El aparato represivo crece a pasos de gigante, a salvo de la motosierra, explorando territorio que no había sido transitado en democracia. Dos semanas después de la creación de la vieja/nueva SIDE, con un presupuesto inédito de más de 100 mil millones de pesos, se publicó este lunes en el Boletín Oficial la creación de una unidad de ciberpatrullaje, con facultades amplias, que depende del ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Simultáneamente el oficialismo intentará avanzar hoy en el Congreso con su proyecto de Ley Antimafias, que debajo de ese nombre esconde nuevas y potentes herramientas para la persecución de opositores políticos, una práctica en la que este gobierno ya ha incurrido. El resultado de la combinación es una distopía policíaca a la vuelta de la esquina.
De acuerdo al decreto que establece la existencia de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIASS), el área que conduce Bullrich podrá “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet (...) en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad”, “analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas”, “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos” y “patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias”. Muchas de esas asignaciones son de dudosa constitucionalidad.
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Llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta tantos y tan ambiciosos objetivos, que en sus considerandos el decreto asegure que la creación de la UIASS “no implica erogación presupuestaria alguna”. Las herramientas con tecnología de avanzada que utilizan inteligencia artificial para esa clase de tareas son costosas y en algunos casos se debe pagar con cada uso. Resulta pertinente preguntarse si los recursos para solventar el software, el hardware y el capital humano necesario para hacer esa clase de trabajos no saldrán de los nuevos fondos reservados que se le asignaron a la SIDE. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, si la SIDE planea utilizar esas herramientas para hacer inteligencia interna.
Hoy, en la primera jornada de actividad parlamentaria tras el receso invernal, el oficialismo impulsará en un plenario de comisiones la llamada ley antimafias, otra iniciativa de Bullrich. Se trata de un mecanismo más, complementario, de la misma maquinaria represiva. Con la excusa del combate al narcotráfico, se empodera al propio ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal con una serie de herramientas que pueden volcarse fácilmente a la persecución política. En primer lugar se crea la figura de “investigación especial” que permitirá a las autoridades detener a una persona por 48 horas, allanar domicilios e interceptar comunicaciones sin la autorización de un juez. Además, se podrá perseguir penalmente a todos los miembros de una organización por un delito imputado a uno solo de ellos.
No es la primera vez que la lucha contra el narco se utiliza como excusa para la persecución y represión con fines políticos. La idea de guerra contra las drogas surgió en Estados Unidos, durante la presidencia de Richard Nixon, como proxy para perseguir a los negros, que reclamaban por sus derechos sociales y políticos, y de los hippies que encabezaban la resistencia a la guerra en Vietnam. En este caso, volcado al control de la protesta social, la combinación de las dos herramientas de Bullrich podría utilizarse, por ejemplo, para perfilar en la previa quiénes asistirán a una protesta; utilizar drones y metadata de apps para localizarlos; detenerlos; extender la investigación a personas con las que haya interactuado y detener, allanar e intervenir sus comunicaciones sin orden judicial.
No se puede soslayar el antecedente de lo que sucedió durante las protestas contra el tratamiento de la ley de bases en el Senado. Treinta y seis personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo, que es una de las condiciones que gatillan la aplicación de la ley antimafias. Todavía hay dos personas detenidas y el resto estuvieron varios días presas en condiciones inaceptables. Muchos de ellos fueron golpeados o torturados por miembros del Servicio Penitenciario Federal que los interrogaron respecto a sus contactos y su filiación política. El SPF depende de Bullrich. Nunca pudieron presentar pruebas sobre su participación en actos violentos. Las personas que prendieron fuego un auto, en cambio, todavía no fueron identificadas y mucho menos detenidas.
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