Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprarle aviones de combate

El gobierno argentino avanzó este martes con la negociación por la compra de aviones de combate F16 a Dinamarca. La firma del acuerdo se hizo tras la reunión que el ministro de Defensa, Luis Petri, tuvo con su par danés, Troels Lund Pousen.

Según se indicó desde la cartera que comanda Petri, el convenio entre países se selló con la firma de una carta de cooperación bilateral que "facilitará sentar las bases para futuros proyectos entre ambos países". 

El gobierno estadounidense, por su parte, envió sus "felicitaciones" y dio su "bienvenida a Argentina a la familia de naciones F-16".

Desde Defensa definieron como "indispensable" la compra de estos aviones para "recuperar la capacidad supersónica de la Fuerza Aérea Argentina" y afirmaron que "desde hace 30 años que Argentina no realiza una compra de estas características". Este hecho marca "la etapa final de un proceso cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del instrumento militar".

Este acuerdo había sido adelantado a través de las vías en las que se expresa la gestión de Milei. Tras la reunión del jefe de Gabinete nacional, Nicolás Posse, con el director de la CIA, William Burns, la semana pasada en Buenos Aires, el Presidente retuiteó a uno de sus trolls favoritos que había publicado que "Argentina cerró la compra de los aviones F-16 a Dinamarca. Después de 9 años de abandono, la Fuerza Aérea Argentina tendrá nuevamente un avión de combate".

Desde el principio de su Gobierno, se rumorea que uno de los principales temas de la agenda bilateral es esta presunta compra de naves usadas que, principalmente buscaba anular la posibilidad de adquirir 34 aviones de combate JF-17 de China, una oferta más barata y de material bélico nuevo que había hecho el presidente Xi Jinping al anterior gobierno de Alberto Fernández. Pese a tener dependencia económica con el gigante asiático, la gestión Milei expresó sus diferencias con el gobierno chino.

Bullrich y Petri anunciaron que las acciones de las FFAA "no van a ser punibles"

Petri y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el jueves que el presidente Javier Milei les pidió que envíen al Congreso distintas propuestas de modificaciones al Código Penal, entre las que se encuentra un cambio radical en la Ley de Seguridad Interior. La intención del Gobierno, según definió Petri, es que a partir de ahora se modifiquen los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas para permitir que puedan actuar en cuestiones de seguridad interna, que les estaba vedada salvo dos circunstancias excepcionales (uno de ellos, el Estado de sitio).

"Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas bajo cumplimiento del deber", subrayó el funcionario en la antesala de un nuevo 24 de marzo sobre la estrategia elegida para combatir el avance del narcotráfico en Rosario, tras la ola de violencia de los últimos días. Asimismo, detalló que, en caso de que se apruebe el proyecto como busca el oficialismo, las fuerzas armadas "van a quedar habilitadas a hacer patrullajes, control de personas, vehículos e instalaciones, al mismo tiempo que podrán detener en flagrancia a quienes cometan delitos.

"Se posibilita la actuación de usar medios coercitivos pero se va a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las fuerzas dondes es imprescindible la proporcionalidad y gradualidad", intentó moderar Petri. Según dijo, fue el mismo presidente el que dio "instrucciones" para llevar adelante esas modificaciones. 

"Es facultad del Congreso organizar a las Fuerzas Armadas pero también del Presidente disponer de las FFAA por sel el comandante en jefe, estamos modificando la ley para permitir que las FFA puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolver la tranquilidad y la paz a los rosarinos", sumó. Serán las provincias las que soliciten su intervención llegado el caso.

En el marco de la conferencia, Bullrich anunció también que se enviará a ambas cámaras el proyecto de ley Antimafias, que se inspira en el Código Penal Antimafia de Italia, la ley RICO de Estados Unidos y las leyes implementadas en El Salvador para el combate de las maras. "El hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte y son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal", explicó la ministra de Seguridad. Se aplicará este nuevo cambio para los delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, explotación sexual infantil y terrorismo. "Ya no va a regir la ley nacional sino esta ley narco", sumó.