Luego de las movilizaciones realizadas en mayo, el fiscal René Casals avanzó en la causa penal relacionada con la protesta policial en Misiones y se espera que las primeras imputaciones se realicen esta semana, tras el regreso del juez Ricardo Balor de su licencia. La Fiscalía de Instrucción 6, a cargo de Casals, incorporó al expediente de investigación todos los testimonios y denuncias en torno a la protesta de la Policía. Además, se solicitaron informes a la Jefatura de Policía para cerrar el panorama de lo ocurrido y determinar los posibles responsables penales.
Según publicó Infobae, Casals tuvo que postergar la elevación de las imputaciones debido a la licencia tomada por el juez de Instrucción que interviene en la causa, Ricardo Balor. Por esta razón, se espera que los planteos lleguen al Juzgado esta semana.
Entre los hechos "delictivos" que puede incluir la Fiscalía, el más importante es el de la sedición. Este delito tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión y se encuentra descrito en el artículo 229 del Código Penal.
En el caso puntual de la protesta policial, el foco de la investigación apunta a la sanción para quienes se alzaron en armas para obtener alguna medida o concesión de las autoridades provinciales, en este caso, un aumento de salario. Se destaca que en Misiones, el agente no pierde el estado policial en ningún momento, lo que implica estar armado, lo que lleva a la suposición de que portan sus armas las 24 horas los siete días de la semana.
Qué pasó en mayo
Los reclamos salariales en Misiones paralizaron la provincia durante dos semanas en mayo. Mientras los gremios docentes hicieron paros, cortaron calles y rutas, también hubo protestas por en el sector de salud, toma de dependencias oficiales y, por último, se sumaron efectivos de la policía provincial que ocuparon el Comando Radioeléctrico I, ubicado en el centro de Posadas, la capital.
El levantamiento de los policías misioneros comenzó el viernes 17 de mayo a la madrugada, después de un par de jornadas con acciones pacíficas que incluyeron el encadenamiento de retirados frente a la Jefatura.
Durante esa jornada, un gran número de patrulleros fue sacado de servicio y llevado al Comando. Así comenzó un acampe que duró varios días. En la Justicia llegaron a evaluar que, en el pico de la protesta, hubo 50 patrulleros fuera de servicio en la capital misionera.
La revuelta policial impulsó la protesta de otros sectores, como docentes y personal de salud. Hubo manifestaciones frente a la Legislatura, que fue reprimida, en la casa del gobernador Hugo Passalacqua y frente al domicilio de Carlos Rovira.
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