El Gobierno nacional anunció la implementación de una polémica reforma en el ámbito judicial: el sistema acusatorio comenzará a funcionar en los tribunales de Comodoro Py desde el 11 de agosto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó en la conferencia de prensa de este jueves que en las 12 provincias en donde funciona ya “los tiempos de la Justicia se redujeron significativamente, con una duración promedio de los casos de cincuenta días”. Las críticas, en tanto, se centran en inconsistencias constitucionales para combatir al crimen organizado.
“En el caso de Rosario, se lograron condenas en apenas 30 días, y en Viedma, por ejemplo, se obtuvo una sentencia en 48 horas”, marcó Adorni tras anunciar que la medida será puesta en marcha por específica instrucción del presidente, Javier Milei. A continuación, apuntó que esa celeridad “ocurre gracias a que el nuevo sistema les da más injerencia a los fiscales, que al tener el cien por ciento de la investigación a su cargo pueden cerrar rápido los casos más sencillos y así asegurarse de que sólo lleguen a juicio oral aquellos que son más complejos e involucran al crimen organizado”.
A continuación, detalló que para ello se refaccionaron 23 salas de audiencia, capacitaron a más de 1.000 agentes y se obtuvieron licencia UFED, un software que sirve para facilitar la extracción de datos de celulares y otros dispositivos móviles dentro de las investigaciones judiciales. “Un país próspero es aquel donde no solo su economía funciona bien, sino también sus Fuerzas de Seguridad y su Justicia. En esta nueva Argentina, la época de los juicios eternos está llegando a su fin”.
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Más tarde, llegó la celebración del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en sus redes sociales celebró que la Argentina haya exportado el sistema estadounidense “que todos conocemos en las películas”. Tras resaltar el punto sobre la rapidez en los juicios puntualizó:
• El fiscal investiga y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente.
• El imputado, con su abogado, se defiende de las acusaciones formuladas por la fiscalía.
• El juez es el árbitro, se encarga de que se cumplan las garantías del proceso y resuelve.
“Todo es oral y con plazos estrictos, para que las causas tengan sentencias rápidas”, cerró el funcionario.
Las críticas
Los cuestionamientos en torno a este sistema son varios y tienen eje en inconsistencias constitucionales que se centran en el excesivo poder de los fiscales federales: los límites a la hora de orientar, predeterminar o seleccionar sus acusaciones son difusos, marcó, por ejemplo, el abogado penalista Roberto Durrieu en una nota que publicó en La Nación cuando se implementó en Santa Fe.
En el caso de los delitos federales, hizo referencia al capítulo del particular damnificado que podrán ejercer el rol de parte querellante de los procesos, cuando en realidad en esas situaciones -lavado de activos, corrupción y narcotráfico- suele negarse esa posibilidad por ser delitos de interés público y no de los particulares. Esa situación, explicó, deja afuera a la “querella autónoma”, lo que aumenta las posibilidades de “cazas de bruja”, sobornos o desviaciones.
Otra cuestión es que se habilitan los acuerdos conciliatorios entre el fiscal, imputado y víctima (si la hubiera) en casos de “delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia contra las personas”, que puede incluir delitos graves como contrabando de droga, lavado de dinero o asociaciones ilícitas expertas en soborno.
Cómo funciona el sistema acusatorio
En la página del Ministerio Público Fiscal explica que este nuevo sistema “asegura una división de roles entre jueces y fiscales” y explica que la investigación de los delitos queda a cargo del fiscal, “a quien corresponde la promoción la acción penal contra los autores y partícipes de un suceso cuya comisión, eventualmente, deberá ser acreditada en un juicio oral y público”.
En tanto, el juez será el encargo de garantizar que durante el procedimiento penal “se respeten las garantías constitucionales de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes”.
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