Ni Una Menos: cómo es denunciar violencia de género en pandemia

Los desafíos de un joven Ministerio de Mujeres ante la tareas de desarrollar políticas de cercanía y la respuesta de las redes feministas que acompañan a mujeres que atraviesan una situación de violencia.

03 de junio, 2021 | 00.05

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La pandemia de coronavirus no solo puso sobre la mesa la necesidad de que haya políticas públicas sanitarias, sino que cristalizó la desigualdad económica, educativa y social y expuso en materia de género las dificultades para denunciar una situación de violencia, para pedir ayudar o asistencia, para acceder a la justicia. Desde el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros se desplegaron medidas de asistencia, se reforzó la comunicación virtual y se aceitó el trabajo con provincias, municipios y otras áreas de Gobierno para enfrentar la violencia de género, pero ¿qué pasa cuando vas a una comisaría y no te toman la denuncia? O ¿la abogada de oficio decide no seguir tu caso? O ¿no tenés idea de a dónde llamar?

Pasaron seis años del primer #NiUnaMenos y cada 38 horas asesinan a una mujer en un contexto de violencia de género. En los primeros seis meses del año, ocurrieron 94 femicidios, entre ellos 15 vinculados y 4 trans-travesticidios, según el informe de MuMaLa. La cifra de femicidios no merma, desde el 2015 a esta parte se mantuvo en un número alto y las denuncias de violencia verbal, física y sexual van en aumento, pero no porque ahora ocurren más que antes, sino que ahora se pueden visibilizar, se pueden contar.

A partir de las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno nacional, lo llamados a la línea 144 aumentaron exponencialmente y el Ministerio de Mujeres abordó la tarea de desplegar otros canales de comunicación ya sea por Whatsapp o mail. También, se lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, se articuló el programa Tejiendo Matria, y se creó el Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

“Acompañé a una alumna y a su mamá. No me dejaron entrar a la Comisaría para acompañarlas, en el transcurso de que ellas denunciaban, la pareja de la madre que la había amenazado con una cuchilla fue librado y no le querían dar la copia de la denuncia”, Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Pero no depende solo del Ministerio de Mujeres, sino que la erradicación de la violencia de género debe partir de una política de Estado –que parece contar con la decisión política- pero también de la articulación con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, Salud, Desarrollo Social, entre otros, ya que, cuando una persona que vive una situación de violencia de género concurre a una comisaría de su barrio donde no le quieren tomar la denuncia o el efectivo de seguridad no respeta sus derechos, no hay programa que valga.

Además, a esto se suma la complejidad de cada territorio y la decisión política que tome cada provincia. Por ejemplo, hoy solo tres provincias tienen Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), después las demás jurisdicciones tienen un área de género, pero no tiene el rango ministerial; en los Municipios muy pocos cuentan con una Secretaría de Género, en muchos, solo llega al rango de dirección. Esto habla también de la importancia de que se tome como una política federal erradicar la violencia por razones de género.

En una entrevista con El Destape, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género, Laura Malacalza, explicó que “las dificultades del acceso a la justicia en situaciones de violencia de género se vienen sosteniendo de larga data, la pandemia lo que hizo fue profundizar esas dificultades a pesar de que los espacios vinculados a la Justicia, las dependencias policiales son considerados como servicios esencial y están funcionando” y ahondó que “la mayor dificultad es que la información llegue a las personas que están en una situación de violencia".

En ese punto, la funcionaria indicó que “el Poder Judicial ha establecido menos canales para dar una respuesta permanente” ante consultas de personas que se encuentran viviendo una situación de violencia o para iniciar un proceso judicial. Esto se evidenció en el 2020, pero ahora “se ha superado, entre ensayo y error, se fueron adecuando las jurisdicciones, se han establecido mecanismos de acercamiento, se ha puesto en marcha aplicaciones en algunas provincias, se adecuó la franja de atención de horario para garantizar el servicio. Se avanzó”.

En tanto, Malacalza destacó el refuerzo a la línea 144 - canal de comunicación para que una persona llame y se asesore si sufre violencia de género o conoce a alguien que esté pasando por eso – y la implementación de la vía Whatsapp que se convirtió “en la comunicación más fuerte” porque esto “permite cierta confidencialidad en el marco de una situación de violencia doméstica y permite una comunicación más cercana”.

