicadores de riesgo para cada caso particular permite tomar medidas más efectivas en cada una de las situaciones.

En cambio, la falta de escucha, de análisis de la situación en un marco más general, puede llevar a desoír lo que las víctimas tienen para decir, a mandarlas de vuelta a la casa y dejarlas bajo riesgo. No es lo mismo, ejemplificó Kelly, hablar de amenazas en un contexto de violencia que en un accidente de tránsito “y eso tiene que ser evaluado” a la hora de determinar el peligro.

Sin embargo, en ocasiones se genera una suerte de “expulsión del sistema”, reclamos que terminan en un “arréglese con su marido”, sin una solución real. Esto tiene “que ver con falta de perspectiva de género, del valor de la palabra, del registro del peligro y lo que es el fenómeno de violencia” porque “no es un conflicto entre pares, es totalmente asimétrico. Para eso hay que conocer cómo funciona y formar al personal policial” porque, si no, “o los tratan como iguales (a los agresores) o empatizan con los varones, como si fuera una protección de género”, explicó Lobozzetta.

En ese contexto, ocurre que muchas denuncias son desestimadas o archivadas “por motivos infinitos”, dijo Kelly a El Destape y enfatizó el programa de Acceso a la Justicia que funciona dentro del Ministerio, “no sólo para hacer la denuncia sino de Acceso al Fortalecimiento de la Justicia para generar herramientas” entendiendo “que el acceso al resto de los derechos también es importante” porque, a veces, la denuncia puede no ser la herramienta que necesita la persona en situación de violencia “y por eso hay que trabajar en la prevención y la asistencia integral para que pueda elegir un proyecto de vida, con la Justicia y herramientas de protección” acordes.

Ahora bien, qué pasa en los casos en que se adoptan medidas concretas para brindar protección. En esos casos es necesario generar dispositivos de vigilancia. Alguien tiene que hacer un control de las perimetrales para garantizar su cumplimiento. “Es necesario que las investigaciones y procesos, cuando hay medidas, tengan un seguimiento. No se trata de otorgar un botón de pánico o una perimetral y actuar ante los incumplimientos. El seguimiento tiene que estar sobre la protección y la persona agresora” para evitar una doble victimización de la víctima.

Sobre este punto, en noviembre del año pasado la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal elaboró un informe en el que, entre otros puntos, se planteó que “el alto índice de incumplimientos de las medidas da cuenta de la importancia de optimizar el mecanismo de control, lo que debería ir acompañado de una mayor articulación entre los organismos del sistema de administración de justicia y las instituciones donde se llevan a cabo las medidas dispuestas. De esta forma, se podría medir el impacto que producen en los imputados y a partir de allí, evaluar la mejor forma de intervenir para lograr mayor eficacia en la resolución de los casos a través de medidas alternativas al proceso penal”.

A veces, la falta de acción o de respuestas están vinculadas a un cambio cultural que es de largo plazo, a la falta de sensibilidad, en ocasiones a la falta de recursos o unidades especializadas que se crearon “y no tienen recursos y colapsan, no pueden atender todos los casos. Se avanzó mucho, pero falta tanto que hay que seguir trabajando”, dijo Lobozzetta. En este sentido, aseguró que “la principal demanda es la capacitación, cambiar los estereotipos y la discriminación”. Una política a largo plazo. “La obligatoriedad de la Ley Micaela es el ABC” pero después hay que “asignar los recursos, porque si las políticas están desjerarquizadas no se asignan recursos”, agregó.

Para eso, sostuvo Kelly, es necesario un Estado presente que desarrolle políticas públicas, como varias de las impulsadas por el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, y que articule con instancias nacionales, provinciales y municipales “para generar una respuesta acorde”. Porque en los casos de violencia intervienen distintos códigos procesales y de administración de justicia: familia, civil y penal, y cada uno necesita una respuesta y una acción determinada. Sin embargo, la funcionaria destacó que no todos los jueces actúan mal. Algunos, “a partir de que surgió el Programa Acompañar remitieron oficios al ministerio para ver si la persona en situación de violencia podía ingresar”. O sea, si tienen las herramientas, las usan. Claro está, no todos y no en todos los casos, lo cual es un peligro de muerte constante para muchas mujeres.

Esa articulación es clave. Si bien actualmente hay datos oficiales, también hay distintas puertas de acceso para las denuncias y la sistematización es central. No hacerlo impide “tener un mapa acabado para saber la dimensión del problema de la violencia”, algo importante para la asignación de recursos necesarios para solucionarlo, explicó Lobozzetta. Desde el Ministerio de la Mujer trabajan, entre otras cosas, en la articulación de las líneas 145, 144 y 137. Si bien la 911 es sólo para situaciones de urgencia, el objetivo, junto al Ministerio de Seguridad, es la derivación automática. También se destaca el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, junto a Justicia y Seguridad, para abordar la problemática de los femicidios, travesticidios y transfemicidios desde una perspectiva multiagencial e interseccional.