El fallo que ordenó detener la venta de los terrenos de Costanera Norte para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de lujo es un nuevo obstáculo para uno de los anhelos más antiguos de la sociedad que conforman desde hace dos décadas Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta: convertir todo el frente ribereño de la Ciudad en una zona de torres de lujo y emprendimientos ABC1 que quedarían, en su mayor parte, en manos de firmas cuyos lazos con la cúpula del PRO son, por lo menos, poco transparentes. Después de fracasar en el intento de gentrificación de la ex ciudad deportiva de Boca, de la terminal Sur del Puerto de Buenos Aires y de las Villas 31 y 31 bis, el predio que ocupan Costa Salguero y Punta Carrasco ofrece una nueva oportunidad de negocios y la cuña para discutir en el futuro la urbanización del premio mayor: el Aeroparque Metropolitano.
En los últimos años en la ciudad de Buenos Aires se enajenaron más de 230 hectáreas que dejaron el dominio público para engrosar la lista de emprendimientos privados. 150 hectáreas eran tierras que pertenecían al Estado porteño; otras 80 eran propiedad del fisco nacional y fueron transferidas durante los cuatro años de gobierno de Macri. Estos números surgen de un informe presentado por el legislador porteño del Frente de Todos Matías Barroetaveña. Otras estimaciones, como la del Observatorio de Derecho de la Ciudad, hablan de más de 400 hectáreas, el equivalente a todos los espacios verdes públicos con los que actualmente cuenta el distrito (que, por otra parte, tiene la mitad de espacios verdes que lo recomendado). Los números pueden resultar poco claros, así que vale una comparación: el barrio de San Telmo, por completo, ocupa 120 hectáreas; La Paternal, 220; Almagro 410.
La mayoría que tiene el oficialismo porteño en la Legislatura desde 2009 (año en el que comenzaron las cesiones de terrenos) y la influencia de Macri y Rodríguez Larreta sobre el Poder Judicial de la Ciudad hicieron permitieron que esas transferencias se efectivizaran a pesar de la resistencia de los vecinos de zonas que perdieron sus espacios verdes y vieron cómo empeoraba la calidad de vida por la instalación de emprendimientos inmobiliarios que no respetan las características de cada barrio, gracias a excepciones a las regulaciones urbanísticas que muchas veces se canjean desvergonzadamente por dinero, una costumbre heredada del viejo y nunca bienquerido Consejo Deliberante. Sin embargo, la avanzada del macrismo sobre terrenos públicos tiene una excepción, que a su vez es su principal anhelo: la ribera del Plata.
Los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte que quiere vender Rodríguez Larreta agregaría otras 17 hectáreas de dominio público a la cuenta de los desarrolladores inmobiliarios, con el agravante de que, por tratarse de terrenos linderos al río, están protegidos por la constitución. Es un capítulo más de un viejo anhelo del ala inmobiliaria del macrismo: expandir la experiencia de Puerto Madero para cambiar la cara del frente costero de la Ciudad. La idea de modificar el perfil porteño, que históricamente le dio la espalda al Río de la Plata, es atractiva. Convertir toda la línea ribereña en barrios de lujo para que vivan y hagan sus negocios unos pocos resulta, en cambio, difícil de defender en una ciudad que tiene la misma población que en 1950 pero el déficit habitacional en alza, al igual que la cantidad de personas que viven en villas o barrios de emergencia.
El sueño PRO de conquistar la ribera
El avance sobre Costanera Norte llega después de que fracasaran otros tres intentos de expandir el skyline de rascacielos de lujo que hoy se recorta en el horizonte entre el puerto y la reserva sureña. En primer lugar, el PRO hizo varios intentos para edificar la zona que pertenecía a la ciudad deportiva de Boca Juniors en Costanera Sur, un predio de 70 hectáreas transferido en 1997 al grupo IRSA a cambio de 500 millones de dólares. El objetivo de “completar el desarrollo urbano de Puerto Madero”, tal como todavía se anuncia en la página web del conglomerado, se intentó varias veces, con anuncios casi calcados en 2007, 2009, 2011, 2016 y 2019, aunque nunca se pudieron sortear los obstáculos legales para concretarlo. El proyecto sigue en pie aunque los dueños de la tierra y las autoridades porteñas dirigieron sus ojos a otras iniciativas.
Frente a ese predio se encuentra la zona llamada Puerto Sur, más de 110 hectáreas donde operan depósitos fiscales, almacenes de mercadería para importación y exportación, talleres navales, entre otros emprendimientos. El año pasado, después de las PASO, cuando era claro que Cambiemos debería dejar del gobierno nacional, Macri quiso acelerar, a través de un DNU, el traspaso de esos terrenos, bajo la órbita de Nación, a la ciudad de Buenos Aires. El objetivo: relocalizar las actividades portuarias para convertir ese sector en otro barrio de lujo. La empresa interesada en el negocio era PSA, que maneja el puerto de Singapur, de probados vínculos con el mejor amigo del expresidente, el autoexiliado en Miami Nicky Caputo. Esta vez fue la presión de sindicatos la que obligó dos veces a postergar la licitación. En marzo de este año, el gobierno de Alberto Fernández dio de baja la movida.
Otra zona cotizada sobre la que pende la sombra de los negocios inmobiliarios PRO es la villa 31 y su continuación, la 31 bis, donde viven más de 35 mil personas en terrenos que van desde la estación de Retiro hasta la Facultad de Derecho. Mientras se trabaja en las políticas llamadas de “urbanización” de la zona, el gobierno porteño no oculta su intención de reasentar a los pobladores para continuar en ese territorio la construcción de barrios de lujo y torres de oficinas. La pandemia puso en evidencia que ese proceso fue principalmente estético y que los problemas de fondo, principalmente por falta de acceso a servicios públicos, desde agua potable hasta seguridad, no han sido abordados por la administración de Macri y Rodríguez Larreta, continuadores fieles de la obra del último intendente porteño, Jorge Domínguez, apodado “topadora” por sus intentos de desalojar el barrio.
El fallo judicial que frenó la venta de los terrenos de Costa Salguero no es una victoria definitiva. A pesar de que el texto de la constitución porteña, el código urbanístico aprobado recientemente por iniciativa del propio gobierno PRO y el Plan Urbano Ambiental establecen claramente la obligatoriedad de que los terrenos linderos al río sean de uso público, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sólo demora el trámite. El desafío ahora es para la oposición, que muchas veces a lo largo de los años participó o dejó que sucediera el traspaso de tierras públicas al acervo privado. Mención aparte, para culminar este escenario, merece el precio que tendrán las viviendas en estos emprendimientos, si se llevan a cabo, un cincuenta por ciento por encima de los de Puerto Madero. Al tipo de cambio legal, más de un millón de pesos el metro cuadrado.
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