“Acompañé a una mujer de unos 50 años que vive en uno de los barrios más pobres del GBA. Ella ya pudo salir un poco de una situación de violencia que duró más de 15 años y con un hijo en el medio, pero la abogada de oficio -otorgada por el Estado- decidió abandonarla unos meses y se quedó sin información sobre la situación judicial en curso. En ese contexto, me propuse acercarle las herramientas necesarias para que pudiera resolver cuestiones como la restricción perimetral y la patria potestad. En ese camino me topé con las dificultades de la burocracia estatal y también con la violencia institucional que ella ya me había contado: desde operativos donde se asesora en materia legal que se suspenden y nadie avisa, hasta funcionarixs judiciales que maltratan y deciden no responder”, Micaela, provincia de Buenos Aires.

“Haber impulsado que todos los servicios de asistencia o protección sigan funcionando a partir de las ASPO, fue un paso enorme y de poder garantizar la adecuación de esos servicios en un contexto de pandemia”, aseguró la subsecretaria.

Además, la funcionaria afirmó que hubo un crecimiento de la “cantidad de consultas y llamados de asesoramiento” a la línea 144, pero explicó que esto se debe a que “la situación de violencia es un conflicto social enorme en el país, a partir de la divulgación de la línea y de los canales de comunicación sumado a una menor tolerancia de las mujeres y personas LGBTIQ+ a tolerar las situaciones de violencias, hubo un aumento de las consultas”.

En ese sentido, destacó la necesidad de que una denunciante o una persona que pide asistencia debe estar acompañada. “Nunca las denuncias se deben realizar en forma individual, nunca las instancias de salida de las situaciones de violencia, son individuales”, aseveró Malacalza sobre la importancia del trabajo territorial de las organizaciones al reconocer que “ese trabajo lo ocupan las organizaciones que están acompañando en los barrios” cuando el Estado no llega con la respuesta.

Me cuidan y me salvan mis amigas

Tamara Kallsen es integrante de la Colectiva Feminista Tatagua que lleva adelante un trabajo territorial y en red en zona sur. A diario acompañan a mujeres que viven situaciones de violencia y se enfrentan a las trabas de la Policía y la Justicia. En una comunicación con El Destape, Kallsen relató que “hay una distancia entre el proceso de denuncia en relación a la información que se brinda y lo que sucede en realidad. Por ejemplo, todas las comisarias deberían tomarte la denuncia por violencia de género, pero eso no sucede cuando vas a la comisaria y te dicen que no pueden tomar la denuncia y que vayas a la Comisaría de la Mujer, que a veces solo hay una por distrito y que no queda cerca”.

“Ahora por la pandemia, los protocolos en las comisarías no te permiten ingresar con la denunciante, cuando existe una Ley de Violencia que establece la figura del acompañante. Cuando es así pujamos para poder entrar y acompañar a la persona. Después es súper frívola la forma en la que la policía trata a la denunciante, siempre terminan presionándola, culpabilizándola, revictimizándola, le dan mal la información. La simple función de recibir la denuncia y no emitir juicio de valor, no sucede”, detalló la integrante de Tatagua.

A esto sumó que en las Comisarías de la Mujer, en muchos casos, “ni siquiera te dejan entrar, te hacen declarar frente a todo el mundo que se encuentra en el lugar”. “Para quien tiene que denunciar, es una situación horrible y angustiante”, sentenció. Después, le sigue el proceso judicial que es engorroso y tedioso y “tenés que volver a explicar todo lo que sucedió”.

“Acompañé a una amiga a hacer una denuncia a una Comisaría de la Mujer del conurbano. La experiencia fue muy mala. Tardaban tanto en atender, que algunas mujeres, con hijos chiquitos, se iban del lugar sin poder denunciar. Las denuncias se hacían en una sala contigua a la de espera. Me acuerdo de una denuncia terrible de una chica muy jovencita sobre un abuso sexual intrafamiliar. La escuchamos todos. Cuando le tocó a mi amiga una policía le preguntó en el mostrador de entrada, adelante de todos, qué quería denunciar. Mi amiga se negó a hablar en esas condiciones, así que la llevaron a un patio interno. La agente no tenía ningún tipo de formación de género ni conocimiento sobre leyes vigentes. Finalmente, mi amiga pudo denunciar. Pasaron meses y el Juzgado no la llamó para seguir el caso”, Alejandra, Conurbano sur.

Además, Kallsen advirtió que al principio del aislamiento “no era clara la información sobre cómo estaban funcionando los tribunales y no es información que circule”, lo que dificulta el acceso a la Justicia tanto para una persona que cuenta con una red de contención y mucho peor para alguien que se enfrenta a esto en soledad.

“Necesitás de una red porque si lo hacés sola parece un juego de la Oca que todo el tiempo estás perdiendo y no querés avanzar más. Si voy a ir a las instituciones donde me van a maltratar, me van a cuestionar y siempre va haber un pero... sola va a ser difícil atravesarlo”, sentenció.

En esa línea, la integrante de Tatagua explicó que cuando llega una mujer, primero se le informa sobre las distintas formas de atravesar ese proceso, se le pregunta qué quiere hacer porque la denuncia no es el único camino. Por el contrario, desde las instituciones o mismo desde el Estado local se topan con “lógicas revictimizantes, burocráticas e institucionalziadas que no te dicen cuáles son las diferentes formas de atravesar esto”.

“No todas las compañeras quieren denunciar por todo esto: porque no es un camino amoroso, porque no están preparadas, porque temen tener consecuencias en la vida o porque cuando necesito al patrullero ya que mi vida corre peligro, no viene. Tiene que haber un armado más pensado”, reclamó.

“Acompañé a una piba a denunciar que fue violada y cuando llegó el momento de que se realicen las pericias, no había médico perito y la Policía le pidió a la chica que así como estaba vuelva al día siguiente a la mañana. Fuimos a las tres de la tarde a realizar la denuncia”, Julieta, provincia de Buenos Aires

Cuando falla el primer nivel del Estado

Los Municipios son consideramos como “el primer mostrador” donde acude un vecino o vecina, pero a veces ese mostrador no lo atiende nadie. Para las organizaciones territoriales es dificultoso articular con las áreas de gobierno local y son pocos los casos exitosos que se pudo abordar. “En Lanús, la Comisaría de la Mujer se encuentra cerrada, atiende con las persianas bajas, la única respuesta es ir a otras comisarías, pero no están a disposición y si una persona va y no encuentra apoyo, no vuelve a hacer la denuncia”, advirtió la abogada y militante del espacio Rebelión en el Frente de Lanús para Lanús, Leonela Luciano.

“Con el Municipio no tenemos ningún tipo de respuesta. La Dirección de Género dice que no da abasto. Nos acercamos por casos que nos llegaron y nos encontramos con la respuesta de que por la pandemia están sobrepasados. El área de niñez está cerrada, cuando tuvimos un caso de violación intrafamiliar no hubo respuesta”, expuso la letrada en diálogo con El Destape.

“Lo que tratamos de hacer desde donde estamos es construir redes y pujar hasta donde podamos para que haya una respuesta”.

En la misma línea, la integrante de Tatagua coincidió en que “son muy pocos los casos que se logra articular con las direcciones y secretarias de Género como para poder dar salida a una situación de violencia” y criticó que desde los Gobierno locales “no están pensando en la realidad de mujeres, lesbianas, trans, trasvestis”.

Además, apuntó contra “los protocolos de ingreso en los refugios” a los cuales calificó como “carcelarios”. “Es un espacio carcelario y súper restrictivo porque si vos estas en un riesgo tal, te permiten entrar, pero la mayoría de las veces el factor habitacional se termina de resolver en un 99,9% porque aparece una amiga, una tía, una red primaria, para poder fomentar esto”, planteó.

“El rol del Estado es fundamental, más allá de pintar banquitos rojos, de brindar un monto económico, hay un problema estructural que lo que hacemos es solo dar migajas, esa es la sensación”, arremetió.

Los desafíos para un Estado federal

Frente a los números de femicidios, de denuncias y de casos de violencia de género, parece que nada alcanza, pero el trabajo es de hormiga, es transversal a los tres niveles del Estado, es cultural, es todo. Desde el Ministerio de Mujeres instaron a “fortalecer las áreas locales” al reconocer las limitaciones que existen, pero planteando, a su vez, que el Municipio es el primer nivel que está “más cerca del territorio”.

Para ello, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género indicó que se lleva adelante dos programas que es el Articular y Producir. No obstante, remarcó: “Sabemos que necesitamos tener equipos profesionales, recursos que estén más cerca de las personas, una política de cercanía y no estar esperando que las personas vengan al Estado, sino que el Estado vaya a las personas”.

“Uno de los objetivos es fortalecer las áreas de género y el trabajo que realizan las organizaciones porque nunca la salida es individual, siempre es colectiva. Ese es nuestro horizonte”, aseveró.

Además, apuntó que “otro gran desafío es articular con cada jurisdicción provincial y en las provincias con cada uno de sus municipios, ir cuerpo a cuerpo para llevar adelante una política de cercanía” y reiteró que “es un gran desafío seguir generando políticas de cercanía, dar respuestas más cercanas, poner en marcha programas territoriales, de equipos interdisciplinarios, poner en marcha un proceso de articulación muy fuerte en materia de desarrollo territorial y hábitat para personas en situación de violencia, el uso de la tierra”.

“Para llevar adelante la lucha contra las violencias, es necesario muchos años más de Ministerio de Mujeres, en las provincias y en las áreas locales”, recalcó.